La fuente, la cual no fue identificada y que pidió reserva por las posibles represalias, señaló que de los casi doscientos cargos docentes concursados tanto de directivos, técnicos y de aula- aún no se concreta el acto legal del nombramiento, por lo que en numerosas escuelas y liceos el año escolar ha comenzado con falencias de personal académico.
En este sentido, las repercusiones de lo que acontece con la educación municipal capitalina no tienen sólo un carácter administrativo, sino que afectan a los miles de estudiantes matriculados en estos establecimientos, ya que mientras la Contraloría no resuelva este conflicto no será posible contratar reemplazos ni suplentes.
A todo ello se suma la dificultad de los maestros contratados para las vacantes no concursadas, puesto que la tramitación a que se ven obligados demora su labor docente en más de un mes. Incluso a quienes debe renovárseles el contrato, se les exige el cumplimiento de la presentación de los mismos antecedentes del año anterior, lo que deja todo el mes de marzo sin clases a cursos completos.
La solución, para superar el fraude de los diecinueve establecimientos, estaría en revisar lo hecho por la comisión de concursos con otras personas idóneas y sin nexo alguno con quienes serían los responsables del dolo, por cuanto se sabe de postulantes que ganaron el concurso a pesar de serias deficiencias en su gestión anterior e, incluso, con graves denuncias formuladas ante la Contraloría General de la República y que fueron calladas u ocultadas por los mismos funcionarios de la Dirección de Educación, como acontece con un directivo que estando sumariado, le fue otorgada la continuidad en el cargo.
Santiago de Chile, 12 de marzo 2007
Crónica Digital , 0, 25, 21
Lun Mar 12 , 2007
Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo, a consideración del Congreso, hace más de dos años, luego de una muy amplia consulta a las organizaciones sociales y no gubernamentales, fue objeto de un enriquecedor debate en la Comisión de Gobierno Interior y después, en la de Hacienda-, donde diputados y diputadas de las diferentes bancadas, se comprometieron con respaldar activamente esta propuesta. Por primera vez, en mucho tiempo, se ha construido un amplio consenso respecto de la necesidad de fortalecer la sociedad civil como garantía de una democracia sustentable. Se entiende, por fin, que un país debe crecer no sólo económicamente, sino también socialmente, y que ello implica necesariamente invertir en nuestro capital social. Las investigaciones académicas sobre la materia coinciden en señalar el importante número de organizaciones ciudadanas que hay en Chile y, a la vez, la precariedad de su desarrollo institucional. Surge entonces, como un requerimiento de nuestra modernidad, contar con políticas de apoyo a este sector tan decisivo para la cohesión social. En este plano es ineludible destacar el rol que el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y del Consejo Mixto que lo dirige, ha tenido en contribuir al conjunto de acciones que se llevan a cabo en el país, por las organizaciones de interés público, a favor de los derechos económicos, sociales y culturales. También, este proyecto introduce una reforma sustantiva en la gestión de las instituciones del gobierno nacional, regional y local, al incluir, en la ley de bases generales de administración del Estado, un nuevo título sobre la participación ciudadana en la gestión pública que, entre otros instrumentos, impulsa la formación de Consejos de Sociedad Civil, la Consulta Ciudadana para el diseño y ejecución de las políticas sociales, y las Cuentas Públicas, de calidad participativa, por parte de las autoridades. El proyecto de ley, aprobado en general por la Cámara, vuelve ahora a Comisiones para acoger las observaciones planteadas en Sala. Esperamos que este paso interno se cumpla con rapidez, para que esta propuesta de ley vaya al Senado prontamente. Pero hay motivos para estar optimistas. Más allá de las necesarias modificaciones que el proyecto de ley tenga en su trámite siguiente, parece que existe una alentadora coincidencia política acerca de que la democracia representativa se complementa y profundiza con la participación ciudadana. Por Francisco Estevez Director División de Organizaciones Sociales del gobierno de Chile. Santiago de Chile, 12 de marzo 2007 Crónica Digital , 0, 70, 3
