estas compañías de acuerdo a la información y antecedentes que se ha logrado recabar y sistematizar hasta ahora sobre más de 1000 Multinacionales y los 100 holding, con sus más de 700 filiales, más emblemáticos y conocidos en el país, de capitales extranjeros, multilatinas y empresas exportadoras.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) reúne hoy a los 30 países más desarrollados del mundo y tiene en lista a 6 nuevos postulantes, entre los que se cuenta Chile. No obstante, que aún nuestro país no es un miembro pleno, es signatario de la Convención Anti-corrupción y de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales que establecen el comportamiento laboral y ambiental los países esperan que sus empresas tengan en otras naciones, en especial, los miembros de la OCDE.
Por tanto, estas directrices están absolutamente vigentes no sólo por ser Chile signatario, sino que además, porque la política nacional de apertura comercial y el sinnúmero de tratados bilaterales firmados a este respecto, ha producido que más del 80% de Empresas Multinacionales y Holdings hasta ahora detectados, proceden de algún país de la OCDE, sean éstas europeas, asiáticas o del continente americano, y que además, son estratégicas para la economía, ya que representan entre el 85% y 90% del Producto Interno Bruto (PIB).
A nivel histórico-anecdótico es bueno recordar que las primeras directrices para Multinacionales se aprobaron en el año 1976 y los países de la OCDE tuvieron en consideración el rol que había jugado la ITT para el derrocamiento del gobierno democrático constitucional del Doctor Allende y luego fueron revisadas y adecuadas al mundo actual en el año 2000.
El conocimiento público de estas Directrices es escaso y más escaso aún es el conocimiento sobre su ámbito de acción, las implicancias para las empresas y gobiernos en caso de no cumplimiento y el manejo de los procedimientos que se deben poner en marcha para resolver y corregir los comportamientos reñidos con las normas que están acordadas en estas directivas. Dicho sea de paso, estas normas fueron largamente discutidas por los países, consultadas con los sindicatos y los empresarios y finalmente, aprobadas por consenso por todos los miembros de la OCDE.
Así, el gobierno debiera ser el primer interesado en su cumplimiento para instalar en el competitivo mercado mundial una imagen de marca/país para sus productos basada más que en los bajos precios de la mano de obra, en la calidad, lo que le permitiría cumplir con dos objetivos de país. Por una parte, asegurar a las empresas que entran y salen una cierta sustentabilidad, y por otra, avanzar en el trabajo decente a partir de los estándares laborales que exigen las directrices de la OCDE y que están en plena coherencia a su vez con los derechos de la OIT y muy particularmente con la declaración tripartita sobre multinacionales de este organismo de la cual Chile también es signatario.
La realidad muestra que eso no es así y que de una somera aproximación de Observancia sobre estas Multinacionales y Holdings en Chile se ha encontrado con una seria y reiterada trasgresión a estas directrices en la mayoría de sus capítulos y que a modo de ejemplo citaremos algunas que por su relevancia exponemos para conocimiento público
En cuanto a principios generales, la mayor parte de las empresas no cumplen con el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental siendo tristemente conocidos los daños que causan en el medio ambiente, en la seguridad, higiene ambiental y laboral, la industria salmonera, de la minería, las forestales, entre otras.
La precariedad laboral del millón y medio de trabajadores/as subcontratados o de empresas de servicios transitorios son el mejor testimonio del no cumplimento de la recomendación que insta a que los socios empresariales, incluidos proveedores y subcontratistas apliquen principios de conducta compatibles con las derechos establecidos en las directrices.
Particularmente relevante resulta la permanente violación que hacen estas empresas a las recomendaciones de las directrices en el ámbito de la información, tanto en cuanto a su revelación, a su periodicidad, a su difusión, publicación, amplitud, veracidad, calidad, respecto de sus negocios, de sus estados financieros, su contabilidad, de sus reportes no financieros incluidos sus informes medioambientales y sociales.
En el trabajo realizado en el Sistema de Observación Laboral lo más sorprendente ha sido la falta de información disponible sobre la actividad empresarial y la insuficiente legislación nacional al respecto que exime de la responsabilidad de hacer públicas sus actividades financieras y no financieras a una impresionante cantidad de empresas, en su mayoría multinacionales, de las cuales nada se sabe de cuánto ganan, cuánto vendieron, cuántos trabajadores tienen, sus estructuras societarias, sus cadenas productivas, sus líneas de negocios, sus plantas geográficas, sus matrices, sus filiales, etc.
En su conjunto prácticamente el capítulo entero sobre información que deben proporcionar pública y transparentemente las empresas tanto a la ciudadanía en general como a sus trabajadores, no sólo no se cumplen sino que más bien son cotidianamente transgredidas.
Otro capítulo que llama la atención por su incumplimiento generalizado en Chile es el de empleo y relaciones laborales, de lo cual da fe el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados que pone de manifiesto la gran cantidad de violaciones que se hace a los derechos de los trabajadores/as, en particular, aquellos relativos a los procesos de negociación colectiva, en que las organizaciones sindicales no cuentan ni con los medios necesarios ni la información requerida para lograr convenios colectivos eficaces. Todos principios que aparecen en las directrices de la OCDE.
Sólo una vigilancia permanente desde los sindicatos sobre el cumplimento de los convenios suscritos en materias laborales y la denuncia cotidiana sobre sus transgresiones, obligará a una mayor presión gubernamental hacia las empresas y los empresarios para que basados en el respeto de los derechos podamos avanzar hacia una globalización del trabajo decente y a una inserción al mundo coherente con los principios de democracia, participación, equidad y no exclusión con que Chile quiere llegar a su bicentenario.
Por: Ana Bell Jaras es Directora Observatorio Laboral, Consejera Nacional CUT. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 10 de octubre 2006
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