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Excomandante en jefe, Ricardo Martínez. Fotografía gentileza de radio Universidad de Chile. Apuntó a la “máxima gravedad” de la situación que afecta a la institución castrense y se refirió a la interpretación amplia del artículo 436 del Código de Justicia Militar en temas de transparencia, que posibilita muchas veces espacios de opacidad que pueden derivar en irregularidades.
Tras calificar de “máxima gravedad” la situación que afecta al Ejército y en particular al ahora ex comandante en jefe, Ricardo Martínez, la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró “la salida y la decisión de dar un paso al costado” del ex integrante del alto mando. Lo anterior, tras las graves imputaciones por las que la jueza Romy Rutherford lo llamó a declarar en calidad de inculpado por una de las aristas de fraudes en la institución uniformada.
“Hay que destacar una acción que consideramos positiva para la institucionalidad y para el ejercicio de la labor de la justicia, a la que le cabe aclarar la participación del ex comandante en los hechos”, dijo la presidenta del CPLT tras difundirse la noticia.
Apuntó además a la complejidad de este caso no solo desde la perspe tiva institucional sino de la fe pública, por lo que subrayó la necesidad de que las nuevas autoridades, tanto uniformadas como del Ejecutivo, den señales claras para recuperar la confianza.
Al respecto dijo: “Esto es de la máxima gravedad”. “Es la primera vez que un general en activo era llamado a declarar en esta calidad de inculpado” y destacó que, ante casos como los del Ejército, se debe dar acciones claras y contundentes. Indicó que más allá de los escenarios que podría enfrentar el comandante en jefe “es relevante generar señales importantes” y actuar modificando el artículo 436 del Código de Justicia Militar y “ aumentar resguardo a la probidad pública».
Al respecto afirmó: “hay una oportunidad para las autoridades también, para las del Ejército y las nuevas autoridades del Ejecutivo, de avanzar hacia una agenda que permita recuperar la confianza de instituciones tan relevantes para el país”.
Agregó que la situación reviste especial complejidad “desde el punto de vista de la confianza en la ciudadanía y creo que esto es aún más grave, porque quedan tan pocos días para que la nueva autoridad asuma y haya cambio de mando en el Ejército”.
Asimismo, se refirió a la importancia de las sanciones ante hechos que deben ser investigados, pero que de comprobarse deben existir sanciones equivalentes al daño no solo a las arcas fiscales sino también a la fe pública, puesto que finalmente es un daño a la democracia.
Gastos reservados
Destacó también avances normativos en materia de control sobre gastos reservados. “Ya el año 2020 hubo una legislación que hace mucho más exhaustivo el control sobre las Fuerzas Armadas y de Orden respecto de uso de gastos reservados”, explicó. Y agregó que pese a que esas modificaciones fueron relevantes, “no fueron suficientes”.
Sin embargo, desde la perspectiva del Consejo para la Transparencia en temas propios de la entidad agregó que “hay más por hacer”. En este sentido explicó que se requiere modificar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, al que aluden instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, “que establece básicamente causales de secreto o reserva por temas de seguridad nacional”. Pese a reconocer la relevancia su relevancia dijo: “Amparar en la seguridad nacional la reserva de entrega de información permite que existan estos espacios de opacidad”.
Recalcó además que “transparencia no es exhibicionismo” y supone, en todos los países del mundo con legislaciones similares en este ámbito las “causales de reserva”. El punto relevante, planteó “que las causales de reserva, por ejemplo seguridad nacional, defensa nacional o relaciones exteriores, deben estar plenamente justificadas. “Las exigencias respecto al uso de esta causal tienen que ser mayores y en eso tenemos que dar la pelea, porque cuando existen estos mantos de opacidad, se abre la puerta para que existan estas situaciones”, espetó De la Fuente.
Santiago de Chile, 2 de marzo 2022
Crónica Digital
