Aunque insuficiente, el proyecto constituye un paso adelante, puesto que eleva el compromiso del Estado en cuanto a garantizar a todos el derecho a una educación de calidad, y mejora en parte su capacidad de regular la educación privada. Sin embargo, aún está por verse lo principal: Como se propone abordar a reconstrucción del sistema nacional de educación pública, cuyo desmantelamiento por la LOCE constituye la causa principal de la crisis actual. Según establece el mismo proyecto, próximamente, el Consejo de Ministros hará entrega de recomendaciones y propuestas de financiamiento y gestión de la educación pública y municipal, así como de reforma de la educación superior, y un nuevo proyecto de ley abordará la creación de una Superintendencia de Educación. En estas materias deben haber soluciones efectivas.
El proyecto de ley general de educación se propone objetivos loables, principalmente, asegurar la calidad y equidad de la misma. Garantiza la libertad de enseñanza, entendida como la posibilidad de elegir colegios y fundarlos, pero muy especialmente, enfatiza el refuerzo al derecho a la educación. Reconoce el derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad, y hace un poco más explícito el deber del Estado de velar por ésta en condiciones de gratuidad, desde el nivel parvulario hasta el medio, elevando los estándares de reconocimiento oficial de la educación privada. Lo que ha sacado más roncha en la derecha es que extiende a toda ésta, cuando es financiada por el Estado, el razonable requisito que debe ser impartida por instituciones sin fines de lucro, el mismo que actualmente existe en la educación superior. Promueve asimismo la participación y establece un Consejo Nacional de Educación.
Sin embargo, el proyecto presenta insuficiencias importantes. La más significativa es que si bien establece que el Estado debe financiar un sistema gratuito y asegurar el acceso a ella de toda la población, y actualmente solo la educación municipal es gratuita, no explicita claramente que la reconstrucción y desarrollo del sistema nacional de educación pública constituye la forma principal en que el Estado garantiza una educación de calidad en condiciones de equidad y gratuidad. No es casualidad que en los países de la OECD, los establecimientos donde estudian más del 80% del alumnado, y más del 90% del financiamiento, son públicos, mientras en Chile hoy son privados al menos la mitad.
Como ha planteado CENDA en su propuesta presentada al Consejo Asesor Educacional, es necesario partir del reconocimiento pleno de la existencia y muy diferente naturaleza de los dos grandes sistemas educacionales que reciben financiamiento estatal, el público y el particular subvencionado, y de la necesidad de impulsar fuertemente el desarrollo armónico de ambos sistemas. Muy especialmente, esta propuesta sugiere poner el énfasis en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública, que constituye, de lejos, el pilar principal del sistema educacional en su conjunto, y cuyo continuado desmantelamiento y deterioro a lo largo de las últimas décadas constituye, de acuerdo a este punto de vista, la causa principal de la crisis actual. Ello exige, sin embargo, considerar las condiciones, exigencias, formas de organización y especialmente de financiamiento, que sean más adecuadas cada uno de los dos grandes sistemas educacionales, de modo de garantizar el pleno desarrollo de ambos. A partir de este razonamiento, se propone un financiamiento vía presupuesto para la educación de propiedad del Estado y subsidio a la demanda para la educación particular subvencionada. Mientras ello no se reconozca, no habrá solución efectiva a la crisis educacional, por más que se dicten leyes que establezcan todo tipo de derechos ellos corren el riesgo de quedar en el papel.
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
Santiago de Chile, 13 de abril 2007
Crónica Digital , 0, 136, 21
