Las hijas del ex militar anunciaron que pedirán que se le dé preferencia a todos los posibles recursos que interpongan las defensas de los procesados, con el fin de que este caso emblemático concluya durante los próximos meses.
A través de su abogado, destacaron que no existe posibilidad alguna de lograr la extradición, para ser juzgado en Chile, del ex agente norteamericano Michael Townley, considerado autor principal del crimen y acogido a un sistema de protección de testigos en Estados Unidos.
Pamela Pereira, una de las abogadas querellantes, manifestó su deseo de que este proceso judicial cuente con una sentencia condenatoria contra la cúpula dirigente de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y varios de sus agentes.
Prats y su esposa Sofía Couthbert fueron asesinados un día como hoy en 1974 al explotar una bomba colocada en su auto cuando regresaban a su residencia en Buenos Aires, donde vivían como refugiados tras el sangriento golpe militar de septiembre de 1973.
En el proceso judicial abierto en Chile en 2002, el juez Alejandro Solís mantiene procesados al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, el general (R) Raúl Iturriaga, y los brigadieres (R) Pedro Espinoza, José Zara, Christophe Willike y Reginaldo Valdés.
También están encausados los civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas, ex compañera sentimental de Townley. El magistrado dio por concluida ya la investigación, pero las defensas de los encausados solicitan más de 40 diligencias para pedir su reapertura.
Las hijas del matrimonio señalaron que «la voluntad de la familia Prats es que a la mayor brevedad podamos tener la sentencia definitiva de primera instancia y nosotros aspiramos a que ello ocurra a hacia fin de año o principio 2007, a más tardar».
Para ellas las diligencias solicitadas sólo constituyen una conducta dilatoria para tratar de postergar el fallo de sentencia, dado que los antecedentes acumulados en la investigación del crimen son «absolutamente contundentes y demostrativos» contra los acusados.
Pereira anunció que en la tramitación de todos estos recursos, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se exigirá que se haga cumplir la instrucción de la Corte Suprema en cuanto a darles una vista preferente, con el fin de no retardar la investigación.
Respecto a cuál es la sanción que esperan para los ex uniformados que asesinaron a un ex comandante en jefe de la institución, la profesional dijo que «esperamos la sentencia proporcional, justa, ante un crimen horroroso».
Consultada por cuál es la evaluación que hace del desempeño de los tribunales, la profesional comentó que la voluntad para investigar y aclarar este crimen no existió por parte del Estado chileno durante muchos años.
«Sólo cuando se reunieron los antecedentes suficientes que permitieron pedir la extradición de un conjunto de oficiales del Ejército chileno es que esta petición se acoge positivamente acá en la Corte Suprema», recordó.
La abogada valoró como muy positiva, en cambio, la conducta del Estado argentino y sus instituciones en cuanto a su voluntad política de llevar adelante las investigaciones para esclarecer el crimen. «Si no hubiera sido por ellos, este caso no hubiera prosperado», apuntó.
Santiago de Chile, 30 de septiembre 2006
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