Es posible que, en la reunión de Cochabamba, aunque seguramente se emitirá una declaración y se suscribirán algunos acuerdos concretos puntuales, especialmente en cuanto creación de grupos de trabajo, algunas obras de infraestructura diseñadas dentro de la IIRSA y acuerdos energéticos, queden todavía por definir asuntos sustanciales sobre los cuales hay enfoques bastante diferentes entre los países y entre ellos y las organizaciones populares.
Los obstáculos más importantes, que a su vez implican significativas diferencias, son los siguientes:
Fractura política
Hay importantes contradicciones entre dos sectores, el de los gobiernos que se distancian de Washington y el de los que se alinean incondicionalmente con esa potencia. Del primer lado están Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y del otro están Colombia, Perú, Chile y posiblemente Ecuador si gana Noboa. Aunque hay muy diferentes posiciones al interior de los bloques y no se pueden colocar todos los países en la misma situación, de todas maneras hay dos vertientes: Mientras que unos aceptan los TLC con Estados Unidos y el enfoque del libre comercio, los otros, en medio de la diversidad ensayan políticas que implican conceder importancia al sector público en la promoción del desarrollo y mantener una política internacional más cerca de los países del tercer mundo.
Estas diferencias pueden ilustrarse muy bien al examinar la contraposición entre las propuestas del presidente Evo Morales de Bolivia y las políticas adelantadas por Uribe Vélez en Colombia. En efecto, en la propuesta presentada el 2 de octubre por Morales se insiste en la importancia de adelantar el proceso con participación de las organizaciones sociales, en una integración «de y para los pueblos», con objetivo central de luchar contra la pobreza y la destrucción de la naturaleza y «no reducir la Comunidad Suramericana a una asociación para hacer proyectos de autopistas o créditos que acaban favoreciendo esencialmente a los sectores vinculados al mercado mundial».
Morales plantea el fortalecimiento del sector público para garantizar los derechos fundamentales. Habla de que «la flexibilización laboral y el achicamiento del Estado no han traído más empleo» y postula la implementación de mecanismos de tipo redistributivo y un sistema de lucha contra el narcotráfico que «supere los exámenes y recomendaciones de quienes han fracasado hasta ahora en la lucha contra las drogas».
Al mismo tiempo, se sugiere abandonar el camino de las privatizaciones, «apoyarnos y complementarnos para desarrollar y potenciar nuestras empresas estatales» y promover el comercio justo que supere los principios del liberalismo comercial. La creación de un Banco del Sur que permita «superar los problemas de otros bancos de fomento que cobran tasas de interés comerciales, que financian proyectos esencialmente rentables, que condicionan el acceso a créditos a una serie de indicadores macroeconómicos o a la contratación de determinadas empresas proveedoras y ejecutoras». También propone una «integración física para nuestros pueblos y no solo para exportar» y «fortalecer la integración y complementariedad de nuestras empresas de gas e hidrocarburos». La «creación de una instancia supranacional que tenga capacidad de dictar y hacer cumplir la normativa ambiental», la adopción de una Convención Sudamericana del Agua y no permitir el patentamiento de seres vivos.
Mientras tanto Uribe Vélez desde Colombia predica y práctica políticas diametralmente opuestas. Ha sido opuesto a la participación de las organizaciones sociales en los procesos de negociaciones internacionales y se caracteriza por la verticalidad y autoritarismo que suplanta e invade incluso las otras ramas del poder político. Da gran importancia a las obras de infraestructura dirigidas a fortalecer las exportaciones y considera el mercado interno colombiano agotado. Promueve toda clase de privatizaciones, el achicamiento del Estado, la flexibilización laboral y se adhiere a toda la estrategia norteamericana en materia de narcotráfico. Con la bandera del libre comercio promueve el debilitamiento de las empresas estatales y quiere privatizar la empresa Colombiana de Petróleos. En el TLC con Estados Unidos se comprometió a hacer esfuerzos para hacer aprobar el patentamiento de plantas y promueve proyectos que buscan que los bosques, los paramos, los parques naturales entren a los circuitos comerciales. Hace crecer el endeudamiento externo y la dependencia de las entidades multilaterales de crédito y practica una política exterior rígidamente apegada a las directrices de Washington.
En fin, la posición de Uribe Vélez de Colombia quien se hace portavoz en Sudamérica de las posiciones de Washington, impide una integración no solamente alternativa sino una que, al menos promueva cierta autonomía con respecto a las orientaciones de Estados Unidos, promueva la capacidad del sector público de promover el desarrollo y no se adscriba ciegamente a los dogmas del libre comercio. Esto ha llevado al gobierno Colombiano a adoptar posiciones como el apoyo a la invasión a Irak, el apoyo a las posiciones norteamericanas en la OMC, ONU y demás foros internacionales.
