Juan Carlos Viveros, del Movimiento Defendamos Chiloé, se unirá a otros actores sociales que exigen al Congreso y al Presidente electo, que se firmen y ratifiquen los acuerdos adoptados hace ya 4 años.
Fue el 4 de marzo de 2018, cuando en Costa Rica se estableció el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como el acuerdo de Escazú, el que más de 20 países acordaron respetar.
Hoy, pese a las intenciones la realidad es otra, con una serie de contingencias que afectan a los ecosistemas en el país, además del acoso y persecución a quienes han llevado adelante la misión por visibilizar estas materias.
Es en este contexto, a 4 años de aquella jornada, que se ha distinguido a los actores de la sociedad civil, que han destacado por su defensa del medio ambiente, para que sean promotores del mensaje de consciencia sobre los ecosistemas, y los deberes que tienen los Gobiernos nacionales y regionales por garantizar su cuidado.
Uno de ellos Juan Carlos Viveros, del Movimiento Defendamos Chiloé, quien Junto al resto de seleccionados tendrá como misión desplegar los ejes centrales del Acuerdo de Escazú, para lo que desde ya se está pidiendo que el Presidente electo, Gabriel Boric, que Chile adhiera cuanto antes al Acuerdo de Escazú.
El Coordinador General del Movimiento Defendamos Chiloé, expresó que «El sur de Chile es un territorio que está siendo arrasado por impactos ambientales de diversas industrias, principalmente la acuícola, desde Chiloé a Magallanes, por lo que tener un tratado como este, que dé acceso a la información, a la justicia ambiental, la defensoría de las organizaciones y las personas detrás de estas causas, viene a ser una tremenda ventaja y un tremendo apoyo para quienes llevamos años, y algunos la vida entera, protegiendo al medioambiente».
En concreto, se emplaza al nuevo mandatario a firmar y ratificar el tratado, durante la primera semana de su mandato, para avanzar en la protección de activistas, acceso a la justicia ambiental y mejores normativas para el resguardo de la naturaleza.
Crónica Digital
8 de marzo de 2022
