Para muchos resulta poco casual que, inmediatamente después de los decesos, la jefatura del enclave suspendiera las ya limitadas visitas de abogados y periodistas a la cárcel.
Entre los primeros que dudaron sobre la historia contada por el Departamento de Defensa están las autoridades de Arabia Saudita, las cuales se mostraron incrédulas sobre la forma en que murieron el 10 de junio último los reos (dos saudíes y un yemenita).
En un comunicado en Riad, el portavoz del Ministerio del Interior, general de división Mansur al Turki, expresó las sospechas de su gobierno de que los occisos hayan sido previamente torturados.
«El reino se esforzará en recuperar los cuerpos sin vida de los dos saudíes, Yassir al Sahrani y Manea al Oteibi, para darles sepultura», agregó.
Según la jefatura de la base militar, los tres prisioneros se ahorcaron en sus celdas, con el empleo de sábanas y otros medios rudimentarios.
La primera de las víctimas, que se encontraban en huelga de hambre por el encierro por tiempo indefinido y las condiciones de vida en la cárcel, fue encontrada luego de que un guardia diera un alerta tras constatar que «algo fuera de lo común» sucedía.
El contralmirante Harry Harris, jefe de la Fuerza de Tareas Conjunta a cargo de la cárcel, llamó a los suicidios actos de guerra.
Inconformes con la versión preliminar del ejército estadounidense, abogados y organizaciones humanitarias reclamaron una investigación independiente sobre lo sucedido en el enclave.
Una pesquisa no gubernamental es una cuestión de urgencia absoluta, afirmaron letrados y grupos defensores de los derechos humanos.
Las organizaciones consideraron insuficiente la investigación anunciada por el Buró de Investigaciones Criminales de la Marina, ya que es muy posible que no saque a la luz toda la verdad sobre la muerte de los reos.
David Remes, abogado defensor de 17 presos yemenitas que permanecen en Guantánamo, se manifestó escéptico sobre la versión de los hechos difundida por el Pentágono.
No existe forma de verificar lo que alega el Ejército, porque su posición de costumbre es decir «confíe en nosotros», expresó Remes,
«Estas trágicas, tristes e innecesarias muertes son el último resultado de las políticas de este gobierno, que insiste en negar justicia y debido proceso a estos hombres», afirmó William Goodman, director legal del Centro de Derechos Constitucionales.
Expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja anunciaron que visitarían el campo de detención en los próximos días, y reiteraron su preocupación por la incertidumbre de los prisioneros sobre su destino e inadecuado estatus legal, lo cual tiende a afectar su estado psíquico.
«Hemos venido diciendo desde hace mucho que esto agrega angustia mental», dijo el portavoz del Comité, Vincent Lusser, en Ginebra.
Tras la muerte de los detenidos, se hicieron sentir con más fuerza las voces que en el orbe exigen el cierre de la prisión de Guantánamo, enclavada en territorio cubano en contra de la voluntad de las autoridades y el pueblo de la isla.
El Parlamento Europeo (PE) ratificó su petición a Estados Unidos para que cierre la cárcel, en la cual desde fines de 2001 permanecen recluidas casi 500 personas, al margen de toda asistencia legal.
Reclamó que la Unión Europea realice el pedido cara a cara el presidente estadounidense, George W. Bush, en la cumbre que sostendrán ambas partes el 21 de junio.
El foro se pronunció a favor del cese de las torturas y manifestó preocupación por «el suicidio» de los tres presos.
La Eurocámara demandó que los prisioneros reciban un trato conforme al derecho humanitario e internacional, y que sean juzgados por un tribunal competente.
Exigió poner fin a las prácticas de humillación sexual a los detenidos, encadenamientos en posición fetal y el llamado submarino, consistente en sumergir al reo hasta casi ahogarlo.
El miércoles último, expertos de derechos humanos de Naciones Unidas se sumaron al pedido de los eurodiputados y reclamaron el inmediato cierre del centro de reclusión.
La declaración fue rubricada por los relatores Leila Zerrougui, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, y Leandro Despouy, a cargo de Independencia de Jueces y Abogados.
También lleva la firma de Manfred Mowak, relator de torturas y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Asma Jahangir, de Derecho de Libertad de Religión o Creencia, y Paul Hunt, de Derechos al disfrute del más alto estándar de salud física y mental.
En febrero, ante la imposibilidad de visitar el centro de detención de Guantánamo, los expertos presentaron un informe que señaló la naturaleza arbitraria de las detenciones, la violación de garantías judiciales y otras sobre el derecho a un juicio justo.
También denunciaron la falta de acceso de los prisioneros a tribunales competentes e independientes, la naturaleza inhumana y degradante de las condiciones de detención, en muchas ocasiones incluso torturas, y el impacto dañino sobre sus condiciones de salud y vida.
Las voces de religiosos estadounidenses y otras personalidades también se hicieron sentir tras las muertes de los tres reos, para exigir el cese inmediato de los actos de torturas contra prisioneros.
Un comunicado, que entre otras firmas lleva la del cardenal Theodore McCarrick y la del ex presidente James Carter, precisa la necesidad de prohibir esas formas de represión «ahora y sin excepciones», como un asunto moral.
«En la crisis por los abusos y las torturas está en juego nada menos que el alma de nuestra nación», señala el documento, que circula en Estados Unidos, cuando muchos ponen en duda la tesis de los suicidios divulgada por el Pentágono.
*El autor es Jefe de la Redacción de América del Norte de Prensa Latina.
Santiago de Chile, 17 de junio 2006
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