Después de años de controversia, se dio luz verde a la multinacional canadiense Barrick Gold -en la cual George Bush (padre) posee fuertes inversiones- para iniciar la explotación de vastas reservas de oro en la Región de Atacama, en la frontera con Argentina.
El proyecto había sido aprobado en febrero pasado por la Comisión Regional, sujeto a unas 400 condiciones, entre ellas, la prohibición de intervenir los glaciares emplazados en el área de extracción de oro, lo que fue refrendado este martes por la CONAMA.
La Barrick Gold, con una pésima reputación internacional por conflictos medioambientales en los países en que ha operado -incluyendo a Chile-, prometió 60 millones de dólares a la Junta de Vigilancia del Valle del Huasco (donde radica la mina) para lograr su respaldo.
Al conocer la noticia, Marcel Claude, de la Fundación Oceana -una de las más importantes organizaciones ambientalistas en el país- expresó su decepción por la decisión adoptada, que se contradice -aseguró- con las promesas de la actual mandataria.
Bachelet -dijo- aseguró a los chilenos durante su campaña presidencial y luego lo ratificó el pasado 21 de mayo al delinear las principales líneas de su gobierno, que «ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente».
Para Claude, «este compromiso ha sido vulnerado en menos de un mes con la aprobación de Pascua Lama, lo que abre serias dudas sobre el valor de la palabra de la Presidenta», opinión con la que coinciden representantes de otras organizaciones no gubernamentales del sector.
Rodrigo Pizarro, director de Fundación Terram, apuntó sus críticas a la debilidad de la institucionalidad ambiental para afrontar estos megaproyectos, en los que se privilegian fundamentalmente las opiniones de las transnacionales por sobre la posición de la ciudadanía.
«La aprobación del proyecto deja al descubierto, una vez más, las graves falencias que presenta la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país», subrayó tras destacar que de 46 reclamaciones presentadas por organizaciones sociales, sólo fueron acogidas dos por las autoridades.
Resaltó que ello pone en evidencia como las decisiones ambientales muestran un desequilibrio entre los intereses de las comunidades y los de las grandes empresas del sector privado.
En tanto, el director del Instituto de Ecología Política (IEPE), Manuel Baquedano, explicó que éste es un proyecto que viene del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, el cual fue refrendado por Bachelet como parte de la política neoliberal de la Concertación.
La máxima preocupación del ambientalista radica en cómo se va a garantizar que finalmente la minera canadiense cumpla con no intervenir los glaciares de la zona, que pondría en peligro la existencia de miles de familias que dependen de la agricultura en el Valle del Huasco.
«El problema del futuro va a ser cómo se pueden llevar adelante las resoluciones de aprobación del proyecto, ya que todavía no queda claro que la empresa acate las limitaciones que se hicieron en relación a los glaciares», resaltó.
Baquedano adelantó que los próximos días presentarán un proyecto de ley, junto al senador de Renovación Nacional Antonio Horvath, para proteger estas masas de hielo, ya que la actual institucionalidad no da garantías para su cuidado.
Santiago de Chile, 14 de junio 2006
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