Luego de leer el documento A nadie puede serle indiferente, debo decir que me ha parecido coincidente con los valores intrínsecos de la LOCE que precisamente buscamos cambiar.
Lamento que el texto no haga referencia, ni una sola vez, al derecho a la educación. Llama la atención también que la máxima autoridad de la Iglesia Católica haga suyos muchos aspectos de esa ley, realice una defensa del lucro y explicite prejuicios sobre las familias chilenas.
Sorprende que entre sus primeras reflexiones el documento reclame que no se haya considerado la libertad de enseñanza como uno de los principios inspiradores del sistema educacional chileno, omitiendo cualquier referencia a la contraparte de esa visión que es el derecho a la educación.
Es decir, se defiende la idea de que se proteja el derecho de emprender actividad económica en el ámbito educacional, pero no se pone el mismo énfasis en asegurar el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad.
Sin embargo, estamos de acuerdo cuando se expresa la voluntad de acoger propuestas constructivas, pues efectivamente es la única forma de avanzar en este proceso, pero disentimos con él cuando reduce la discusión al ámbito parlamentario. El Congreso debe discutir la ley, para eso está, pero por la importancia de esta materia, también debe discutirse en el seno de la sociedad chilena, con los padres y apoderados y con los propios estudiantes.
Respecto de que la regulación debe ser fruto de un gran consenso, y que ello debe expresarse en un alto quórum y no entregado a simples decretos ministeriales, ese argumento pierde validez cuando se omite o se olvida que en el contexto de la actual Constitución y del sistema electoral binominal, la mayoría está distorsionada y los consensos son muchas veces forzados, pues ambas normas son discriminatorias y excluyentes de una visión social amplia, que refleje la posición de todos los ciudadanos.
Estamos de acuerdo, además, en que hay que hacer cambios buscando los consensos democráticos, pero pensar que hacer propuestas de cambio al país resucita el fantasma del quiebre democrático es extremar las comparaciones. No me gusta el país que estamos construyendo, por eso los cambios los queremos hacer con el consenso de la ciudadanía, con la Iglesia Católica y con aquellos sectores laicos y no católicos que también tienen opinión y derechos. Es decir con todos.
Por eso, frente a la crítica sobre una restricción educacional, por una eventual no consideración del desarrollo espiritual-religioso, creemos que el Cardenal Errázuriz debe esforzarse en ver que lo que se busca no es una visión de país en materia espiritual. Por el contrario, lo que queremos es que se desarrolle una visión amplia y diversa de los valores de las familias chilenas, porque creemos que también en la diversidad se amplían esos valores, de los cuales, sin duda la religión católica es parte importante, pero no la única.
Queremos modificar normas que fueron impuestas de manera inconsulta y con un espíritu antidemocrático innegable, cuando se traspasó la educación a los municipios en 1981 y cuando se dictó la LOCE en las últimas horas de gobierno de Pinochet. En marzo de 1989, el poder legislativo eran los cuatro comandantes en jefe. Es decir, llevamos entre 18 y 25 años discutiendo estos temas. Estamos discutiendo temas que nos afectan desde hace décadas y por cuyos fracasos estamos obligados a modificarlas.
Resulta fuerte ver como a lo largo del texto se define la educación como un servicio y nunca como un derecho.
Y aunque compartimos la importancia de que el proyecto de la Ley General de Educación, sea evaluado en relación a otras iniciativas que deben complementarlo, otra cosa es hacer una tesis sobre las normas de financiamiento, que aunque importantes, no lo son más que el derecho a la calidad de la educación.
Por eso también estamos de acuerdo en que la mejor inversión del Estado es en educación, pero también teniendo normas regulatorias claras sobre su uso.
El documento sostiene que el proyecto busca suprimir algunas categorías de sostenedores. Lo que el proyecto busca es que hayan muchos sostenedores, pero dedicados sólo a la educación y no al lucro. Por eso nos llama la atención a defensa del lucro que hace el Cardenal Errázuriz, especialmente cuando sostiene que hay un lucro escandaloso y otro justo.
