El caso Gürtel (correa en alemán), nombre policial del caso en alusión al cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa, versa sobre las presuntas irregularidades cometidas entre 1999 y 2005 por una red que recibió, a cambio de dinero, contratos a dedo de administraciones gobernadas por el PP.
A Correa se atribuyen sobornos a diputados de la formación aún en el poder. A cambio, sus compañías o las de sus amigos obtenían contratos de obras públicas, o para la organización de eventos como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia (este) en 2006.
La organización mafiosa, en la que figuran numerosos exalcaldes y dirigentes del partido del actual presidente del Gobierno en funciones, actuaba en las regiones de Valencia, Castilla y León y Madrid, tanto en esta capital como en localidades vecinas.
Entre los 37 imputados figuran tres antiguos tesoreros de la agrupación liderada desde hace 12 años por Rajoy, el más conocido de ellos Luis Bárcenas, poseedor de cuentas en Suiza donde atesoró más de 48 millones de euros, y quien dice conocer los secretos del PP.
Una cantidad que el antiguo administrador, convertido en un quebradero de cabeza para los conservadores, intentó justificar con la compra venta de inmuebles y obras de arte y con su ‘buen hacer’ en Bolsa.
La Fiscalía cree que Bárcenas acumuló esa fortuna a partir de comisiones obtenidas de Gürtel y de apoderarse, como mínimo, de 299 mil 650 euros de la caja B del PP, cuya contabilidad fue aireada en sus ya famosos ‘papeles’, de los que primero negó su autoría y luego blandió como una espada para defenderse.
La formación conservadora no será juzgada por cometer delitos, sino como ‘partícipe a título lucrativo’, al haberse financiado con fondos ilegales.
En el proceso también aparece como responsable civil a título lucrativo la exministra de Sanidad Ana Mato.
De acuerdo con el diario El Mundo, Bárcenas apunta a la extitular de Rajoy en un escrito presentado ante el tribunal que juzga el caso, en el cual niega haber tenido responsabilidades en la organización y adjudicación de campañas electorales y congresos de los populares.
El juicio, que durará varios meses, tiene lugar siete años después del inicio de la investigación a cargo del conocido juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por prevaricación al ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos jefes de la trama y sus abogados.
Entre los casi 300 testigos se encuentran renombrados políticos del PP como Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Rodrigo Rato, todos ellos ministros en los dos gobiernos del también conservador José María Aznar (1996-2004).
Precisamente, Correa, quien se enfrenta a una petición de 125 años de prisión por liderar ‘un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos’, era un hombre cercano a Aznar y asistió como testigo a la boda de su hija.
Los delitos por los que se juzgan a los 37 acusados -a quienes se les reclaman unos 450 millones de euros entre multas y fianzas- abarcan la asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo o prevaricación, entre otros.
Madrid, 4 de octubre 2016
Crónica Digital / PL