Los Tratados de Libre Comercio
La adopción de políticas comunes en aspectos sustanciales, comenzando por los puramente comerciales se dificulta por la existencia de los tratados de Colombia, Perú y Chile con Estados Unidos. Estos tratados otorgan a Estados Unidos en múltiples aspectos la cláusula de nación más favorecida con la cual cualquier concesión que los países suramericanos hagan a otros países, deben ser extendidas a Estados Unidos. También los TLC establecen bajos aranceles y un proceso rápido de desgravación de bienes agrarios e industriales que impiden políticas de protección. También fomentan la privatización y amarran las manos de los Estados para la promoción de políticas públicas, el fomento de la industrialización y establecen para el funcionamiento de las economías criterios puramente comerciales. La existencia de múltiples Tratados de Libre Comercio de algunos países sudamericanos entre si o con otros países de fuera del continente establecen rígidos parámetros económicos ante los cuales la armonización de políticas macroeconómicas monetarias o cambiarias resulta imposible a menos que los países que no son partidarios o no tienen TLC adopten esos estándares. No hay que olvidar que los países del MERCOSUR, incluyendo a Venezuela se opusieron vehemente a la suscripción del ALCA y la definición de políticas comunes en materia de compras estatales, inversión y propiedad intelectual en la Comunidad Sudamericana sería imposible a menos que todos los países adoptaran las definiciones contempladas en esos tratados las cuales superan ampliamente los definidos en la OMC. No incluir en las negociaciones conducentes a la creación de la Comunidad Sudamericana la discusión sobre los TLC, implicaría sustraer los principales asuntos económicos de las definiciones de la Comunidad y con ello la harían inviable o inoperante.
Dificultades para la adopción de políticas comunes en el escenario internacional
Dados los puntos anteriores, en los principales escenarios mundiales los países de Sudamérica adoptan y han adoptado posiciones diferentes y contradictorias. La firma de los TLC anula la posibilidad de los países que los suscribieron de hacer causa común con los países en desarrollo en el seno de la OMC. Las divisiones acerca de la elección del Secretario General de la OEA o del puesto de América Latina en el Concejo de seguridad de la ONU son prueba de estas diferencias y la salida de Perú y Colombia del G-20 durante las reuniones de Cancún también. Es evidente que mientras Venezuela y Brasil promueven políticas de acercamiento a los países en desarrollo, Uribe Vélez y Alana García han cifrado todas sus esperanzas en identificarse con la política exterior de Estados Unidos. Argentina ha entrado en conflicto con las entidades multilaterales de crédito, mientras que Colombia y otros países siguen cuidadosamente sus recomendaciones. Sin la adopción de políticas comunes en el escenario internacional el bloque sudamericano no puede ser identificado como tal en la comunidad internacional.
IIRSA
Un campo en el cual se pueden adoptar acuerdos de tipo práctico en el proceso de creación de la Comunidad Sudamericana es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Suramericana, IIRSA. Sin embargo este plan tiene un énfasis exportador y hacia los mercados externos a la región y sus diversos aspectos no han recibido el suficiente debate por parte de la sociedad civil y de las comunidades que serán afectadas. En la construcción de infraestructura hay que privilegiar el mercado suramericano, el bienestar de la población y el desarrollo de los países. Existen serios reparos de tipo ambiental y social a muchos de sus proyectos y no es desdeñable el temor de muchos sectores de que los efectos ambientales y sociales sean devastadores y de que su concepción mantenga un modelo de desarrollo agro o minero exportador y descarte la verdadera integración regional. Estos criterios y los principales reparos no son compartidos por la mayoría de los gobiernos. Una vez más habría que destacar la posición crítica, y por ahora solitaria, asumida recientemente por Evo Morales.
Compromisos efectivos
La creación de la Comunidad es un proceso que enfrenta este tipo de dificultades, es necesario que los pueblos del continente, más que confiar en declaraciones retóricas sobre miles de temas sobre los cuales no se adoptan compromisos efectivos, exijan resultados concretos en algunos puntos que darían la señal a la población de que efectivamente se está buscando otro tipo de integración. Para ello destacamos dos aspectos en los cuales debemos exigir respuestas concretas:
a. Los derechos humanos: Para las organizaciones populares y el vasto movimiento por los derechos humanos es claro que cualquier forma de integración que se adopte debe asegurar el respeto a los derechos políticos y civiles y garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Dado el desarrollo de la discusión continental sobre la necesidad de una Carta Social que establezca compromisos de los Estados y de cualquier organización multilateral en estas materias, y que hay propuestas concretas al respecto, debemos exigir que se defina una posición clara y que se desarrollen los instrumentos correspondientes para demostrar que la voluntad integracionista tiene como base el respeto y la exigibilidad de tales derechos.
b. Los migrantes: Es posible adoptar en el proceso, definiciones sobre los derechos de los migrantes, garantías a la libre circulación de las personas, garantías en materia de seguridad social, homologación de títulos y demás aspectos referidos al nivel de vida y situación ciudadana, social y laboral de los habitantes del subcontinente.
c. Debate sobre la IIRSA. Dado el cuestionamiento de este plan es necesario integrar a las comunidades originarias, los grupos ecologistas y a toda la sociedad civil sobre los detalles de cada uno de los proyectos antes de su implementación. Esto junto a la creación de verdaderos mecanismos de participación y veeduría de las organizaciones sociales es una condición para que el proceso tenga legitimidad y lleve a un buen final.
Santiago de Chile, 18 dxe noviembre 2006
Crónica Digital/ Recalca/Bolpress
