CHILE: CON PRESIDENTES DESDE 1826

Chile elegirá el 17 de noviembre al nuevo Presidente de la República, título que estableció el 8 de julio de 1826 el entonces Congreso, y que entregó al militar y político Manuel Blanco Escalada, un chileno nacido en Argentina.

El bonaerense asumió el cargo de manera provisional solo por dos meses, sucedido por Agustín Manuel de Eyzaguirre, quien permaneció hasta 1827 cuando el Congreso eligió a Ramón Freire Serrano, quien había tenido el poder antes de Blanco Escalada,  pero con el cargo de Director Supremo.

Sin embargo, la historia del Chile no comienza con esos nombramientos, sino con el período prehispánico, cuando su territorio era habitado por varias poblaciones amerindias, como los Aymaras, Incas y Mapuche, entre otras.

Los Mapuche, que habitaban zonas entre los ríos Itata y Toltén donde se dedicaban fundamentalmente a la agricultura,  fueron los que con mayor fuerza se enfrentaron a los colonizadores españoles.

Entre los primeros expedicionarios que llegaron del llamado viejo continente se encontraba Fernando de Magallanes, a quien debe su nombre el paso marítimo existente en el extremo sur de América.

La conquista española se prolongó hasta fines del siglo XVI (1598), cuando las tropas españolas estuvieron a punto de ser derrotadas por los Mapuche en la llamada guerra de Arauco.

Pese a la resistencia, comienza el período colonial, que se extiende durante más de 200 años, con el correspondiente establecimiento de instituciones emanadas de la metrópolis.

El proceso real de apoderamiento del territorio chileno estuvo en manos del conquistador Pedro de Valdivia, fundador de Santiago, la capital del país. Su efigie sobre una cabalgadura es en la actualidad uno de los monumentos más emblemáticos de la Plaza de Armas capitalina, el kilómetro cero del país.

Una Junta de Gobierno dio los primeros atisbos de libertad ante la corona española el 18 de septiembre  en 1810, al querer dirigir el territorio a nombre del Rey de España, postura que fue considerada rebelión, dando inicio a la guerra de independencia frente a tropas de la colonia enviadas desde el Virreinato del Perú.

La independencia no se lograría hasta ocho años más tarde en la batalla de los campos de Maipú, acción que puso fin a la separación económica y política de España.

En realidad la rúbrica del Acta de la Independencia se materializó el 2 de febrero de 1818, cuando fue nombrado el libertador Bernardo O´Higgins Director Supremo, dando inicio a la época en que se consolidad un régimen republicano, con cierta estabilidad política y social.

De 1861 a 1891 se considera la etapa de la República Liberal, en que la economía ve la luz gracias a la explotación de los recursos mineros del subsuelo chileno, que en el norte de su estrecha franja atesoraba plata, salitre y cobre, éste último en la actualidad su principal fuente de ingresos.

En 1879 sobrevino la llamada Guerra del Pacífico (o guerra del salitre) con Perú y Bolivia, en que las tropas de esta nación austral vencieron y por consiguiente ocuparon vastos territorios, dando por finalizada la salida boliviana al mar.

La bonanza económica que sobrevino, entre otros factores, acentuó el liberalismo contrario al sistema imperante, lo cual devino en la Revolución de 1891, dando por finalizado el dominio de José Manuel Balmaceda y la instauración del régimen parlamentario, que regiría hasta 1925.

Ese año se promulgó una Constitución que puso fin al parlamentarismo, y un año después el Congreso dio nacimiento al cargo de Presidente de la República, que fuera ocupado por Blanco Escalada.

Se inició así la República Presidencial, que vio pasar indistintamente hasta el golpe de Estado de 1973, a 62 presidentes electos y otros que ocuparon el cargo por corto plazo, algunos civiles y otros militares.

Lo cierto es que tres fueron los partidos que se alternaron el poder: los radicales, la democracia cristiana y los socialistas.

La asonada golpista del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende  puso fin a esta etapa de la historia de Chile, dando inicio a una dictadura militar, encabezada por el general Augusto Pinochet, la cual se extendió hasta 1990.

Gracias a los resultados del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando triufó el No, se puso término al régimen de facto, que fue sucedido por 20 años de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, bloque integrado por los socialistas, la socialdemocracia, los radicales socialdemócratas y el Partido Por la Democracia.

