Como si hiciera falta, la develación de la relación financiera del senador Jaime Orpis, de la derechista Unión Demócrata Independiente, UDI, con la empresa pesquera Corpesca, del Grupo Angelini, antes, durante y después de aprobación de la Ley de Pesca, no deja dudas de la espúrea relación entre los intereses de los grandes empresarios con la llamada clase política.
Se trata de un ejemplo contundente de cómo los “honorables” legisladores aprobaron una ley hecha a la medida de los intereses de las grandes empresas pesqueras del país- pertenecientes a siete grupos empresariales que controlan el sector: las familias Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo.
Orpis, de acuerdo a denuncias del ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, recibió “al menos” 50 millones de pesos, en cuotas mensuales de dos millones,2 para financiar- a través del sistema de las “boletas ideológicamente falsas”, es decir trabajos no realizados-, su campaña electoral y las deudas correspondientes y otros recursos destinados al caballito de batalla de Orpis: la lucha contra el narcotráfico y su fundación contra la drogadicción.
También fue denunciada la ex diputada derechista, vinculada a la UDI, Marta Isasi, hoy procesada por cohecho y soborno de Corpesca-
El reconocimiento de Orpis que se trataba de un financiamiento “irregular”, no logra ocultar lo que es esencial en este escándalo: la espúrea relación política y negocios, y la subordinación de legisladores a los intereses de grupos económicos del país.
La Ley de Pesca, o Ley Longueira, por el empeño puesto por entonces ministro de Economía, bajo el gobierno del empresario Sebastián Piñera, consagró como un “derecho histórico” para las grandes empresas del sector, la explotación de las riquezas pesqueras del país, prácticamente a perpetuidad.
Las siete familias que dominan la industria de la pesca en el país poseen el 92 por ciento de las cuotas de captura industrial según datos oficiales, obtuvieron ganancias de 9 mil millones de dólares entre los años 1997-2001, siendo Chile uno de los “top ten” en las descargas pesqueras del mundo, solo aportan un 0.4 del Producto Interno Bruto del país.
Por supuesto no basta la palabra del “honorable” senador Orpis, de que nunca jamás su “vocación de servicio público”, estuvo vinculado a servicios prestados a los empresarios.
!No vaya a ser cosa que uno sea mal pensado?¡No faltaba más!
Pero aquí hay algo más grave que el engaño a Impuestos Internos, o de una “irregularidad” generalmente permitida, una diablura contable. Se trata de la corrupción descarada, de la subordinación de la política a los intereses de los empresarios y de la perversión moral del sistema democrático y de las instituciones del Estado.
Por cierto es algo conocido, pero no por eso menos repudiable.La sociedad reclama hoy la transparencia, y la moral de sus autoridades. Lo nuevo es que parece no estar dispuesta a seguir aceptándolo. ¡Que no metan las manos! Y no se aprovechen de la institucionalidad para enriquecerse o para prestarse para cumplir órdenes de los grandes grupos económicos.
Por ello es absolutamente razonable el planteamiento de la derogación de esta Ley de Pesca, ilegitima en su origen legislativo, dada la mancha de la corrupción, y el castigo pertinente a quienes se dejaron sobornar.
Ello recoge también el reclamo y las demandas de los trabajadores del sector, no considerados en sus legítimos derechos en la discusión del cuerpo legal- o más bien ilegal- y hasta las necesidades alimentarias del país, tampoco resguardada por los legisladores.
Como es obvio todo este cuadro afecta gravemente la institucionalidad democrática del país, y la corrupción corroe el honor de partidos, legisladores y gobernantes, tanto como a funcionarios públicos y empresarios.
Todo ello, además, es parte trascendente de la agenda política del país y deberá reflejarse en la discusión nacional abierta en torno a la reforma constitucional, y en el contenido de la nueva Carta Fundamental que debe surgir de la voluntad ciudadana.
Por Marcel Garcés, Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 9 de junio 2015
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