La acción judicial fue presentada contra el rector de la Casa de Estudios, Miguel Ángel Avendaño; el director de su Programa Educacional en Tecnología, Sergio Gallardo, y de todos los que resultaran responsables de la comisión del delito de estafa, sancionado por los artículos 467 y siguientes del Código Penal.
Esta querella se refiere a los eventuales ilícitos producidos en el marco de un Convenio suscrito en el 2004 entre la Universidad y la Sociedad de Servicios Educacionales Aula, a través del cual se transfirió a aquella entidad la administración del Programa Regular de Formación de Profesores de Educación General Básica en las sedes de Ovalle, San Antonio y San Fernando.
El 27 de septiembre del año pasado, Sergio Gallardo Espinoza, mediante Memorándum Nº 588 ordenó que los depósitos de pago de aranceles de los estudiantes del Programa fueran centralizados en la cuenta corriente de EDUTEM, una sociedad privada formada en el 2003, que controla la misma Universidad y cuyo presidente es el mismo rector.
Es decir, encontrándose aún en vigencia los términos del Convenio, se ordenó intervenir arbitrariamente ingresos cuyo control correspondía a Aula, según mandato establecido en el Convenio.
Esa situación engañosa generada por UTEM en concomitancia con EDUTEM, produjo a Aula un perjuicio patrimonial de una cifra no menor a 250 millones de pesos, es decir, casi medio millón de dólares.
Es importante destacar que el abogado Eduardo Contreras en octubre pasado interpuso una querella contra el rector Avendaño, en representación de los estudiantes, a través de la cual se hicieron parte de una investigación que fue iniciada por una denuncia previa de académicos. Esa acción judicial fue la culminación de una serie de movilizaciones y protestas que realizaron los estudiantes, en rechazo a las irregularidades existentes en la gestión del rector.
Un informe de la Contraloría General de la República, del 27 de abril de 2005, examinó el incremento sustantivo del déficit de la Universidad en los dos años últimos, el que llegaba a los 6.900 millones de pesos. En ese sentido, señaló Contreras, la querella que fue presentada en representación de Aula constata que los hechos ilícitos se inscriben en el marco del complejo estado financiero y administrativo que vive la UTEM.
En ese sentido, indicó que la autoridad universitaria estableció el convenio con Aula con el solo propósito de beneficiarse de su trabajo, que por un año logró una regularización financiera y administrativa del Programa.
Por su parte, el director de Aula, José Manuel Flores, acotó que la crisis que enfrenta la UTEM quedó confirmada en enero pasado, luego que no fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). Ese hecho ha generado un fuerte clima de tensión en la Universidad, en el marco del inicio del nuevo Año Académico.
Santiago de Chile, 20 de marzo 2006
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