Durante esas dos décadas, se sucedieron los gobiernos de los  democratacristianos Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000), del Partido Por la Democracia, con  Ricardo Lagos (2000-2006) y la socialista Michelle Bachelet (2006-2010).

Tras 20 años de administraciones de partidos de la Concertación, en 2010 llegó al poder la derecha, al ganar los comicios de fines de 2009 el empresario Sebastián Piñera, nominado por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.

La continuidad de la derecha en el poder para el próximo Gobierno parece muy poco probable, pues todas las encuestas presentan como favorita a la expresidenta Bachelet, que en esta ocasión compite por un nuevo bloque denominado Nueva Mayoría.

Esa coalición no solo incluye a los partidos de la Concertación, sino también a los comunistas, la Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social.

Además de la exmandataria, compiten ocho candidatos: la abanderada de la alianza de derecha Evelyn Matthei, el independiente Franco Parisi, el líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami; y Marcel Claude, por el Partido Humanista.

También concursan los aspirantes del Partido Regionalista de los Independientes, Ricardo Israel; del Partido Igualdad, Roxana Miranda; el independiente Tomás Hocelyn-Holt, y Alfredo Sfeir, del Ecologista Verde.

Santiago de Chile, 16 de noviembre 2013
Crónica Digital / PL

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CARTA POR UN CHILE JUSTO Y SIN SUBCONTRATO

Sáb Nov 16 , 2013
Los convocantes y adherentes a esta declaración emplazamos a los candidatos a la Presidencia y al Parlamento de Chile a manifestarse por el fin al subcontrato. Es probable que este llamado no tenga importancia para algunos candidatos y sus grupos políticos, pero no podemos permitirnos que los hechos ocurran sin exponer a quienes aspiran gobernar, cuáles son las necesidades y críticas sobre la subcontratación. En Chile la posibilidad desregulada de subcontratar tiene un origen autoritario. Esta precaria y discriminatoria forma de emplear se gesta en tiempos de ausencia de participación democrática en 1979, con el Plan Laboral de la dictadura militar, cuyos efectos lapidan hasta nuestros días. En este documento no sólo expondremos las vivencias, sino también las causas y efectos que han venido mermando la vida económica, social y cultural de los trabajadores y trabajadoras subcontratados. A continuación, se presentarán brevemente las implicancias jurídicas, económicas y valóricas de la subcontratación, explicitando por qué esta forma moderna de esclavitud debe a lo menos discutirse ampliamente por todos los sectores y no ser una imposición para privilegiar el monopolio de las ganancias de unos pocos. Régimen jurídico. 1. Extensión de la subcontratación, incluso en el giro principal. En 1979 se deroga la ley 16.757 que establecía la prohibición de subcontratar los trabajos de la producción principal o permanente de una industria, o las labores de reparación y mantención habitual de sus equipos. Esta acción permitió a la patronal la posibilidad de subcontratar funciones indiscriminadamente, incluso aquellas propias de su giro principal. El mismo año también se derogó la Ley que obligaba a CODELCO resguardar las mismas condiciones para trabajadores subcontratados y de planta. Asimismo, la legislación ha permitido que el empresariado pueda externalizar o subcontratar con más de un contratista su propia fuente productiva y para la misma función, lo que ha significado la total atomización y fragmentación de los trabajadores. Cabe apreciar la magnitud de este fenómeno hoy en día, en que más del 37,8% de las empresas chilenas subcontratan, de las cuales el 24,1% lo hace en su giro principal (Encuesta Laboral, ENCLA 2011). 2. Impacto negativo en la acción colectiva de los trabajadores. La atomización y el multirut de las empresas contratistas han frenado el empoderamiento de los colectivos de trabajadores, dificultando las posibilidades de formar sindicatos fuertes y que puedan negociar efectivamente sus condiciones laborales, en un contexto normativo que limita la actividad sindical a la empresa o, más aún, a su individualidad jurídica o RUT. Junto con esto, se hace evidente la persecución de la patronal (prácticas antisindicales), tanto que ha propiciado la baja sindicalización, no obstante al crecimiento constante de ésta por parte de los trabajadores. 3. Abusos en la cadena de mando Respecto a la figura de mando, existe una relación triangular que transforma los límites clásicos de la relación laboral, existiendo muchas veces en la práctica una doble figura del empleador: quien firma el contrato (la agencia o contratista) y quien da órdenes en el establecimiento (la mandante). Esta situación permite que se […]

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