En su lugar, los miembros de la Cámara Alta decidieron por unanimidad remitir el texto de nuevo a la Comisión de Defensa, a pesar de que estaba en la agenda para ser sometido a votación esta tarde.
La medida responde a la necesidad de analizar el documento en detalle ante los temores del legislativo por las consecuencias que traería para Chile la suscripción del tratado de cara a las amenazas de represalias en materia de defensa de Estados Unidos.
Según el presidente de la comisión, el derechista Juan Antonio Coloma, «es a lo menos razonable» poder analizar todas las implicaciones que respecto de este punto podría tener la suscripción del TPI.
En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el socialista Jaime Naranjo, dijo que se debe entender que esta iniciativa requiere de un quórum alto y es necesario agotar todas las vías para viabilizar una aprobación.
La postergación del pronunciamiento del Senado no debiera exceder el plazo de una semana, indicaron ayer a la agencia de noticias Prensa Latina fuentes del legislativo.
Horas antes, la presidenta Michelle Bachelet había declarado que la ratificación del TPI por parte de Chile «es un compromiso del país con los derechos humanos» y que este se hará bajo un marco soberano e independiente.
«Que seamos parte del Tribunal Penal Internacional habla de nuestro compromiso pleno y responsable con la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo», afirmó Bachelet.
La mandataria enfatizó que la ratificación del convenio «la haremos con una posición como siempre lo ha hecho Chile: soberana e independiente» y descartó presiones de Estados Unidos para evitar que Chile adhiera a este convenio internacional.
«Chile es digno y tiene su propia posición soberana e independiente cada vez que se expresa sobre los temas que le parece necesario alzar la voz», admitió la jefa de Estado.
El TPI fue firmado en julio de 1998 en la capital italiana y ya ha sido ratificado por más de 100 países. Chile también lo suscribió, pero esperaba llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de someterlo al Congreso para tratar de evitar represalias militares.
El gobierno norteamericano exige a los países que suscriben el Estatuto de Roma -que crea el TPI- la firma de un acuerdo que excluye a los estadounidenses de ser juzgados por ese tribunal internacional si desean evitar represalias en materia de defensa.
Valparaíso, 30 de agosto 2006
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