POLEMICA POR DENUNCIA DE DESPIDOS DE PROFESORES

El Consejo Metropolitano del Colegio de Profesores recientemente aseguró que Cifuentes, en su calidad de sostenedor de 12 colegios, habría despedido a setenta docentes; que tales despidos se ejecutaron usando indebidamente el Código del Trabajo para no pagar indemnizaciones; y que además en los establecimientos no se cancelarían los bonos de Subvención Adicional Especial (SAE).

La Sociedad Educacional e Investigaciones Pedagógicas es una institución que cuenta con colegios de educación particular subvencionada en La Cisterna, La Pintana, El Bosque, Ñuñoa, San Bernardo y Conchalí.

Cifuentes explicó que, de un total aproximado a 700 profesores que trabajan en los establecimientos de la Sociedad, sólo 22 fueron desvinculados. “De ellos, 19 obedecieron al incumplimiento de sus obligaciones, debidamente representado en la Inspección del Trabajo, y a una negativa evaluación docente acreditada por los cuerpos directivos y técnicos de los establecimientos”, señaló.

En este sentido, “no es efectivo que hubiéramos apelado al Código del Trabajo como mero subterfugio para no pagar las indemnizaciones de los educadores. Lo único cierto es que el procedimiento adoptado se ajustó rigurosamente a esa norma legal”.

Más aún, Cifuentes manifestó que “hemos manifestado a los docentes afectados nuestra más amplia disposición de un acuerdo para cancelar indemnizaciones, pese a que la causal de sus despidos no lo amerita”. De hecho, aseguró, cuatro de los 19 docentes ya se han abierto a ese entendimiento.

Otros tres casos de los 22 habrían correspondido a una “desvinculación laboral por mutuo acuerdo entre las partes”.

Por otro lado, desestimó que en los establecimientos no se cancelaran los bonos SAE, puntualizando que “han sido cancelados rigurosamente, en un proceso que ha sido revisado y ratificado por los sindicatos y los delegados de personal de cada uno de los establecimientos” de la institución pedagógica.

Uno de los aspectos que más molestia provocó a Cifuentes fue la imputación que formularon los denunciantes en el sentido de que tendría vinculación familiar con el sostenedor de los Colegios Britania, Manuel Hidalgo, que fue procesado el año pasado por graves irregularidades.

Al respecto, consignó Cifuentes, “descarto en forma enfática cualquier tipo de parentesco, o relación personal o laboral de cualquier tipo con Hidalgo”.

“Nuestra política de construcción de comunidad escolar siempre ha privilegiado el diálogo y la disposición de nuestras puertas abiertas a la sociedad en la que estamos insertos. En este sentido, hubiera sido deseable que la Orden Gremial del Magisterio se nos hubiera acercado, previo a entregar informaciones falsas a la opinión pública”, acusó.

Por otro lado, Cifuentes indicó que el fundamento de la decisión de desvincular a la mayor parte de los profesores afectados en esta oportunidad “se sustentó en el propósito fundamental de proporcionar una educación de creciente calidad a las comunidades escolares, como contribución al esfuerzo de todo el país por desarrollar un sistema educativo que se encuentre a la altura de las exigencias y desafíos de la compleja sociedad contemporánea”.

“No escapará a nadie que, para tales efectos, se requieren equipos docentes y técnicos capaces de materializar ese propósito, en el que está comprometido el interés público”, puntualizó.

Santiago de Chile, 5 de febrero 2007
Crónica Digital , 0, 52, 21

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