Luego de los intentos del actual gobierno, viabilizados a través del Ministerio Público, de obstaculizar la toma de posesión en enero del nuevo Presidente, Bernardo Arévalo, se dio una gran movilización popular que frenó al Pacto de Corruptos en su intento. Todo indica ahora que el 14 de enero próximo los candidatos del Grupo Semilla asumen el Ejecutivo nacional.
La reacción popular que pudo apreciarse en los días del paro nacional durante octubre fue espontánea, una rebelión popular que dejó ver el hartazgo en que viven las mayorías.
Dijo Carlos Figueroa Ibarra: “La gran rebelión en Guatemala va mucho más allá de la rabia. Se expresa en una acelerada politización de los sectores populares urbanos. En una creatividad festiva evidente en los bloqueos que se han observado en las últimas dos semanas. Como se trata de una rebelión pacífica brinda un gran espacio para lo lúdico: bailes, disfraces, tamboras, representaciones, consignas ingeniosas y hasta hilarantes, debates y diálogos con una policía hasta el momento pasmada. La gran rebelión ha convertido en dirigentes articulada/os a la vecina del barrio popular, a la ignorada y subestimada mujer indígena de algún poblado rural, al humilde vendedor ambulante, al joven trabajador de alguna dependencia pública. La gran rebelión ha hecho surgir a una dirigencia indígena en la que se advierte un proyecto político nacional”.
No hay dudas que se vivieron horas especiales, inéditas en la historia nacional.
Los medios de comunicación, la opinión pública que se fue formando, incluso ciertas posiciones de izquierda, no dudaron en levantar a los “pueblos originarios” –encabezados por las autoridades ancestrales de Totonicapán y Sololá– como los artífices de esta “nueva historia” que se estaba abriendo, con pueblos que se movilizan en pro de la democracia.
Las extendidas manifestaciones, que fueron creciendo en calor popular dando lugar a lo que acertadamente menciona Figueroa Ibarra, son una expresión del profundo malestar que anida en la población guatemalteca, sean mayas o mestizos pobres, dado el histórico estado de pobreza y exclusión. La rabia acumulada que tiene la gente está lista para explotar en cualquier momento; de ahí el conato de cuasi linchamiento contra Miguel Martínez en Antigua, virtual “hombre fuerte” tras el trono, ícono de la corrupción imperante, o la profunda cólera expresada contra las figuras convertidas en “malos de la película”, como la Fiscal y sus ayudantes. O la masiva y espontánea participación en el jolgorio en que se convirtió el paro nacional, mostrando actitudes de solidaridad hermosas, de población confraternizando con la policía, actitudes solidarias llevando comida a los manifestantes. Lo curioso es que la expresión de descontento se centró exclusivamente en la “defensa de la democracia” (¿la actual democracia burguesa?) y el pedido de renuncia de los operadores visibles del Pacto de Corruptos (la mencionada Fiscal y colaboradores).
El ardor constatable en una población siempre menospreciada (indígena rural y pobrerío urbano) parecía un alzamiento popular con visos de insurrección, de principio de revolución social. Pero no lo es. No lo es porque la dirección del movimiento no apunta a cambiar estructuras. Que quienes dirigen las protestas estén vinculados/financiados por USAID abre preguntas, quizá inquietantes. La cobertura mediática que ahora vemos hace pensar que se les está transformando en nuevos actores políticos, los “héroes” de la película. La cuestión es cómo lograr transformar esa tremenda cólera que anida en el campo popular en algo más que vuvuzelas ayer, en el 2015, o bloqueo de carreteras hoy, pidiendo solo destituciones puntuales y apoyo a una democracia inservible para el pobrerío.
Analizando bien la cuestión, se presentan algunas dudas. ¿Existe realmente un proyecto político nacional de cambio tras todas estas movilizaciones? La defensa irrestricta de la democracia tal como hoy se formula, sin considerar que es la misma democracia representativa que no ha logrado cambiar un ápice la situación de exclusión de las grandes mayorías en todos estos años, recuerda las consignas sabatinas anticorrupción del 2015, con vuvuzelas e himno nacional, pero sin propuesta transformadora alguna. Quienes impulsaron los bloqueos –48 Cantones de Totonicapán y Alcaldía Indígena de Sololá– son colectivos mayas–k’iché de larga trayectoria. Es sabido que estas organizaciones no tienen una posición abiertamente de izquierda, contestataria, antisistema como sí la presentan otros grupos del campesinado maya, mucho más activos en las luchas populares. Su financiamiento no necesariamente dice todo, pero es a tener en cuenta. ¿Podrá pensarse en agendas no explícitas de los grandes factores de poder?
Aquí estriba la cuestión: ¿quiénes son esos grandes factores de poder? El pueblo movilizado, no parece. Las consignas –únicas consignas– no pasaron de pedir la destitución de cuatro funcionarios menores. Demanda, por otro lado, que no se concretó pese a los plantones. Luego de toda esa movilización, el Pacto de Corruptos bajó su perfil (¿se habrá negociado eso?). Lo cierto es que, con la participación de ciertos sectores empresariales (Consejo Nacional Empresarial, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo), la dirigencia indígena que llevó adelante las marchas y el presidente electo, Bernardo Arévalo, se firmó un acta de compromiso conocida como “Acción para la Democracia”. La relación de USAID con estas organizaciones indígenas abre preguntas. O genera suspicacias, similares a las que surgieron en las “movilizaciones” urbanas del 2015 contra la corrupción (¿laboratorio social que sirvió para llevar esa estrategia a países con gobernantes “díscolos”?).
Si factores de poder como el empresariado o el gobierno estadounidense, más la caja de resonancia de Washington que es la OEA, avalan la transición, habiéndosele bajado el perfil al Pacto de Corruptos dándole el beneplácito a Arévalo, todo ello deja interrogantes, con el dato nada despreciable aquí que se pone a los pueblos originarios como los principales actores heroicos de esta lucha. ¿Lo son?
Dijo Christian Echeverría: “Los 48 Cantones, si “defienden la democracia”, deben condenar a Israel por el genocidio palestino y el apoyo que Estados Unidos le da, expulsando de su comunidad a pastores sionistas reaccionarios. Guatemala debe dejar de obedecer a Estados Unidos y la Unión Europea, y crear su proyecto de Estado–nación, según su interés nacional, no según lo que ordene Estados Unidos. ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de democracia financiando genocidios para beneficiar a su industria militar y con su sociedad colapsando? ¿Democracia recibiendo órdenes gringas? Es la contradicción del movimiento de octubre de 2023, igual que 2015. Movimientos indígenas financiados por EEUU. no nos interesan”.
Esta “defensa de la democracia” ¿no será un nuevo instrumento de dominación pergeñado por Washington, parte de las revoluciones de colores y las guerras jurídicas, hoy tan de moda? Las formas de control se reciclan: ayer dictaduras sangrientas, ¿hoy “defensa de la democracia?”
Por Marcelo Colussi, El autor es politólogo, catedrático universitario e investigador social de origen argentino, residente en Guatemala. Es colaborador de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina.
Ciudad de Guatemala, 18 de noviembre 2023.
Crónica Digital / Prensa Latina.
