La Senadora de Atacama, Isabel Allende presentó una reforma que modifica las reglas constitucionales en relación al manejo del recurso hídrico, que recoge el proyecto presentado por la ex Presidenta Michelle enero de 2010 –y retirado por el actual gobierno- junto con aspectos de otras proyectos de senadores y diputados, diversos tratados internacionales, más algunas nuevas disposiciones propuestas por la parlamentaria.
Allende afirmó que “El Código de Aguas tiene una serie de características que están en el origen de las dificultades para enfrentar los problemas y los desafíos en materia de aguas. En primer lugar, solo se ocupa de la función productiva del agua, minimizando y olvidándose de las funciones ecológicas, sociales y culturales del recurso. De este modo El agua se ha cosificado y se ha entregado su gestión a los privados, minimizando el rol del Estado. Queremos revertir esta situación a través de esta reforma al régimen de aguas”.
En este sentido, Isabel Allende destacó que “en lo central se busca dar rango constitucional la declaración hasta ahora simplemente legal que considera a las aguas bienes nacionales de uso público, incluyendo la frase “cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” Tal como lo planteaba la reforma de la Presidenta Bachelet”, explicó.
La senadora Allende agregó que “En segundo lugar, se busca regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de aguas, asignando sus usos y modalidades según criterios como la diversidad geográfica y climática del país, disponibilidad recursos hídricos, la situación de las cuencas hidrográficas y la seguridad nacional. Junto con ello estableciendo que estos derechos jamás podrán tener el carácter de perpetuos”.
Finalmente, Isabel Allende sostuvo que “ La reforma que proponemos entrega las herramientas necesarias para limitar o restringir el ejercicio de los derechos, o reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar su disponibilidad en función de consumo humano y los derechos sociales sobre el agua”.
Santiago de Chile, 7 de junio 2012
Crónica Digital