Ya que si la palabra lucro está desprestigiada como se sostiene, es justamente porque quienes lucran no la prestigian. Por esa misma razón es que hemos estado apoyando a los trabajadores forestales en sus demandas, quienes reclaman mejores condiciones de trabajo, que ciertamente el lucro escandaloso de las empresas forestales puede asumir. Lo anterior, con la mediación valiosa del Arzobispo de Concepción, Monseñor Ricardo Ezatti.
En ese sentido, las palabras del Cardenal son válidas no sólo para la educación, sino para todo el sistema económico.
Por ello cuando sostiene que las inversiones entonces se irán a otras áreas, lo que se nos está señalando es que invertir en educación o en otra cosa es lo mismo, porque se asume sólo como un negocio, que es justamente lo que la Ley General de Educación busca evitar.
Si aceptamos que la educación es un negocio más, estamos frente a la construcción de un país y de valores que muchos no compartimos.
El lucro es válido en colegios donde los privados son los sostenedores, no en aquellos que reciben recursos públicos, donde no lo queremos.
El Cardenal se refiere a la selección y la discriminación como un acto de confusión. Es bueno tener presente que no todos los colegios emblemáticos funcionan bien. Gracias a la selección, también hay colegios emblemáticos con malos resultados.
También nos sorprende al referirse a la prohibición de discriminar o seleccionar por razones religiosas cuando usan, como un ejemplo muy rebuscado, a jóvenes que pertenecieran a una secta satánica, porque en lugar de discriminarlos uno hubiera esperado que la Iglesia Católica tratara de acercarlos y rescatarlos. Entendemos que el pastor debe aspirar siempre a salvar a sus ovejas y traerlas de vuelta al redil.
No es bueno estigmatizar a los jóvenes, ni a los colegios. Es lo mismo que tener prejuicios sobre los sostenedores por denuncias sobre funcionarios o profesores pedófilos.
Sobre el tema de la discriminación positiva por razones económicas creemos que hay que ser rigurosos con las cifras.
En el universo de colegios católicos, el porcentaje de alumnos de sectores vulnerables es muy alto, cercano al 50 por ciento, pero por ejemplo en el contexto de la matrícula total de la educación básica, esta cifra se reduce al 6 por ciento, lo que muestra que los niños de familias pobres son atendidos preferencialmente por el Estado.
Valoramos el aporte de la Iglesia Católica en este ámbito, pero también recordamos que han sido muchos los que estuvieron y están contra la propuesta de que en cada colegio haya al menos un 15 por ciento de alumnos pobres.
Lo que francamente nos sorprende en el documento es el ejemplo sobre las características que se les quiere atribuir a los hijos de padres separados y de padres no separados.
No acepto la tesis de contaminación de los hijos de padres separados sobre los otros, ni que los otros tengan una visión absolutamente clara de la vida.
Conozco muchos católicos que son separados y tienen hijos normales. Es una comparación lamentable e inaceptable pretender que casi la mitad del país -el 49 por ciento de los niños en Chile nacen fuera del matrimonio- no tiene valores y sean personas con familias de segunda clase.
Tampoco nos parece adecuada la insistencia del documento en cuestionar el proyecto desde la amenaza de constitucionalidad, especialmente en lo referido a la discriminación arbitraria, recurriendo al artículo 19 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza.
Es claro que puede haber un sistema particular pagado que haga suyos los principios que propone el Cardenal en sus proyectos educativos, y otro público, gratuito y laico.
Finalmente, en relación a las preguntas finales que hace el Cardenal en su texto, creemos que son justamente esas interrogantes y sus incumplimientos las que justifican el proyecto para cambiar el actual estado de cosas.
Queremos hacerlo de cara a la ciudadanía, con su sabiduría y sentido común, y no sólo tener a la vista preceptos legales de un proyecto educacional que no fue posible discutir y conocer como lo hacemos con esta ley.
Por eso, con todo respeto, nos permitimos disentir de muchas de las afirmaciones de este texto que aunque reconoce que la educación es un tema de Estado, parece olvidar que éste y la Iglesia Católica se separaron hace más de 80 años, y que es deber de todos educar en la diferencia.
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SENADOR
Santiago de Chile, 10 de mayo 2007
Crónica Digital, 0, 66, 21
