LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EN CASA DE HERRERO ….

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Los grupos económicos, vinculados a los medios de comunicación y a derecha chilena hoy cierran filas a la estrategia norteamericana e intentan transformarse en los “paladines” de una libertad de expresión que no les interesa defender.

El pasado miércoles el Senado chileno aprobó un proyecto de acuerdo con el objeto de solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet que se pronuncie, ante la organización de Estados Americanos (OEA), por el cierre de RCTV.

La iniciativa que fue promovida por los partidos de derecha chilena, reproduce la estrategia del Presidente George W Bush que busca por todos los medios posibles desestabilizar al gobierno venezolano y su creciente influencia en la región.

El argumento central utilizado por los “honorables de derecha” es que la decisión del Presidente Chávez representa una amenaza a la paz mundial. Como si la simple concesión de la señal a favor de RCTV asegurara la libertad de expresión en dicho país caribeño. Por el contrario, la pregunta que los chilenos deben hacerse es ¿Qué tan amplios y objetivos son los medios de comunicación que representan al gran capital en Venezuela con su propia democracia?. Lo claro es que la iniciativa parlamentaria chilena es una respuesta ideológica, concertada como caja de resonancia norteamericana para desestabilizar un gobierno constitucionalmente electo.

Otro elemento que hay que considerar, en este análisis, es que la caducidad de la señal por parte del gobierno de Chávez se ajusta, estrictamente al estado de derecho en Venezuela. No viola ninguna ley ni mucho menos, el gobierno constitucional redactó una normativa específica para RCTV no pudiera emitir, sólo cumplió el plazo de concesión y el dueño de la señal (el Estado) decidió no renovarla.

Por otro lado, no significa que el RCTV haya cerrado. Es más, sus dueños han manifestado que continuaran emitiendo a través de Internet, están trasmitiendo su noticiero por Globovisión y ya ha transcendido que también lo harán por señal de cable privado. Entonces, aquí no existe un problema de libertad de expresión ya que si así fuera el caso no podrían emitir ningún tipo de información.

Por tanto, el verdadero reclamo de los dueños de RCTV no pasa por la defensa de la libertad de expresión sino de cómo hacer frente al posible daño económico que les significará no tener, por otros 20 años, una concesión de señal pública que le ha reportado millonarias ganancias por 53 años. Además, se podría pensar que los dueños del canal de televisión podían perfilar a RCTV como un buen canal de oposición política al proyecto bolivariano y de este modo levantar financiamiento directo de la Casa Blanca.

Este argumento no es para nada disparatado. Chile lo vivió en carne propia durante la Unidad Popular cuando el diario El Mercurio recibía millones de dólares de la CIA con el objeto de desestabilizar el gobierno del Presidente Salvador Allende.

LA MORDAZA CHILENA EN DEMOCRACIA

La derecha, que pretende hoy levantarse como los paladines de la libertad de expresión, fueron co-responsables de la draconiana política informativa instaurada en Chile en Dictadura. Ellos, olvidan que guardaron silencio cuando se cometían crímenes y violaciones a los derechos humanos. Olvidan que censuraban las fotos de las protestas populares. Olvidan que sus principales figuras políticas actuales eran los editores de los medios de comunicación como el diario El Mercurio o Copesa.

El actual marco legal y la política de censura previa continúa aplicándose y es la prueba irrefutable de la violación permanente al derecho de libertad de expresión. En Chile, ningún ciudadano puede decidir respecto de lo que quiere o no consumir como producto informativo, ni mucho menos conocer detalles de situaciones de corrupción en donde están involucrados personajes públicos y políticos. Lo que hoy se comunica es lo que desborda, lo que se hace evidente ante la opinión pública.

En la actualidad muchas de las restricciones instaladas por la Dictadura Militar respecto de la libertad de expresión se mantienen intactas pese a que ya han pasado 17 años de gobiernos democráticos.

Ejemplo de ello, destaca el rol de “censor moral” que se atribuye el Consejo de Calificación Cinematográfica, instancia que evalúa y prohíbe lo que puede o no exhibirse en Chile. La prohibición de la película “La última tentación de Cristo” es la representación gráfica de esta suerte de inquisición criolla.

En el caso de los libros la censura y la violación a la libertad de expresión tiene como víctimas, en democracia, a los periodistas Francisco Martorell (Impunidad Diplomática) y Alejandra Matus (La historia negra de la Justicia Chilena), los que además de no poder publicar sus trabajos de investigación periodística en el país, tuvieron que autoexiliarse para no cumplir penas punitivas.

En cuanto a la censura que aplican la legislación chilena respecto a la programación informativa por cable. Poco se conoce respecto de las estrictas regulaciones sobre las emisiones televisivas en las que aparece sexo y violencia, o, el desconocimiento público respecto de las actuales políticas editoriales de los operadores locales, que cortan habitualmente los programas y las películas de las compañías internacionales de cable.

Por otro lado la desaparición, también en democracia, de muchos medios de comunicación progresistas o alternativos a los conglomerados periodísticos El Mercurio y Copesa, son la muestra del manejo económico que tiene la libertad de expresión. El diario La Época, Fortín Mapocho, Apsi, Cauce, Análisis, Diario Siete, cerraron ante la imposibilidad de tener acceso a mecanismos de publicidad. El Estado en esta materia es responsable de la falta de financiamiento.

La carencia de una política de Estado que promueva la creación de medios de información con financiamiento público es también un atentado a la libertad de expresión. Ella se agudiza por la nula voluntad política para revertir esta situación que compromete la existencia de una prensa libre y de una opinión pública informada. Es el gobierno, el Congreso y sus legisladores los directos responsables de esta realidad en Chile y, por tanto, mal podrían exigir a otro país, como Venezuela, que haga lo que ellos no hacen. Por eso, bien dice el dicho “en casa de herrero cuchillo de palo”.

Roberto Portilla
periodista
Editor General Crónica Digital

Santiago de Chile, 8 de junio 2007
Crónica Digital , 0, 272, 3

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