Fue una de las designaciones que dispuso la Presidenta Michelle Bachelet a la hora de resolver la composición de su Gabinete: el periodista Víctor Osorio Reyes, ahora a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, no sólo tiene una destacada trayectoria profesional, sino que además un relevante papel en la historia reciente de las luchas de los movimientos sociales y la izquierda chilena.
Ha trabajado en medios de comunicación como el diario “La Nación” y la revista “Ercilla”; fue editor nacional de la Agencia UPI, y editor de Informaciones y Reportajes del diario “El Metropolitano”; recibió mención honrosa en el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, patrocinado por la Agencia de Noticias Prensa Latina, con sede en La Habana; y ha sido autor de diferentes libros, destacando el más reciente “El viaje secreto de Hugo Chávez a Chile”. Fue también fundador y primer director periodístico de “Crónica Digital”.
Además, es uno de los rostros de la Generación del 80, que protagonizó la rebelión de los jóvenes de la época contra la dictadura. Fue uno de los principales fundadores del Comité Pro FESES en abril de 1985, entidad que agrupó a los estudiantes secundarios en oposición al régimen militar. Fue el representante de los estudiantes secundarios en la “Asamblea Nacional de la Civilidad”, que convocó al Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986, y fue uno de los que encabezó la lucha contra el proyecto de educación de mercado, en pleno proceso de implantación.
En tiempos de la transición pactada desempeñó un papel destacado en el difícil proceso de reconstrucción de las capacidades de la izquierda de influir en la construcción de una alternativa de democratización profunda del país. Se incorporó a la Comisión Política de la Izquierda Cristiana en su Segundo Congreso Nacional, concluido en diciembre de 2006, cuando la colectividad integraba el Juntos Podemos. En el Tercer Congreso Nacional de la Izquierda Cristiana de Chile, concluido en diciembre de 2010, fue elegido presidente de la colectividad y en julio de 2012 dio el significativo paso de levantar la Izquierda Ciudadana, de la cual Osorio asumió como su primer presidente. Por ello le correspondió representar a la colectividad en la formación y primera etapa de desarrollo de la Nueva Mayoría, así como en el comité político de la candidatura de Michelle Bachelet para las elecciones primarias, y la primera y segunda vuelta presidencial de 2013.
Según señala, su papel en esta nueva etapa tiene relación de continuidad con las luchas del pasado reciente: “Asumo la responsabilidad a la que me ha convocado la Presidenta Michelle Bachelet con la misma disposición de compromiso con el pueblo de Chile y con el mismo propósito: realizar transformaciones profundas en nuestra sociedad. Esa vocación de servicio público y ese objetivo de lograr cambios estructurales se encarnan hoy en el liderazgo de la Presidenta Bachelet y en el Programa que ha presentado al país”.
–Hubo quienes se sorprendieron con el hecho de que la Presidenta Bachelet designara a un periodista en la cartera de Bienes Nacionales, preguntándose si un profesional de la disciplina tiene las competencias para el cargo.
–Tengo la certeza que los periodistas, como profesionales de un ámbito específico de las ciencias sociales, tenemos todas las competencias, habilidades y destrezas para ocupar roles significativos en el servicio público. Por ejemplo, en la historia de Chile encontramos el emblemático caso de José Tohá, periodista y director por una década del diario “Ultima Hora”, quien fue convocado por el Presidente Allende a desempeñarse como Ministro del Interior y Defensa. Por otro lado, parece muy extraña la idea de que el cargo de Ministro de Bienes Nacionales debiera estar asociado lineal y mecánicamente con alguna específica disciplina profesional. El abogado Jaime Castillo Velasco pasó a la historia como defensor de los derechos humanos y su primer cargo en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva fue como Ministro de Tierras y Colonización, que era como antes se denominaba al Ministerio de Bienes Nacionales. El senador comunista Víctor Contreras Tapia y el fundador del PS Carlos Alberto Martínez ejercieron el mismo cargo, sin más formación que su experiencia como dirigentes de los trabajadores y la Federación Obrera de Chile (FOCH). A cargo de esta Secretaria de Estado también estuvo uno de los más destacados líderes del pueblo mapuche en el Siglo XX: Venancio Coñuepán.
–¿Qué importancia tiene el Ministerio de Bienes Nacionales?
–Tiene un papel estratégico para cualquier proyecto de desarrollo nacional, porque es el Ministerio del Territorio Fiscal y, según las estimaciones disponibles, ello implica que es el dueño de más del 50% de la propiedad del país. En materia de gestión del territorio realiza acciones de coordinación con otros Ministerios y organismos públicos, por ejemplo en el ámbito habitacional y de equipamiento; respecto a conservación, turismo y patrimonio, aporta a la creación y administración de Parques Nacionales, Bienes Nacionales Protegidos y Rutas Patrimoniales; y responde a necesidades de la sociedad civil con licitaciones para concesiones onerosas, como también mediante arriendos, servidumbres, ventas directas y concesiones gratuitas, para un campo muy amplio de acciones, desde proyectos sociales a iniciativas de inversión en el ámbito industrial y energético, pasando incluso por iniciativas para la investigación científica o el desarrollo de la astronomía.
–¿Qué papel tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en el Gobierno de la Presidenta Bachelet?
