Sólo unos 798 mil (el 26 por ciento) de entre 18 y 29 años están inscriptos en el registro electoral de los casi tres millones que, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), estarían en esa franja de edad.
El tema constituye una preocupación para el gobierno, los sectores progresistas y las instituciones cívicas chilenas, que han alertado sobre la necesidad de tomar medidas que contribuyan a estimular la participación de los jóvenes.
«De mantenerse la resistencia de la juventud a inscribirse, en siete u ocho años más el padrón se envejecerá a tal punto que representará el 50 por ciento de la población con derecho a voto», comentó a Prensa Latina el diputado Antonio Leal.
El legislador del oficialista Partido por la Democracia (PPD) ha encabezado la lucha en el Congreso por un proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario, para facilitar los engorrosos trámites para registrarse.
La iniciativa, rechazada por legisladores de la extrema derecha opositora y algunos del propio gobierno, no contó con el respaldo suficiente y tuvo que ser archivada para «tiempos mejores», según Leal.
La objeción proviene de los sectores conservadores que temen que el importante volumen de votos que generaría esa masa -que por tendencia histórica se vuelca más hacia la izquierda, podría inclinar la balanza en un proceso electoral cerrado.
«Si no hacemos nada corremos el riesgo de que en un tiempo no muy lejano el sistema político chileno pierda su legitimidad», advirtió el diputado, quien destacó que sólo el seis por ciento de los 8,2 millones de personas inscriptas para votar son jóvenes.
En Chile el sufragio es obligatorio, pero la inscripción es voluntaria, lo que significa que una vez que alguien se registra en el padrón electoral no puede salir nunca más del sistema, afirman muchos jóvenes, aunque esa no sería la causa fundamental o la única.
La participación de los chilenos en actividades políticas apenas sobrepasa el 2,5 por ciento, mientras los partidos tradicionales aparecen como las instituciones nacionales menos creíbles de la sociedad, junto con el Poder Judicial, según encuestas recientes.
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Los problemas de los jóvenes no les interesan al mundo político, salvo cuando se acercan las elecciones», comentó a Prensa Latina Rodrigo Bustos, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).
A esta masa de potenciales votantes se unen poco más de 870 mil chilenos residentes en el exterior, a los cuales la Constitución, heredada de la dictadura militar, no les da la posibilidad de votar, aunque estén registrados en Chile.
En su mayoría son exiliados o personas que tuvieron que abandonar el país durante la sangrienta dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) por temor a ser asesinados y que se llevaron a sus familias o crearon otras en el extranjero.
Conocidos como los «patiperros», por provenir en su mayoría de sectores populares y de izquierda, ellos sí quieren votar, pero no pueden ni podrán hacerlo mientras el Congreso, dominado por sectores conservadores, no modifique la ley electoral.
Quienes se oponen a reconocer el derecho constitucional de cada ciudadano sin importar donde esté -moción afincada fundamentalmente en la derecha- sostienen que políticamente no les conviene, pues aseguran que la mayoría de ese enorme electorado vota por la izquierda.
Y claro, semejante cantidad de sufragio se vuelve un «monstruo» si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales de 1999 entre el oficialista Ricardo Lagos y el representante de la derecha opositora, Joaquín Lavín, se decidió por apenas 40 mil votos.
Por:Angel Pino R. El autor es periodista y director de la Corresponsalía de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 9 de diciembre 2005
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