En un comunicado público, el magisterio nacional, sostiene que al igual que en años anteriores, los resultados de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), volvió a confirmar la brecha que existe entre la educación municipal y la particular subvencionada y la particular pagada.
Luego de un breve análisis es posible advertir que el 90 por ciento de los mejores puntajes son privados subvencionados y privados pagados, mientras que un 10 corresponden a establecimientos municipales, constatan los maestros.
Los profesores consideraron que los resultados de la PSU aportan sólo un dato acerca del proceso de aprendizaje de los alumnos; ello porque miden únicamente cuatro de los factores de aprendizaje y porque son pruebas estandarizadas a nivel nacional, por tanto, no consideran las características culturales, ni las particularidades de los estudiantes, y tienden a tergiversar o, al menos, no expresan con claridad los resultados de los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Aún así, sostienen los profesionales de la educación, el dato PSU, indica que no existen cambios significativos a nivel nacional; que hay una gran segmentación e inequidad educativa, y que, por tanto, queda mucho por realizar como país para avanzar en los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes que se educan en el sistema escolar chileno.
Afirman que la situación de pobreza y marginalidad socio económica y factores ligados al contexto familiar del alumno, escolaridad de los padres (incluso analfabetismo), y financiamiento del sistema, condicionan de manera estructural el rendimiento de los estudiantes pertenecientes a los grupos sociales más deprivados; existiendo, además, una relación indiscutible y directa entre las condiciones laborales, profesionales y salariales de los docentes, y los resultados de los procesos de aprendizaje.
Hoy es más urgente que nunca que el Estado destine un siete por ciento del Producto Interno Bruto y no sólo un 4 como ocurre en la actualidad al sector municipal de la Educación, que es el que atiende a los quintiles más pobres y postergados de la sociedad, y provocar una transformación sustantiva en el sistema educativo en sus dimensiones financieras, administrativas y pedagógicas a través de una profunda modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, plantearon los profesores.
Por último, sostienen que el país necesita para contar con mejores profesionales de la educación y mayor calidad en los aprendizajes de los alumnos, es una reforma estructural de su sistema educativo. Y ello requiere de un verdadero acuerdo social, que debe ser construido con la participación de todos los actores.
Santiago de Chile, 20 de diciembre 2005
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