La Comisión de Trabajo y Previsión Social será la encargada de analizar el proyecto de reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho de huelga de los trabajadores del sector público, presentado por los senadores Hernán Larraín, José García Ruminot, Jaime Orpis, Víctor Pérez Varela y Patricio Walker.
A juicio de los autores, “Chile requiere superar las restricciones constitucionales al ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y avanzar en la creación de instancias de diálogo entre el Estado y sus trabajadores. (…) No resulta explicable que este sector carezca de una legislación actualizada en conformidad a los estándares internacionales que permiten y exigen la negociación colectiva con derecho a huelga”.
Asimismo, enfatizaron en que los problemas que se han producido en el ámbito público en el último tiempo se originan, en medida importante, porque este proceso no está regulado, lo que, “a su vez, ha impedido mejorar las condiciones laborales, la situación de los trabajadores a contrata y a honorarios y, en general, de todos los aspectos necesarios para alcanzar un mejor desempeño de los servicios públicos”, agregaron.
Con ello, precisaron, “a través de esta reforma constitucional se pretende poner término a una discriminación legal que hoy día carece de justificación y también reiniciar un proyecto que en el año 2011 la Sala desechó la idea de legislar (boletín 7293-07) y que contenía muchos antecedentes estadísticos respecto del impacto de la falta de negociación colectiva y derecho a la huelga en el sector público a que hacemos referencia y que entendemos incluidos en esta presentación”.
Para los parlamentarios, el Senado tiene la oportunidad de asumir liderazgo en la sustentación de un diálogo social que canalice la participación ciudadana y habilite un franco intercambio de opinión sobre la relación laboral del Estado con sus trabajadores.
En la misma línea hicieron presente un reciente estudio general relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT el año 2013.
Dicho documento “debe ser considerado con atención por todos los actores involucrados y, en particular por el Ministerio del Trabajo, por ser interpretativo de los Convenios suscritos por Chile y referente de las mejores prácticas internacionales”, indicaron.
Santiago de Chile, 17 de marzo 2014
Crónica Digital / Agencias
