Durante las últimas dos semanas ha avanzado la modificación al Código de Aguas en el sentido de ver los recursos hídricos como supeditados al bien común y no solo al interés privado.
Una serie de reformas sustanciales al Código de Agua se han aprobado durante las últimas semanas de sesiones de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Esto, en el marco del proceso de discusión de la normativa donde se enfrentan la visión que entiende el agua como un derecho humano -y por tanto un bien común- y la que la deja sujeta a la privatización y a la transacción económica.
Es así que se modificó el artículo 63 sobre las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para proteger acuíferos, estableciendo que “las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo se entenderán prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa”. Además, se estableció que con respecto a la atribución del servicio de modificar puntos de captación de derechos de agua, el organismo podrá rechazar la solicitud si la fuente de agua “presenta descensos significativos y sostenidos que puedan poner en riesgo la sustentabilidad del mismo, implica un grave riesgo de intrusión salina o afecta derechos de terceros”, siendo públicos los fundamentos de la decisión.
En el caso del artículo 65, se determinó esencialmente que la DGA “deberá declarar área de restricción” en aquellos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en los que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, incorporándose la figura que en el artículo 63 protege los acuíferos que alimenten las vegas, pajonales y bofedales de las regiones al norte de Valparaíso.
Este miércoles 20 de mayo continuará la discusión, esperándose poder avanzar en la definición sobre un tema relevante que ha sido postergado durante más de un mes: el privilegio que actualmente tiene la minería sobre el agua que las empresas encuentran en las áreas de sus operaciones y que son las conocidas como las “aguas del minero”.
Para Pamela Poo, del programa Chile Sustentable, aunque ha habido diferencias sustantivas en el contexto de la discusión, por lo menos se ha ido avanzando en la desmercantilización de los recursos hídricos, “quedando muy claro quiénes están por mantener el régimen privatizador actual y quiénes quieren avanzar a uno más integral y que ve el agua como un derecho humano y un servicio preciado para los ecosistemas”.
Santiago de Chile, 19 de mayo 2015
Crónica Digital
