El jefe de la Unidad de Extradiciones de la Produraduría Anticorrupción, Yván Montoya, viajó este martes a Chile para coordinar acciones de defensa del Estado en el proceso contra Fujimori.
Mediante resolución suprema, el Ejecutivo consideró urgente y necesario autorizar la comisión de trabajo del referido funcionario a Santiago de Chile hasta el 20 de julio.
A su retorno, Montoya tendrá un plazo de 15 días para presentar un informe de los resultados obtenidos durante el viaje ante el titular de la Procuraduría Pública Ad-Hoc, Antonio Maldonado.
La defensa de Fujimori ha interpuesto medidas dilatorias para evitar su extradición, expresó la víspera Maldonado en declaraciones a los reporteros.
Los recursos dilatorios de la defensa de Fujimori hacen imposible que la justicia chilena emita un pronunciamiento en torno a su extradición antes del 28 de julio, indicó el funcionario.
Entretanto, el abogado chileno que defiende los intereses del Estado peruano en este caso, Alfredo Echeverri, está tomando las acciones legales necesarias para revertir esta actitud, añadió.
Fujimori, en Chile desde noviembre pasado en espera de una decisión sobre el pedido de extradición a Perú, enfrenta 12 acusaciones por violación de los derechos humanos y corrupción.
Los expedientes con que la justicia peruana solicita la presencia de Fujimori aquí son:
1- La matanza de 15 personas en Barrios Altos y la desaparición y posterior ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
2- El pago de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos por concepto de compensación por tiempo de servicios.
3- El pago irregular a los llamados congresistas tránsfugas para que desertaran de sus organizaciones y apoyaran el régimen fujimorista.
4- La malversación de donaciones japonesas a la ONG Apenkai, que dirigían familiares cercanos al ex presidente.
5- La compra irregular de maquinarias chinas.
6- El allanamiento de la casa de Montesinos luego que este cayera en desgracia, sin la presencia de un representante de la Fiscalía.
7- La orden para realizar interceptaciones telefónicas a políticos y principales autoridades del país.
8- La emisión de varios decretos de urgencia con la expresa intención de comprar maquinaria china.
9- La desaparición de la agente de inteligencia Mariela Barreto, y las torturas a Leonor La Rosa y Susana Higuchi.
10- Los desvíos de fondos del Servicio de Inteligencia Nacional a la Casa Militar.
11- El financiamiento al astrólogo argentino
Héctor Faisal y la página web Aproved, para difamar a políticos y opositores al régimen.
12- El pago de dos millones de dólares que
adeudaba el publicista Daniel Borobio al sistema tributario nacional.
Lima, 18 de julio 2006
Prensa Latina , 0, 230, 11
