El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y UNICEF rechazan enfáticamente la falta de proporcionalidad y racionalidad en la utilización de medidas coercitivas en contra de menores de edad en el reciente caso de los tres adolescentes mapuche formalizados por el Tribunal de Garantía de Collipulli, donde fueron presentados esposados de pies y manos, vulnerando así los estándares internacionales relativos al tratamiento de niños y niñas privados de libertad.
El organismo de Naciones Unidas y el INDH hacen un llamado a que se adopten las medidas necesarias para la adecuación de los protocolos de actuación y los procedimientos policiales y de Gendarmería, en concordancia a las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación Número 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño, y las Reglas de Beijing.
En términos generales, el principio rector del Sistema de Justicia que está en contacto con niños y adolescentes debe ser de máxima especialización, Conforme al cual, todas las reglas comunes deben ser interpretadas y ajustadas a la especial dignidad y vulnerabilidad de los niños frente a los órganos de administración de Justicia.
El Estado de Chile y su Sistema de Justicia, tal como lo ha señalado UNICEF en múltiples oportunidades, deben dar respuestas ajustadas al principio de especialidad, a través de aquellas normas, protocolos y prácticas sensibles a la situación de niños y adolescentes. En términos concretos, esto implica que los adolescentes, desde el primer contacto con la justicia, deben recibir las seguridades del reconocimiento y protección de sus derechos, lo que implica entre otras cosas el resguardo de su integridad personal en: la ejecución de órdenes de detención y traslados; la comparecencia ante la autoridad judicial y el cumplimiento de medidas cautelares o disposición de libertad. En todo el proceso debe primar el interés superior del niño, niña o adolescente.
El caso de estos tres adolescentes mapuche da cuenta de la necesidad de avanzar hacia un sistema integral de garantías para los niños, niñas y adolescentes, que permita ajustar estrictamente el actuar de los órganos del Estado a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguirán apoyando los esfuerzos que se enmarquen dentro de este desafío fundamental.
Santiago de Chile, 5 de noviembre 2014
Crónica Digital
Lo dicho está claro y es reiterativo, pero, INDH y UNICEF, ¿ no tienen facultades para fiscalizar que se cumpla lo establecido y recomendado ? Creo que lo que hace falta es FISCALIZAR y SANCIONAR.