BACHELET PIDE EXTENDER MANDATO DE TROPAS EN HAITÍ

En su mensaje de ayer a la Cámara alta, la mandataria subrayó que la tarea que cumplen las tropas -integradas en las fuerzas de paz de Naciones Unidas- es esencial en la coyuntura política que enfrenta el convulsionado país caribeño.

«La presencia chilena continúa cumpliendo una función esencial para la mantenimiento de un entorno seguro y estable que permita la paulatina rehabilitación integral de las instituciones haitianas», puntualiza el texto remitido a las comisiones del Exterior y Defensa.

Tras el derrocamiento del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide en marzo de 2004, Chile fue uno de los primeros países que respondió a un pedido de Estados Unidos de enviar tropas para llenar el vacío de poder creado por la intervención extranjera.

En una segunda etapa, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumió la responsabilidad de enviar un contingente militar, Chile aumentó los efectivos desde poco más de 300 a unos 700 con que cuenta hoy y se integró a los denominados cascos azules.

En marzo pasado, coincidiendo con la visita del presidente electo de Haití, René Preval, a Chile, el gobierno adelantó que se solicitaría extender el plazo para que los militares chilenos continúen en el país caribeño.

La solicitud de la mandataria enfrenta una fuerte resistencia de la derecha opositora, que cuestiona el rol de Chile en el conflicto y los costos del mantenimiento del contingente militar.

Santiago de Chile, 6 de abril 2006
Crónica Digital/PL , 0, 81, 3

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La acción judicial será vista el próximo lunes en la Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la Novena Región, donde Patricia Troncoso, Juan Carlos Huenulao, y los hermanos Jaime y José Marileo Saravia permanecen internados desde el pasado domingo. Los cuatro fueron procesados por una polémica ley antiterrorista -heredada de la dictadura militar- y sancionados a 10 años de prisión y el pago de una indemnización de 820 mil dólares por presuntamente haber dado fuego a predios de una firma forestal extranjera en 2001. Preocupados por el deterioro físico sufrido por los mapuches como consecuencia del largo ayuno, los abogados de gendarmería buscan autorización legal para someterlos a exámenes médicos y proporcionar la asistencia profesional requerida, probablemente fuera del penal. Los cuatro, que se consideran presos políticos, exigen un nuevo juicio en la justicia civil sin la participación de testigos encapuchados, a fin de demostrar su inocencia. Mientras dure ese proceso piden ser trasladados a una carcel con mejores condiciones. La policía reprimió ayer con dureza una manifestación de apoyo en esta capital, y otras protestas realizadas en Temuco en favor de la liberación de los cuatro. Mientras, el diputado democristiano Eduardo Díaz acusó de «racista e incompetente» al intendente de la Araucanía (Novena Región), Eduardo Klein, por el manejo de lo que denominó la «crisis indígena», aludiendo a la situación de los presos políticos mapuches. Díaz acusó a Klein de aplicar una política represiva contra los pueblos originarios y una «conducta racista». Puntualizó que ni siquiera permitió que dirigentes indígenas se acercaran a la alcaldía, «que es de todos los chilenos», a entregar una carta pidiendo la libertad de los presos. El legislador aclaró que el tema «ha sido mal conducido desde un comienzo por quienes criminalizaron las demandas políticas indígenas» y dijo que el intendente de la Novena Región se ha aislado en sus dependencias cerrándoles la puerta al diálogo con los mapuches. «Hemos visto actitudes racistas, y hemos visto, también, cómo la primera autoridad de la región se lava las manos y traslada el conflicto al Ministerio del Interior y a la propia Presidencia de la República, debiéndose haber resuelto a nivel regional», afirmó. El senador socialista Alejandro Navarro presentó ayer un proyecto de ley en la Cámara Alta que propone la excarcelación de los presos mapuches en huelga de hambre, modificando el decreto 321 sobre libertad condicional. El parlamentario recordó que la llamada ley antiterrorista impide que un condenado acceda a ese beneficio, por lo que sólo una modificación legislativa permitiría que los comuneros obtengan la libertad que reclaman. «Lo ideal sería conceder una amnistía para los mapuches. No obstante, un proyecto de ley en tal sentido exige los dos tercios de los votos de ambas Cámaras, lo que complicaría a tal punto la iniciativa, que haría ineficaz la medida», admitió. El legislador indicó que «no se trata de una solución de consuelo, sino la preparación de las vías de fondo para la justa reivindicación mapuche: la inocencia de sus presos por ley antiterrorista». Santiago […]

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