Todavía fresca la tinta de la firma del presidente Barack Obama en la nueva ley Promesa, las protestas en Puerto Rico no se hicieron esperar para denunciar la dominación colonial que Washington ejerce sobre la isla caribeña.
Las calles de San Juan se sacudieron ante los gritos de «desde adentro y desde afuera, le vamos a dar candela», frente al principal edificio federal de Estados Unidos en la isla caribeña, para reafirmar la repulsa popular a más de 118 años de dominación colonial.
La nueva ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) firmada la víspera por el mandatario estadounidense, colmó la copa de los boricuas, pero esencialmente desenmascaró el status colonial que Washington mantiene en la isla, contraviniendo los postulados internacionales contra el coloniaje.
Cuarenta y cuatro años después de emitirse la primera resolución del Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, Estados Unidos sigue coartando las libertades políticas y económicas de la isla borinqueña.
Por tanto, la firma de Obama a esta nueva ley, es una burla al pedido internacional de reconsiderar el caso de Puerto Rico, que en 1953 fue excluido del listado de territorios coloniales, después que se adoptó el engendro semicolonial de Estado Libre Asociado.
Recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de quiebra puertorriqueña, al determinar que el denominado Estado Libre Asociado carecía de soberanía, contrario a lo que Washington argumenta con el propósito de sacar a Puerto Rico de la lista de países coloniales de la ONU.
Hasta el gobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla alzó su voz, reconociendo que «ha llegado el momento de actuar sobre el caso de Puerto Rico», ofreciendo su respaldo a que el caso de la isla regrese como un asunto independiente ante la Asamblea General de la ONU.
Poco más de un siglo de dominación foránea dejó en la isla del Encanto tristes huellas de pobreza, desempleo y una creciente insolvencia financiera, que se une a una recesión paralizante del desarrollo económico y una deuda pública impagable, superior a los 70 mil millones de dólares.
Todo esto, condujo a la sociedad boricua a una crisis sin precedentes y a devastadoras consecuencias para la población.
Como respuesta, Washington impuso una junta de supervisión fiscal integrada por siete procónsules, reafirmando la condición solapada de colonia mantenida hasta hoy, en lugar de abrir un proceso que permita ejercer la libre determinación y adoptar medidas soberanas para encontrar soluciones a los conflictos internos.
Hasta el candidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, comentó hace unos días que la aplicación de la ley Promesa, sin dudas, «limitará virtualmente todos los derechos políticos y económicos al pueblo de Puerto Rico, y lo tratará completamente como una colonia».
| Por Miguel Fernández Martínez
La Habana, 1 de julio 2016 Crónica Digital / PL |
