Con ello el estadista pretendía ofrecer una imagen contraria a la realidad y supuestamente en favor de la no intervención en los asuntos internos de su vecino.
Sin embargo, en los días previos a la invasión no era un secreto que en territorio de la nación norteña se alistaban y realizaban prácticas en diferentes bases militares contingentes de exiliados contrarrevolucionarios.
Incluso en distintas bases enclavadas en Guatemala y otros puntos de América Central, esos mismos contingentes, asistidos militarmente por el Pentágono, efectuaban entrenamientos en espera del momento oportuno para atacar a Cuba.
Asimismo, con la complicidad de las autoridades norteamericanas despegaban aviones de bases enclavadas en Estados Unidos para incendiar cañaverales y lanzar armas y pertrechos a las pandillas contrarrevolucionarias internadas en zonas montañosas de la Isla.
Dos días antes de la agresión aeronaves estadounidenses, disfrazadas con insignias cubanas simulando ser desertores, ametrallaron en La Habana, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba a la población civil y a los aeródromos.
El objetivo era inutilizar la escasa aviación cubana para facilitar la invasión.
El 16 de abril, mientras se discutía en el Consejo de Seguridad de la ONU la denuncia de Cuba por el ataque pirata que dejaba percibir la inminencia de la invasión, el representante norteamericano, Adlai E. Stevenson, continuaba negando la participación de su país en esos actos.
Así, el secretario de Estado, Dean Rusk, dio a conocer en una conferencia de prensa las siguientes declaraciones.
«El pueblo norteamericano tiene derecho a saber si estamos interviniendo en Cuba o si nos proponemos hacerlo en el futuro. La respuesta a esa pregunta es NO».
A su vez, el senador Wayne Morse, refería que «no existe absolutamente ninguna prueba que apoye la denuncia de Castro (Fidel) de que los Estados Unidos están complicados en la Revolución cubana (léase agresión mercenaria) o dan ayuda militar o financiera a quienes la realizan».
Como estas, se sucedieron en aquellos días las declaraciones públicas de las principales autoridades de la Casa Blanca, tratando de hacer creer al mundo que ellos no tenían nada que ver con la agresión.
No obstante, para nadie constituía un secreto la mano de Washington en los preparativos y ejecución de la invasión desde sus orígenes.
Suficiente información sobre los campos de entrenamiento y bases militares se había esparcido desde mucho antes por el mundo.
Cuba denunció públicamente una a una las agresiones y preparativos de la agresión, orquestada por Estados Unidos.
La derrota de la invasión trajo aparejadas la evidencia más completa que pudiera darse al intervencionismo de Washington.
Los mercenarios capturados y sus cabecillas declararon extensamente sobre la preparación de la invasión en los campos de entrenamiento de Estados Unidos hasta su traslado final al campamento de Retalhuleu, en Guatemala.
Narraban como contaron con la escolta de unidades de guerra de la marina y apoyo de la aviación estadounidense.
Incluso la prensa norteamericana comenzaba ya a publicar información sobre la gestación de la invasión en Estados Unidos y señalaba sin ambages como responsable directa de la frustrada agresión a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
De esa manera, sin esperar mayores evidencias, antes de transcurrir 10 días de aplastado el ataque, Kennedy se encargaba de poner bien en claro que la invasión había sido obra de su gobierno y reclamaba que no se culpará del fracaso a nadie más que a él.
Kennedy aceptó la plena responsabilidad por el fracaso de la agresión a Cuba y ordenó a los miembros de su gabinete que se abstuvieran de hacer responsables a otras personas.
El estadista norteamericano actuó frente a la protesta republicana, dirigida por el ex vicepresidente Richard Nixón, en el sentido de que algunos oficiales demócratas trataban de culpar a la administración de Dwigh D. Eisenhower por la frustrada agresión.
Los responsables principales de la agresión mercenaria a Cuba no pudieron ser encausados en el juicio seguido a los mercenarios invasores, pero sí condenados unánimemente por la opinión pública nacional e internacional ante la evidencia de su intervencionismo abierto y criminal.
Por: Alberto Corona López de Prensa Latina
Santiago de Chile, 16 de abril 2006
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