Durante una ceremonia de recordación al líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por la dictadura en 1982, Bachelet aseguró la víspera que «a la brevedad» se darán a conocer la lista de subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes de servicios públicos que fueron designados.
Destacó que «más que los nombres de las personas y los partidos de los cuales provienen, que es habitualmente la preocupación fundamental, lo que importa en verdad es la vocación de servicio público de los que resulten escogidos».
Bachelet insistió en que la vocación «es el espíritu que yo espero rija las conductas de cada uno de ellos a lo largo de toda la estructura del Estado, desde las más altas autoridades hasta el último funcionario público».
Sus palabras, sin embargo, no lograron calmar la ansiedad y zozobra de las cúpulas partidistas, resentidas ya con el estilo de trabajo puesto en práctica por la futura gobernante, que con su independencia y autonomía de acción los ha relegado a un segundo plano.
En la elección de su gabinete, la futura gobernante escogió a igual cantidad de hombres que mujeres, no repitió «caras» y ninguno de los escogidos, salvo los ministros del Interior, Andrés Zaldívar, y Exterior, Alejandro Foxley, proviene de la elite política.
Si bien reconocen las facultades de Bachelet como presidenta electa para tomar las decisiones que estime más conveniente para el país, las elites partidistas se resisten a perder el poder disfrutado en más de 16 años de gobiernos concertacionistas (1990-2006).
Ante la elección de funcionarios del primer nivel, las cuatro agrupaciones (Demócrata Cristiana, Socialista, Partido por la Democracia y Radical Social Demócrata) esperan ser recompensados, especialmente con subsecretarias políticas y las intendencias.
Algunos, sin embargo, no ocultan su preocupación por lo que consideran «el lenguaje antipartidario» que se ha impuesto en el circulo de allegados a Bachelet y creen que ello pueda terminar en la designación de buena cantidad de tecnócratas en el aparato de gobierno.
Los partidos políticos, a no dudarlo, atraviesan una fuerte crisis de credibilidad en Chile. Después del Poder Judicial, son considerados por la mayoría de los chilenos como las instituciones menos creíbles del país, de acuerdo a recientes encuestas.
La propia Bachelet, que aunque posee una larga trayectoria de militancia política en el Partido Socialista nunca ocupó cargos importantes en sus mesas directivas, es un producto del rechazo de la población a los políticos tradicionales.
El nerviosismo y la incertidumbre provocados al interior de las colectividades por el «nuevo estilo de hacer política» de la presidenta electa, es reconocido por el diputado del oficialista Partido por la Democracia, Patricio Hales.
Aunque afirma que la suya «es una inquietud sana», Hales se confiesa «muy inquieto» por la tendencia que dice observar en personeros del oficialismo que «cada vez se apartan más de todo lenguaje que huela a partidos y cuotas de poder en el gobierno».
El parlamentario estima que si el discurso «antipartido» y «pro tecnócratas» se concreta en los futuros nombramientos de la presidente electa, la estabilidad política y económica estará en riesgo en los próximos años.
En una entrevista publicada la víspera en el diario electrónico El Mostrador, Hales considera que los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias deben expresarse en los cargos al interior de la nueva administración.
Para el legislador el «apoliticismo es nefasto» y se están extendiendo, junto con la denominada igualdad de géneros, por todas las agrupaciones, que reclaman -al interior de cada partido- los mismos criterios que está aplicando Bachelet para conformar su gobierno.
Santiago de Chile, 28 de febrero 2006
Crónica Digital/PL , 0, 94, 3
