Obligados por los elevados índices de pobreza en que sobreviven, suman alrededor de 20 millones los menores de 17 años que trabajan en esta área, de los 250 millones insertados en el mercado laboral en el mundo.
La mayoría de esas niñas y niños, por lo general alejados de manera definitiva de los estudios, realizan tareas riesgosas para su salud y deben cumplir jornadas de hasta 12 horas de faenas.
Peores condiciones laborales padecen, según investigaciones de organizaciones humanitarias, los infantes jornaleros en México; los mineros en Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los empleados en las plantaciones bananeras en Ecuador.
También se inscriben entre los más explotados del continente las niñas y niños que «sudan» en los extensos cenagales de Nicaragua, Honduras y otros países centroamericanos.
Aunque la ley guatemalteca prohíbe el empleo de menores de 14 años, más del 24 por ciento de los comprendidos entre 10 y 14 años son explotados en diversas tareas.
Este índice, el segundo más elevado de Latinoamérica después del de Ecuador, abarca sobre todo a los denominados «Niños de la pólvora», encargados de preparar explosivos de colores para iluminar las fiestas populares.
Registros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan además que en Perú, 50 mil menores están ligados a las actividades relacionadas con la extracción del oro y manipulan mercurio a diario sin protección alguna.
Como resultado de esto, algunos mueren aplastados por derrumbes en las minas, asfixiados o desgastados por la silicosis, enfermedad que corroe sus pulmones por la constante exposición al sílice.
Situación similar se reporta en Bolivia, donde a 120 mil niñas y niños se les utiliza en la manipulación de dinamita, la separación del estaño a través de productos químicos de alta toxicidad y otras labores en el interior de los canteras.
La generalidad de estos oscilan entre siete y 17 años de edad y provienen de familias indígenas, en especial quechuas y aymaras, marginados de manera tradicional en esa sociedad.
Más de dos millones de infantes trabajadores en América Latina son empleados domésticos, el 90 por ciento de ellos niñas, casi siempre entregadas por sus familias a cambio de que se les suministre escolaridad, alimentación y hasta afecto.
Contrario a lo convenido, muchas veces esos menores terminan siendo víctimas de maltratos psíquicos, castigos corporales y humillaciones de todo tipo y suelen perder todo contacto con sus parientes.
Las fuentes aseguran que los infantes encargados de tareas hogareñas en Honduras, país centroamericano con tasa elevada de pobreza, suman cerca de 21 mil, mientras que en Colombia y Perú, estos ascienden a 64 mil y 110 mil, respectivamente.
Pero quizás el modo más aberrante de trabajo infantil es el relacionado con la explotación sexual, en el que sucumben más de dos millones de niñas y niños de entre cinco y 17 años en esta parte del mundo, según la OIT.
Estas estadísticas apenas rozan la verdad de un flagelo que ronda aparejado de la esclavitud, el tráfico de menores, la pornografía infantil, la servidumbre por deudas, la venta ilegal de drogas y hasta el reclutamiento forzoso en conflictos armados.
Pequeñas y pequeños disfrazados de adultos pululan por las zonas turísticas y de playas en Costa Rica, República Dominicana, Perú y otras naciones latinoamericanas.
Los lugares donde venden sus cuerpos se multiplican: más allá de las urbes capitalinas o industriales, cientos de infantes se arriesgan a vender su patrimonio corporal en campamentos mineros o plantaciones bananeras.
Las principales víctimas del tráfico de menores destinados al comercio sexual son niñas oriundas de zonas rurales, que terminan perdiendo sus sueños en prostíbulos, casas de cita y centros nocturnos de Nicaragua, México y otros países.
En esta historia de horror, los pedófilos llevan un gran peso: más del tres por ciento de estos protagonizan cerca del 20 por ciento de los viajes que se realizan con fines sexuales cada año hacia esta y otras regiones empobrecidas del mundo.
Expertos aseguran que la violencia sexual contra menores alcanza «dimensiones escandalosas» en Latinoamérica e insisten en que Costa Rica sigue siendo uno de los más afectados.
Estadísticas de 2005 pusieron al descubierto que en el otrora paraíso del área central, el 95 por ciento de las niñas embarazadas llegó a ese estado luego de sostener relaciones incestuosas o ser abusadas por algún familiar.
La promiscuidad y el intercambio de fluidos corporales con adultos también traen consecuencias desastrosas a la infancia en esta zona, donde más de 560 mil jóvenes ya contrajeron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA).
Datos aportados por la oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reflejaron que cada hora, en Latinoamérica mueren 15 niñas o niños y cuatro quedan huérfanos por afecciones relacionadas con ese virus.
Aunque resulta difícil determinar la cifra exacta de los infantes abusados, como reconoce esa organización internacional, se estima que cada año cerca de un millón de menores de edad son víctimas de la industria multimillonaria de la explotación sexual.
Pese a pronósticos sobre las posibles ventajas económicas que acarrearía la eliminación del trabajo infantil en este subcontinente, unos 235 mil millones de dólares en apenas 20 años, su aprovechamiento tiende al alza.
Importa poco a transnacionales y empresarios locales contrarrestar este problema, garante de menores costos por concepto de salarios en medio de un mundo signado por la lógica del mercado, coinciden seguidores del tema.
Autoridades gubernamentales también hacen el juego a los intereses individuales, al desatenderse de este sector tan vulnerable y de cuestiones relacionadas con la salud y educación de la población.
En unos ocho países latinoamericanos, por ejemplo, son considerados desproporcionados los niveles de desnutrición infantil crónica antes de los tres años de vida, asegura la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La atención limitada a las estrategias diseñadas en favor de la niñez suele redundar en el incremento del tráfico de menores, castigos corporales, maltratos sexuales, suicidios y de la drogadicción en este grupo poblacional.
Como en otras partes del mundo, más de la mitad de las niñas y niños de esta zona están obligados a lidiar con los efectos de la pobreza, los conflictos armados y la expansión del VIH/SIDA.
Estos factores los alejan de juegos, diversiones u emociones propias de la infancia, en la misma medida en que se recicla el desajustado desarrollo socio-económico y político de estas naciones.
Por: Isabel Soto Mayedo
Santiago de Chile, 11 de Mayo 2006
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