En carta enviada a la gobernante, los líderes del Consejo -encabezados por el ex candidato presidencial Aucan Huilcaman- denunciaron «el carácter excluyente e inconsulto» de un proyecto de ley sobre tema, pendiente de consideración en el Congreso.
Según los firmantes, el texto de la propuesta no debe reducirse a un reconocimiento simple de la existencia de los pueblos originarios, si no que debe contener también sus derechos tangibles.
El Consejo de Todas las Tierras considera que una reforma constitucional imprescindiblemente debe establecer el reconocimiento de la preexistencia de esos pueblos, derecho y principio a la libre determinación, y a las tierras y territorios que les pertenecen.
Debe considerar además el establecimiento de un mecanismo de participación política y del resto de los asuntos que les afectan, la protección de la propiedad y el reconocimiento de patrimonio colectivo de las distintas etnias.
La carta se queja de que el proyecto presentado por el Ejecutivo -considerado entre las 36 medidas comprometidas por Bachelet para los primeros 100 días de su gobierno- «no incluye absolutamente ninguno de estos derechos elementales enunciados».
Los dirigentes indígenas recuerdan que esa preocupación fue presentada a Bachelet y a su equipo mediante una nota del día 28 de diciembre 2005 cuando por una delegación de representantes de esas organizaciones.
En esa oportunidad -aseguraron- la entonces candidata presidencial de los partidos que integran la coalición de gobierno se comprometió a consensuar con los destinatarios.
Subrayaron que ese mismo texto ha sido rechazado en reiteradas oportunidades por la mayoría de las organizaciones indígenas, porque constituye una clara restricción de los derechos colectivos y elude incluir los derechos tangibles de esos pueblos.
«Vuestra iniciativa carece de participación de los destinatarios, particularmente de las organizaciones de los Pueblos Indígenas que activamente han promovido el reconocimiento y protección de los derechos colectivos», apuntaron.
Resaltan asimismo que el texto del proyecto de ley esta por debajo de los estándares que establece el derecho internacional y por debajo de todos los reconocimientos constitucionales que se han consensuados entre los Estados y los pueblos originarios de la región.
Los dirigentes advierten que la falta de participación y consulta sobre un tema tan crucial como es el reconocimiento constitucional «generará un ambiente controversial» y exhortan a la gobernante a que retire la urgencia de esa propuesta al Poder legislativo.
La exhortan al mismo tiempo a impulsar un dialogo abierto y transparente tal como lo establecen las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas «y que lamentablemente no fue cumplido por el gobierno anterior» del presidente Ricardo Lago.
«Esperamos que vuestro gobierno erradique la doctrina de la negación que ha persistido con los Pueblos Indígenas y sus derechos y genere un proceso de participación plena y efectiva», concluye la misiva.
Un 5,4 por ciento de poco más de 15,1 millones de habitantes de Chile son indígenas, de los cuales el 87,7 son mapuches, 8,1 aymara, 1,8 quechua, y el 1,5 rapa nui (las más importantes).
Santiago de Chile, 17 de abril 2006
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