El autor de la indicación que hoy fue discutida en Sala, diputado Leonardo Soto (PS), señaló que «se le debe dar un tratamiento distinto a lo que es distinto, en este caso a los beneficios a los que pueden acceder los reos comunes y lo que corresponde para los responsables de crímenes de lesa humanidad».
Este martes la Cámara de Diputados comenzó la discusión en Sala de la indicación que busca asegurar que los condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cumplan la totalidad de sus penas en la cárcel, en el marco del proyecto que modifica las condiciones para acceder a la libertad condicional.
El autor de la norma, diputado Leonardo Soto (PS), señaló que «se trata de hacerse cargo de los delitos más graves que existen, cometidos en un período muy particular por agentes del estado en completa impunidad, período en el que no funcionó la democracia, no había estado de derecho ni tribunales independientes que protegieran a los ciudadanos».
«Por tanto se le debe dar un tratamiento distinto a lo que es distinto, en este caso a los beneficios a los que pueden acceder los reos comunes y lo que corresponde para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Ellos tendrán que cumplir su condena hasta el ultimo día en prisión», añadió el parlamentario.
La indicación enumera una serie de delitos por los que han sido condenados violadores de DD.HH, -como homicidio, secuestro o aplicación de tormentos-, para cuyos casos se prohíbe la libertad condicional si concurren además otras dos circunstancias: que los hechos punibles ocurrieran entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que los responsables actuasen como agentes del estado o «con la aquiescencia, consentimiento o instigación de uno».
«De esa forma se asegura que los actuales condenados cumplan la totalidad de la pena en prisión, y para el futuro, establecimos que los delitos de lesa humanidad, que ahora están definidos por compromisos internacionales que ha suscrito Chile y aprobados por una ley dictada hace algunos años, también van a tener el mismo tratamiento», concluyó el legislador socialista.
Se espera que la indicación, junto con el resto del proyecto, sea votada en la sesión de Sala de mañana, para luego pasar al Senado en tercer trámite.
Santiago de Chile, 12 de octubre 2016
Crónica Digital
Mié Oct 12 , 2016
A pesar de que aún resta más de un año para el término de la administración de la Presidenta Bachelet, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, explica que el recorte de un 95% de los fondos para una nueva carta magna en el Presupuesto 2017 es reflejo de que este Gobierno concluyó su espacio de influencia política. “Los debates hoy están centrados en las propuestas de los nuevos candidatos y, efectivamente, la administración Bachelet está cerrando su agenda, por lo que no quiere abrir nuevos flancos”, afirma. En términos globales, el Gobierno redujo en un 95% los recursos para realizar una nueva Constitución en el Presupuesto de 2017, en contraste con los fondos destinados en el Presupuesto anterior. Una de las tres principales promesas de campaña, junto con la Reforma Educacional y la Reforma Tributaria, eliminó completamente los gastos para los “Estudios para una nueva Constitución” y para la difusión del proceso constituyente. Además, anotó una significativa reducción en los recursos de la Secretaría General de la Presidencia para estos efectos, pasando de $1.284.406 millones en 2016 a los $139 millones actuales, solicitados bajo la categoría “Estudios finales del proceso constituyente”. Consultado respecto de si el Gobierno cierra su agenda política, que define su espacio de influencia en el debate actual y futuro en este ámbito, al adoptar esta decisión, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, responde afirmativamente. “Este Gobierno ya terminó. Los debates hoy están centrados en las propuestas de los nuevos candidatos y, efectivamente, la administración Bachelet está cerrando su agenda, por lo que no quiere abrir nuevos flancos, acelerando el proceso sin tener los respaldos ciudadanos y legislativos que necesita”, explica. “Lo que busca el Gobierno es no forzar el debate constitucional hoy, dado el clima político actual, y no quiere arriesgarse a no tener el apoyo ciudadano y legislativo suficiente en el nuevo proyecto de Constitución”, agrega. Respecto a los motivos de esta determinación, el experto señala que esto se debe a dos factores. Primero, “la Presidenta hoy no cuenta con el apoyo que necesita para reformar la constitución. Tiene muy bajos niveles de popularidad debido a la falta de expectativas sobre sus reformas”, señala. En segundo lugar, afirma que “dado los bajos niveles de popularidad, es muy difícil ´para la Mandataria ejercer su poder de disciplina partidaria en el Congreso. Hoy, no tiene todos los votos de la Nueva Mayoría asegurados para poder modificar la Constitución”. El especialista reconoce que la decisión también responde a un cierto grado de realismo, considerando que “el país está pasando por problemas económicos importantes y no está generando tanto dinero para hacer todas las reformas prometidas. Todas las carteras han visto disminuidos su presupuesto y esto también responde a ello”. Sin embargo, enfatiza que la decisión también es política, evidenciado en “un atraso importante en el proceso constituyente. Este mes deberían haberse publicado los resultados de los encuentros ciudadanos, cosa que no ha pasado y, probablemente, va a pasar recién hacia […]