–La Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales determina que estará a cargo de controlar, aplicar y orientar las políticas aprobadas por el Gobierno en relación con la gestión y la administración de los bienes fiscales. La orientación general del Programa que hemos comprometido con la ciudadanía apunta a realizar transformaciones profundas del modelo de desarrollo, estableciendo un “régimen de lo público”. De ello deviene el papel del Ministerio: elaborar políticas de ordenamiento territorial y de gestión del territorio fiscal con el propósito de transformarlo en un motor del progreso social y cultural del país y sus comunidades, contribuyendo a un desarrollo con inclusión social y sustentabilidad.
–¿En concreto, que significa ese planteamiento?
–Hemos determinado cambiar sustantivamente los criterios orientadores de la gestión del territorio fiscal, para respaldar las políticas públicas del programa de gobierno, tales como el apoyo directo a la política habitacional; la política energética; y el reconocimiento de la demanda histórica de los pueblos originarios. También disponiendo espacios públicos para el desarrollo e implementación de proyectos de interés social que emergen de la sociedad civil. Y además otorgando énfasis a la constitución de dominio de la pequeña propiedad raíz particular en situaciones de irregularidad, especialmente a las personas de grupos de mayor vulnerabilidad social. En definitiva, todo nuestro esfuerzo se ha centrado en lograr una drástica reorientación social del Ministerio de Bienes Nacionales: los bienes fiscales tienen que estar al servicio del interés público y los derechos de la ciudadanía.
–¿En esta perspectiva se inscribe la decisión del Gobierno de retirar el proyecto que fusionaba el Ministerio de Bienes Nacionales con el de Vivienda y Urbanismo?
–El Programa dice expresamente que se procurará que el Ministerio de Bienes Nacionales cuente con nuevas competencias, recursos e instrumentos legales para proveer terrenos fiscales a los distintos Ministerios y Servicios Públicos para sus proyectos, entre los cuales ciertamente se encuentran los referidos al sector vivienda y de carácter habitacional, pero no son los únicos.
–¿Esa nueva dimensión social significa que Bienes Nacionales, a diferencia del Gobierno de la derecha, otorgará prioridad a la política habitacional?
–En efecto. El Programa también apunta a que la gestión pública del territorio fiscal esté al servicio de la gestión habitacional. En materia de vivienda social, derogamos la normativa interna del Ministerio de Bienes Nacionales dictada por la administración anterior, la cual impedía una tramitación adecuada, pertinente y justa para trasferir terrenos a SERVIU en materia de proyectos de este tipo. En su reemplazo, hemos dictado una nueva normativa consistente con el rol social de los bienes fiscales y hemos establecido un procedimiento eficaz y acelerado para poner terrenos a disposición de soluciones habitacionales para miles de familias. En ese marco, hemos iniciado una Mesa Técnica entre los Ministerios de Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio del trabajo conjunto que se realiza en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Queremos ayudar a resolver la escasez de suelo para desarrollo de viviendas, a través de la generación de barrios integrados socialmente y nuevos barrios habitacionales.
–¿Podría explicar a qué se refiere con el trabajo para la constitución de dominio de la pequeña propiedad raíz particular en situaciones de irregularidad?
–A través del saneamiento de la pequeña propiedad raíz urbana o rural, cumpliendo una serie de requisitos de ocupación y permanencia, con un procedimiento administrativo se logra transformar un poseedor irregular de un inmueble en propietario regular, logrando un título de dominio. Esta acción tiene cobertura nacional y se aplica en sectores urbanos y rurales, atendiendo sobre todo a la focalización de grupos vulnerables.
–Ha llamado la atención que el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, destaque el rol de Bienes Nacionales en la Agenda de Energía.
–Lo que ocurre es que los proyectos de inversión en el ámbito energético requieren de territorio para su materialización, y como ya señalaba somos el Ministerio del Territorio Fiscal. En la creación de condiciones para el desarrollo de capacidad propia de generación de energía tenemos un papel relevante ocupando la herramienta de las licitaciones para concesiones onerosas. Pero, además, tenemos un papel en contribuir a que el desarrollo de proyectos energéticos se inscriba en una concepción más amplia del ordenamiento territorial, que considere participación ciudadana y sustentabilidad ambiental. A propósito de lo último: en los dos primeros meses de gestión aprobamos 43 proyectos de Energías Renovables No Convencionales, de energía solar y eólica, y nos encontramos tramitando 272 solicitudes de concesión de terrenos fiscales para proyectos de energías limpias, sustentables desde una perspectiva social y ambiental.
–¿Cuál es la colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales en resolver las demandas de los pueblos indígenas?
–Nuestro trabajo se inscribe en el desafío más general de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado. En ese contexto, hemos resuelto incorporar en el Ministerio la temática como línea de acción concreta, creándose un área para atender las materias indígenas dentro de la estructura de la División de Bienes Nacionales, a la cual le corresponde la administración del patrimonio fiscal. Así hemos dado curso a las solicitudes de transferencias de territorio fiscal a comunidades indígenas, que en el gobierno anterior fueron paralizadas, a lo menos desde hace dos años, siendo ahora una prioridad clave. Asimismo, estamos trabajando en la generación de un catastro nacional del territorio indígena demandado al Estado, para tener una base más rigurosa de las necesidades de restitución de tierras de los pueblos originarios. Asimismo, este es el sentido con el que estamos trabajando en una Mesa Técnica con los miembros de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, representantes del pueblo Rapa Nui.
Nota de la Redacción: Esta entrevista fue publicada inicialmente por el periódico “El Siglo”
Santiago de Chile, 10 de julio 2014
Crónica Digital
