Cuando el expresidente Barack Obama (2009-2017) logró la aprobación en 2010 de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, popularizada con el nombre del mandatario, los demócratas celebraron la medida como un paso importante en el complejo entramado del sector.
Al término de sus dos mandatos, el exmandatario defendió al Obamacare como uno de los principales logros de su administración, mediante el cual, según datos oficiales, 20 millones de personas pudieron acceder a una cobertura sanitaria.
Pero desde el inicio de la normativa el Partido Republicano se lanzó de lleno a criticarla y a buscar su eliminación, una lucha que ganó fuerza con la llegada al poder de Trump, quien hizo de la revocación de la ley una de sus principales promesas de campaña.
Mientras pasaban los meses se demostró que la meta trazada por el jefe de la Casa Blanca no era fácil de conseguir, pues ni siquiera con mayoría en las dos cámaras del Congreso el partido rojo logró los votos suficientes para poner fin a la iniciativa de Obama.
Cansado de esperar a que los miembros su formación logren un acuerdo en el Capitolio, el mandatario decidió actuar por su cuenta y dio dos pasos de peso la pasada semana para iniciar el desmantelamiento de la iniciativa vigente.
LOS PROBLEMAS DEL OBAMACARE
La derrota de las tentativas de eliminar el Obamacare, y el hecho de que la mayoría de los norteamericanos estuvieran en contra de las propuestas republicanas para sustituirlo, no significa que la ley de la administración previa carezca de problemas. Por el contrario, desde su nacimiento la medida presentó muchos aspectos polémicos que sirvieron de combustible a la formación roja en su cruzada contra esa legislación.
Siempre habrá cosas por hacer para reducir los costos, estabilizar los mercados, mejorar la calidad y ayudar a los millones de personas que no cuentan con seguro médico, reconoció el propio exmandatario en marzo pasado.
Para extender la cobertura médica al 15 por ciento de la población que carecía de ese beneficio, el Obamacare exigió que todos los estadounidenses tuvieran un seguro de salud, para lo cual ofreció subsidios que hicieran las primas más asequibles.
Al mismo tiempo, promovió la incorporación de personas más jóvenes y saludables, obligó a las empresas con más de 50 empleados a tiempo completo a ofrecer esa protección, creó mercados de seguros estatales y dio además la posibilidad de comprar cobertura en un mercado administrado por el gobierno federal.
De igual modo, prohibió a las compañías de seguros negar el servicio a quienes tienen problemas de salud preexistentes, permitió a los jóvenes permanecer en los planes de sus padres hasta los 26 años y amplió la elegibilidad para el programa de salud Medicaid, destinado a personas de bajos recursos.
Pero siete años después de aprobada esa normativa, la atención médica en Estados Unidos sigue siendo la más cara del mundo y la cobertura continúa fuera del alcance financiero de muchos norteamericanos.
Muy criticado ha sido el mandato individual que obliga a los ciudadanos a adquirir un seguro o ser penalizado si no lo hace.
Al mismo tiempo, para algunas personas de ingresos medios los subsidios disponibles no son lo suficientemente generosos y las multas por no tener cobertura son demasiado pequeñas, por lo cual no se animan a inscribirse en los planes.
Frente a esa situación, los mercados han tenido un comportamiento turbulento, muchas aseguradoras cerraron, salieron de los mercados o cambiaron sus ofertas cada año, y las primas han aumentado.
En la actualidad, unos 30 millones de estadounidenses aún carecen de cobertura sanitaria.
LAS ALTERNATIVAS REPUBLICANAS
El principal problema con las propuestas republicanas para revertir y sustituir el Obamacare es que ninguna de ellas mostró el potencial de resolver esos problemas, sino que, en muchos casos, parecían condenadas a empeorarlos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, un órgano no partidista que analiza los costos y posible impacto de los proyectos de ley, estimó que cada iniciativa del partido rojo hubiera elevado el número de ciudadanos sin seguro o aumentado las primas para los adultos mayores y las personas con condiciones preexistentes.
Con los pasos dados la semana pasada, en tanto, Trump tampoco parece despejar el complicado panorama de la atención médica.
El 12 de octubre firmó una orden ejecutiva para facilitar la adquisición de seguros más baratos y, de acuerdo con opositores a la medida, de menor calidad.
Funcionarios del gobierno explicaron que la directiva facilitará las reglas para que las pequeñas empresas se unan en la compra de seguros a través de lo que se conoce como Planes de Salud de Asociación.
La directiva también llama a ampliar la disponibilidad de planes de seguro de bajo costo, limitados y de corto plazo, así como el uso de cuentas con ventajas fiscales para pagar los gastos.
El problema que le ven muchas fuentes a la medida es que si bien traerá costos más bajos para un sector de la población que forme parte de las referidas pequeñas empresas, también podría desestabilizar el Obamacare y elevar los costos para quienes tienen condiciones médicas preexistentes.
La Casa Blanca anunció ese mismo día que, además, el gobierno dejará de pagar los beneficios de reducción de costos compartidos (CSR).
Tales subsidios, que resultan claves dentro del Obamacare, han sido muy criticados por el mandatario republicano, quien los considera un rescate financiero a las aseguradoras.
Esas firmas, asociaciones hospitalarias y la Cámara de Comercio enviaron el fin de semana una carta a la dirigencia republicana y demócrata del Senado y la Cámara de Representantes en la cual pidieron que se financien los CSR.
‘Habrá graves consecuencias sin la acción del Congreso: millones enfrentarán primas más altas, menos opciones y menos acceso a la atención médica que precisan’, señaló la misiva.
La decisión de Trump de cortar este financiamiento recibió numerosas condenas de miembros del Partido Demócrata, pero también fue cuestionada por figuras de la propia fuerza política del presidente.
El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, calificó la medida de devastadora, mientras que 18 estados y Washington DC entablaron una demanda judicial en un tribunal federal de California para evitar que la administración detenga los pagos.
Por Martha Andrés Román*
Corresponsal jefa de Prensa Latina en EE.UU.
Washington, 20 de octubre 2017
Crónica Digital /PL
