El abogado Alfredo Morgado, quien representa a las familias de la victimas, afirmó que «es sospechoso» que el general Juan Emilio Cheyre, jefe de la institución castrense, diga que sólo conoció las verdaderas circunstancias del accidente el pasado 12 de enero.
El jurista, que también representa a familias de 44 conscriptos fallecidos en la tragedia de Antuco, accedió al sumario por la muerte del suboficial Jorge Basulto y otros dos uniformados ocurridas en dudosas circunstancias el pasado 28 de septiembre.
La tragedia, segunda ocurrida durante el 2005 por irresponsabilidad en los mando militares, volvió a las primeras planas la semana pasada cuando se conoció el procesamiento de los jefes a cargo de la base al momento en que una patrulla cayó a una grieta.
Pese a que las primeras versiones apuntaban a un accidente durante una misión oficial, en el sumario se supo que se trató de un viaje irregular destinado a rescatar un trineo que el día anterior se había perdido con uniformes y equipos de alta tecnología.
En esta acción, el teniente coronel Armando Ibáñez, adulteró un documento -con una firma anterior de uno de los fallecidos- para ocultar que las víctimas fueron enviadas por ordenes superiores a pesar de las advertencias sobre el peligro que corrían en la misión.
El sábado pasado, el propio Cheyre aseguró que el Ejército había actuado con total transparencia, por lo cual se hizo parte de la querella criminal y de un sumario interno para investigar las responsabilidades superiores.
No obstante, en su edición de hoy, el diario La Tercera detalla que el comandante del Departamento Antártico del Ejército, coronel Miguel Santibáñez, declaró ante la fiscalía que fue orientado por oficiales superiores de la institución.
Según el oficial, el alto mando pretendía ocultar a la opinión pública que la misión donde murieron los oficiales no estaba autorizada y que el verdadero propósito era rescatar un trineo perdido, a fin de salvaguardar la imagen institucional, afectada tras el caso Antuco.
Santibañez declaró que el general José Miguel Piuzzi, perteneciente entonces al Comando de Apoyo Logístico, lo «orientó» para no consignar -en un informe del 5 de octubre- que los militares muertos realizaban una misión no autorizada.
Testificó que se le dieron indicaciones para «encapsular» el tema y evitar filtraciones sobre las verdaderas circunstancias, para evitar nuevos cuestionamientos al Ejército como los surgidos por los sucesos de Antuco, ocurrida en mayo del pasado año.
En Antuco, conocida como la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas chilenas en tiempos de paz, 44 jóvenes reclutas -todos menores de 19 años provenientes de familias muy humildes- fueron enviadas a una peligrosa caminata en medio de una fuerte tormenta de nieve y viento.
Sin entrenamiento y mal vestidos, los conscriptos y un sargento que los acompañaba no pudieron resistir el intenso frío y murieron congelados. Sus cuerpos tardaron días para ser encontrados, enterrados bajo varios metros de nieve en la cordillera Andina.
El Ejército salió muy mal parado la tragedia, que puso en evidencias una severa crísis en el seno de la institución. Dirigentes políticos y parlamentarios pidieron entonces una revisión de la doctrina militar y la renuncia del general Cheyre.
Santiago de Chile, 6 de febrero 2006
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