La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunció hoy que levantará la prohibición a las donaciones de sangre de homomosexuales y bisexuales.
Según expertos, la apertura -que solo no se aplicará a hombres que mantuvieron relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses- podría elevar hasta en un cuatro por ciento el suministro de sangre anual.
Dicha restricción fue impuesta originalmente en 1983, cuando comenzó a extenderse la epidemia del SIDA y no existía prueba rápida alguna para determinar los portadores del virus de inmunodeficiencia humana.
En sus declaraciones, la mencionada agencia federal sostuvo que para este cambio de política fue «cuidadosamente examinada y considerada la evidencia científica».
De acuerdo con medios de prensa norteamericanos, la nueva normativa pone a Estados Unidos a la par de países europeos como el Reino Unido, donde se ajustó antes la prohibición de por vida a 12 meses.
Defensores de derechos de los homosexuales manifestaron que la medida todavía perpetúa los tradicionales estigmas, pero resaltaron su importancia al ubicarla en la línea de otras prerrogativas legales y políticas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo género y la eliminación de barreras para que estas sirvan en el ejército.
Washington, 23 diciembre 2014
Crónica Digital / PL
Mié Dic 24 , 2014
Una demanda en contra de las empresas vinculadas a la naviera y remolcadores a cargo del buque “Mimosa”, así como también en contra de ENAP, presentó el diputado Socialista Christian Urízar, en representación de 266 de los afectados por el derrame de petróleo ocurrido en Quintero el 24 de septiembre pasado. El legislador, quien concurrió hasta la Corte de Apelaciones junto a una delegación de personas afectadas, explicó que se trata de una demanda de indemnización de perjuicios, por la responsabilidad civil derivada del derrame de hidrocarburos en el mar, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Navegación. Esta acción legal busca reparar el daño patrimonial y extrapatrimonial causado por el derrame de petróleo, donde los demandantes corresponden a 48 socios de la Agrupación Océano Pacífico Comerciantes de Pescados y Mariscos, 7 buzos mariscadores, 15 fileteros, 161 artesanos y 35 extractores artesanales de jaibas. “Creemos que es inaudito que los 15 millones de dólares que hay disponibles por los seguros comprometidos en el transporte de este petróleo vayan a parar a ENAP, por el despeje del hidrocarburo y no terminen en las manos de las personas que realmente fueron afectadas como los comerciantes, fileteadores, pecadores, extractores de jaibas, y la gente de Quintero, verdaderamente afectada”, señaló el diputado Urízar. En tal sentido, insistió en que “los recursos de estas indemnizaciones deben ir parar a las manos de los vecinos de Quintero y no a la empresa”, dado que esto hace perder la confianza en la justicia. Afectados El diputado Urízar explicó que estas 266 personas debieron sufrir las consecuencias de lo que calificó como “una verdadera tragedia ambiental”, luego que se decretara la prohibición de extracción y comercialización de pescados y mariscos durante 3 meses, por lo que insistió en la necesidad de que “la justicia tome en cuenta estos elementos y los responsables puedan indemnizar a estas personas”. Del mismo modo, el parlamentario insistió en que “detrás de estas 266 firmas hay familias, hay gente que lo ha pasado muy mal estos últimos meses y creemos que es necesario que exista una indemnización, producto de la dramática situación que han debido enfrentar todas estas familias”. “Esta prohibición representó un daño patrimonial para las personas que ejercen sus actividades económicas en torno al mar. Además, al derramarse más de 38.700 litros de petróleo, la flora y fauna de la bahía de Quintero, ha muerto o está gravemente dañada, por lo que tampoco podrán seguir trabajando con normalidad en una época que para ellos es tan importante, como es durante los meses de verano, en una ciudad turística”, detalló Urízar. Asimismo, el diputado recalcó que al perjuicio económico, se suma el daño moral o extrapatrimonial, representado por el enorme sufrimiento de cada una de las 266 personas que se ven impedidas de trabajar. “Los demandantes son gente de mar, quienes han volcado su vida en torno al mar que baña las costas de la comuna de Quintero, y al ser testigos de la catástrofe medio ambiental que los […]
