En conferencia de prensa ofrecida en la víspera, el presidente del PC, Guillermo Teillier, y la abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, rechazaron la medida de Montiglio, ya que la ley de amnistía es una ley que proviene de la dictadura de Pinochet, lo que se contradice con la opinión de la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que no habrá impunidad en nuestro país», sostuvieron los dirigentes.
El magistrado absolvió el pasado jueves al general (r) Sergio Arellano, principal implicado en el caso Caravana de la Muerte, un sangriento operativo que recorrió de norte a sur el país en octubre de 1973 ejecutando a más de medio centenar de prisiones políticos.
En el mismo fallo aplicó la controvertida Ley de Amnistía -aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los militares que protagonizaron graves violaciones a los derechos humanos- a tres ex represores vinculados en este emblemático caso.
Por su parte, la abogada Urquieta calificó el fallo de Montiglio de «absolutamente contrario a derecho, ya que viola toda la ley internacional en materia de derechos humanos. Esto es un tremendo retroceso a la causa que lucha por la verdad y la justicia».
En tanto, el carismático líder comunista sostuvo que espera que la justicia revierta la aplicación de esta ley, y que el Ejecutivo busque alguna solución «para que esta ley de amnistía no se pueda seguir aplicando».
GOBIERNO DESCARTA AMNISTIA A EX REPRESORES
En tanto, el gobierno restó el jueves último trascendencia al fallo de un juez que absolvió al general (r) Sergio Arellano Stark y aplicó la Ley de Amnistía a otros tres represores vinculados al emblemático caso de Caravana de la Muerte.
El ministro de Justicia Isidro Solís indicó que la resolución del magistrado Víctor Montiglio, a cargo del proceso desde el pasado año, no es vinculante para ninguna otra causa y tribunal.
«No es una señal, no es más que la resolución de un juez en la causa que él está conociendo y fallando, eso no vincula otras causas, ni a otros magistrados y cada uno de ellos tendrá un criterio diferente cuando tenga que dictar sentencia», sostuvo la autoridad.
Tras una reunión del gabinete en La Moneda, el secretario de Estado agregó que lo de Montiglio, juez que investiga también el origen de la fortuna del ex dictador Augusto Pinochet, confirma una línea de resoluciones que ya había establecido con anterioridad.
Tras conocerse el fallo, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, se presentó en el Palacio de Gobierno para solicitarle al ministro del Interior, Andrés Zaldívar, que el gobierno tome cartas en el asunto.
Leal demandó al jefe de gabinete que el gobierno otorgue el carácter de suma urgencia a un proyecto de ley -estancado actualmente en el Congreso- que establece la imprescriptibilidad y la imposibilidad de aplicar amnistías en los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Según Leal, el juez Montiglio comete un profundo error jurídico al absolver al general Stark, quien encabezó el sangriento operativo que recorrió de norte a sur el país en octubre de 1973 ejecutando a personas detenidas después del golpe militar.
«El juez sostiene, para aplicar la amnistía, que en Chile no hubo estado de guerra. Sin embargo, el decreto número cinco es conocido y se sabe que el propio régimen militar señaló que el estado de sitio imperante, debía entenderse como un estado de guerra», subrayó.
El diputado aseguró que el ministro Zaldívar se comprometió a poner este tema en carpeta en el comité político de ministros del próximo lunes.
CARMEN HERTZ DETERMINACIÓN DE MONTIGLIO AL BORDE DE LA ILEGALIDAD
Por su parte, la abogada de derechos humanos y querellante en el caso, Carmen Hertz, acusó el sábado a Montiglio de poner a Chile «al borde de la ilegalidad» por su decisión de otorgar amnistía a ex represores de la dictadura militar.
«Hay extensos fallos, incluida la Corte Suprema, en los cuales se recogen todas las obligaciones internacionales que Chile ha contraído y que tienen preeminencia absoluta frente a una autoamnistía espuria y absolutamente ilegal», subrayó la abogada.
Hertz no descartó recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el fallo no es revertido en las próximas semanas por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Caravana de la Muerte, operativo donde fueron asesinados casi un centenar de personas, fue el primer caso por el que fue juzgado y procesado Pinochet tras su regreso de Londres en 2000.
Montiglio, un juez conservador que ha votado siempre en favor de Pinochet en todos los procesos desafuero que ha enfrentado en la Corte de Apelaciones, sustituyó el pasado año en la causa al magistrado Juan Guzmán, luego que éste pasó a retiro.
Santiago de Chile, 17 de abril 2006
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