La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se sumó a la ola de condenas enérgicas al nuevo expediente de colusión en el país, al tiempo que llamó a los parlamentarios a aprobar el endurecimiento de los castigos.
Bachelet dijo que se trata de otro caso inaceptable que merece el más severo rechazo, por lo cual el Congreso Nacional debe acelerar la tramitación de la legislación que repone las penas de cárcel para delitos contra el libre mercado.
Desde el Palacio de La Moneda, la mandataria solicitó a los diputados que concreten la normativa antes de fin de mes.
La víspera, Chile volvió a ser sacudido por un caso de colusión entre varios supermercados para los cuales el fiscal nacional económico en funciones, Mario Ybar, pidió multas de 22,9 millones de dólares.
De hecho, Ybar exigió severas sanciones que incluyen las multas a cada uno de los comercios (de 22,9 millones de dólares) involucrados en fijar los precios de venta de la carne de pollo fresco por lo menos de 2008 a 2011.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, declaró en rueda de prensa que los consumidores «tienen derecho a estar indignados como estamos nosotros».
Por suerte tenemos una institucionalidad que descubre, persigue y castiga. Esperamos que en el futuro no se repita y que estas conductas de una vez por todas terminen, apostilló.
Valdés detalló que se trata de otro ejemplo de prácticas inaceptables «que condenamos y repudiamos como Gobierno».
Atenta contra la eficiencia y la productividad de la economía. La competencia es central, es el oxígeno de un sistema como el que tenemos en Chile, en que distintas empresas compiten por dar los mejores productos y más baratos, acotó.
A su turno, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, instó a aprobar el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia en enero.
Desde el lunes, el proyecto sigue con discusión inmediata, de tal forma de cumplir con los plazos que había acordado el Comité Político, de que se materialice y se convierta en ley este mes, así que vamos a comenzar la próxima semana la votación, anunció.
Céspedes calificó como indignante lo sucedido y por ello que existe un rechazo por parte de todos los gremios empresariales a prácticas que pueden atentar contra el buen funcionamiento de los mercados.
La Fiscalía Nacional Económica argumentó que las cadenas se adhirieron conscientemente a un esquema común que sustituyó los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas.
El objetivo era «regularizar el mercado y evitar guerras de precios y las compañías requeridas monitorearon constantemente los precios de venta al público».
La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Cencosud, Walmart y SMU (Unimarc).
Cencosud, con presencia también en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, opera en Chile las marcas Jumbo y Santa Isabel. Por su parte SMU maneja en el mercado local las marcas Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer.
SMU tiene filiales en Perú.
La filial en Chile de la cadena estadounidense Walmart, la mayor del mundo, se conoce aquí a través de Hipermercados Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.
Santiago de Chile, 8 de enero 2016
Crónica Digital
