La Corte Suprema de EE.UU. falló este martes a favor de Texas, permitiéndole la entrada en vigor de la polémica ley estatal que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de entrar de forma irregular a la nación norteamericana.
La ley, conocida como SB4, quedó avalada luego de que el tribunal de mayoría conservadora rechazara una solicitud de emergencia de la Administración de Joe Biden, que estipulaba que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración.
Los tres jueces progresistas del máximo tribunal se pronunciaron en contra, pero con seis votos a favor los conservadores dieron una victoria a Texas, que desde hace meses disputaba una batalla legal contra el Gobierno federal por el manejo de la frontera.
«Texas ahora puede hacer cumplir inmediatamente su propia ley, que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México. Esta ley alterará las sensibles relaciones exteriores» en la región, dijeron dos magistrados progresistas.
En una línea similar se manifestó la Administración Biden, al alertar que la legislación podría afectar el vínculo con México. «Tiene una política antiinmigrante», aseveró el mes pasado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Precisamente Abbott, férreo detractor de Biden, lo calificó como un «avance positivo», pero aclaró que persisten las apelaciones. Efectivamente, todavía queda camino por recorrer en tribunales sobre la SB4.
Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión. «Nuestra ley de inmigración, SB4, ya está en vigor. Como siempre, es un honor para mí defender a Texas y su soberanía, y llevarnos a la victoria en los tribunales», escribió en X.
La reacción de México
A su vez, las autoridades mexicanas han expresado su rechazo a la entrada en vigor de la ley que «pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante».
Al mismo tiempo, la Cancillería mexicana sostuvo en su comunicado que se cuestionan «disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial».
«México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas«, reza el documento, agregando que las autoridades del país latinoamericano seguirán «brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas» que se encuentren en el territorio del dicho estado estadounidense.
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Moscú, 20 de marzo 2024
Crónica Digital/rt.com
