La colectividad de izquierda recordó que el Gobierno de Frei se caracterizó por su labor privatizadora y la desregulación de la economía y que su propuesta surge del temor de perder el gobierno. Sin embargo, precisó, ello no significa que la idea carezca de validez en sí misma.
De hecho, consignó que la IC fue la primera colectividad política chilena que hizo pública esta propuesta en el contexto mismo de la puesta en marcha del plan de transporte. En esa ocasión, manifestaron en una declaración pública que la forma de solucionar en forma definitiva los problemas era avanzar hacia un transporte público de control o propiedad estatal, recuperando el sentido de servicio.
Nos parece que el apresurado rechazo del Gobierno a la propuesta, así como las destempladas reacciones adversas de sectores de la Concertación, son una muestra contundente de la descomposición política y moral existente en el oficialismo, que se expresa en su profunda reconversión ideológica al neoliberalismo, indicaron.
En el caso específico de la Alianza por Chile, agregaron, su rechazo no es sino la confirmación de su adhesión religiosa a los mitos neoliberales. Es también una evidencia que, pese a sus críticas populistas al Transantiago, el pueblo nada puede esperar de la derecha, subrayaron.
Un transporte público y centralizado es propio de todas las sociedades modernas, al margen de su adscripción a la economía de libre mercado, como son los casos de Washington, Berlín, Londres y Tokio. En los países donde el transporte público funciona, no se hace con fines de lucro, enfatizaron.
Agregaron que se trata de una tendencia mundial, que sólo en Chile se intenta contradecir, a consecuencia de los prejuicios ideológicos de la elite que controla el poder.
Sobre los recientes incidentes producidos en torno al Transantiago manifestaron que muestran que, pese a los anuncios del Gobierno, los problemas aún persisten sin resolver: todo indica que la salida no es parchar un proyecto de transportes que está mal diseñado y continuar dilapidando los recursos públicos, que pertenecen a todos los chilenos, incluyendo ciertamente a los habitantes de las regiones.
Más repudiable aún, puntualizaron, es que la respuesta del Gobierno frente a la justa indignación de la gente sea insistir en la represión policial y la criminalización de la protesta de la ciudadanía.
Los hechos también muestran que la paciencia de la gente ya está colmada. No hay duda de que vendrán protestas de mayor envergadura contra el Transantiago, si es que el problema no es enfrentado con la profundidad que requiere. Por otra parte, no tenemos duda de que lograr la materialización de una solución como la indicada pasa precisamente por el desarrollo de la movilización de la gente, dijeron.
En ese sentido, subrayaron que la tarea del momento es plantear la lucha por la creación de una empresa estatal que garantice un transporte público eficiente y de calidad. Al respecto, indicaron que el enorme volumen de recursos que el Gobierno ha destinado hacia un proyecto fracasado, así como el estado de las arcas fiscales, son una demostración de que hay disponibilidad presupuestaria para emprender un proyecto de las características señaladas.
Concluyeron que no basta que el Estado tome el control del transporte público para que los problemas sean resueltos. También es necesaria la participación ciudadana, que podría expresarse en un Consejo Metropolitano del Transporte Público, coordinado por el Ministerio del ramo e integrado con concejales, alcaldes y otras autoridades y representantes de las uniones de juntas de vecinos, así como las organizaciones de usuarios, estudiantiles y laborales, con facultades resolutivas y capacidad para hacer viable el vínculo de las políticas de transporte con las necesidades de la población.
Santiago de Chile, 17 de mayo 2007
Crónica Digital , 0, 32, 3