El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de amparo en favor del adolescente de iniciales F.J.F.P internado en un centro de régimen cerrado del Servicio Nacional de Menores de dicha ciudad y sobre quien se estarían aplicando medidas disciplinarias –por parte de Gendarmería de Chile- que exceden el marco normativo.
Según se describe en el escrito del INDH, el joven ha sido privado de su derecho a visitas y además ha permanecido durante aproximadamente una semana en un cuarto de castigo engrillado de pies y manos durante el día y la noche, recibiendo malos tratos por parte de otros jóvenes internos.
Esta situación fue constatada por el abogado del INDH en la zona, quien sostuvo una entrevista con el joven, durante la cual estuvo engrillado todo el tiempo y acompañado por dos gendarmes.
Estos castigos son producto –presumiblemente- de que en el mes de agosto el joven inició una huelga de hambre cuyo punto culmine fue una escalada al techo del edificio del SENAME, lugar donde se autoflingió un corte en la zona abdominal. La situación tendría al joven psicológicamente afectado, tanto por el castigo aplicado como por la incertidumbre de su situación procesal.
En el recurso el INDH solicita al tribunal –entre otras medidas- la posibilidad de revisar y sustituir la sanción privativa de libertad aplicada a F.J.F.P por una que cautele adecuadamente su integridad personal y también que ordene al SENAME y a Gendarmería de Chile que instruyan los sumarios que permitan dilucidar las responsabilidades del caso.
Según la Constitución la acción de amparo puede interponerse a favor de toda persona que se encuentre arrestada, detenida o presa, con infracción a lo dispuesto en la Constitución o las leyes, a fin de que la justicia ordene las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado/a.
Santiago de Chile,6 de octubre 2016
Crónica Digital
Jue Oct 6 , 2016
El rechazo el domingo 2 de octubre al plan de paz negociado entre el gobierno de Colombia y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, FARC-EP, ha significado un claro revés político para el proceso abierto por el presidente Juan Manuel Santos y la dirección guerrillera y abre un claro escenario de incertidumbres sobre el futuro político en el país. El resultado del plebiscito, aunque no es vinculante, generó un hecho político indudable y obliga a los colombianos, el Gobierno, las FARC, en primer lugar, pero de manera especial a los opositores al proceso de paz, dar una salida democrática y responsable, que permita devolver la tranquilidad y seguridad a los colombianos, tras 52 años de guerra civil y 220 mil muertos, en su inmensa mayoría civiles. Las cifras del plebiscito ( 50,2 por el NO, 49.7 por el SI, en un escenario con la abstención del 63 por ciento del padrón de 34 millones habilitados para votar), no permiten triunfalismos ni admiten lecturas oblicuas. Más bien apuntan a revisar conductas, actuaciones, definiciones políticas y humanas, comprometerse en una estrategia consensuada, y respetuosa de los derechos humanos que tenga como objetivo y contenido la convivencia nacional. Desde luego así aparecen entenderlo tanto el presidente Santos, como los representantes de las FARC- EP, e incluso la oposición derechista encabezada por el Centro Democrático liderado por el ex presidente Alvaro Uribe, habla de la necesidad de la paz y de “unidad nacional”, que aunque no, abandonan totalmente sus pretensiones de exigir una “rendición incondicional” o buscar mediante el terrorismo de Estado una “derrota total” o aniquilamiento de la insurgencia. Solo el tiempo, en un ambiente de desconfianzas, sospechas e incertidumbre, puede responder a la interrogante de la conducta de este sector, teniendo en cuenta como un antecedente histórico el verdadero genocidio perpetrado por bandas paramilitares contra la Unión Patriótica (UP) que a partir de 1984, desarrolla un diálogo de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancourt, proceso que termina en una guerra de exterminio recomendada por asesores norteamericanos, y que deja un balance de por lo menos 6 mil 500 militantes, dirigentes, representantes municipales y legislativos de la organización que creyó en la vía política, e intentó si reinserción en la escena política. Esa “guerra sucia”, fue recomendada por Estados Unidos, y como producto de la asesoría israelí, se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC) y otras bandas paramilitares como “Muerte a Secuestradores (MAS), las cooperativas de seguridad “Convivir”, entre otras, sin olvidar los “falsos positivos”, de responsabilidad directa de unidades militares, que asesinaban a jóvenes a quienes disfrazaban con uniformes para contabilizarlos como “bajas” en enfrentamientos, para recibir “premios” en efectivo. Lo que se impone hoy como un hecho político es que los resultados del plebiscito, a pesar de no ser vinculante, significan un revés para el complejo proceso de paz desarrollado hasta ahora, pero no es una derrota, ni puede ser un empezar de cero . El cese del fuego, el diálogo entre guerrilleros […]
