A menos de dos meses de que comience la instalación del ducto de la fábrica de pasta de papel en el río Itata, la CONAMA indica que esta fiscalización no ha detectado fallas a la normativa ambiental.
Sin embargo, a juicio de la ingeniera ambiental de Oceana, Antonia Fortt, estos resultados no dan ninguna señal, ya que se amparan en la vaguedad de las normas ambientales chilenas.
CONAMA asegura que fiscalizará el cumplimiento de la normativa ambiental chilena, pero sabemos que la institucionalidad en esta materia es muy débil. Este organismo público no ha impulsado ninguna reglamentación que obligue a las celulosas a un cambio tecnológico. Fortt agregó que aunque las autoridades han llamado a no demonizar a las plantas de celulosa, no podemos seguir siendo tan ingenuos, después de lo que ocurrió en Valdivia, con el desastre ecológico en el río Cruces.
Considerando esos nefastos antecedentes, la instalación de un emisario submarino en el río Itata ha provocado la reacción de 9 comunas aledañas que verían afectado su entorno natural y sus actividades económicas. Pescadores artesanales, agricultores y viñateros, entre otros, se oponen al ducto de la celulosa Nueva Aldea de Celco, que ya cuenta con la aprobación de la CONAMA.
La empresa insiste en que tiene la mejor tecnología disponible en el mundo para operar y eso no es cierto por dos razones. Una se relaciona con la existencia de tecnologías totalmente libres de cloro que permiten que no se descarguen dioxinas al medio ambiente, pero la propuesta de CELCO es usar dióxido de cloro de todos modos. Lo segundo, y más importante, es que claramente consideran como alternativa descargar los riles a un río, cuando lo recomendable es instalar un ciclo cerrado de tratamiento y no hacer descargas al medio ambiente, explicó Antonia Fortt.
Por ello, el monitoreo de la CONAMA es cuestionable, ya que no considera variables independientes de fiscalización, sino que reduce su labor a una institucionalidad débil y a informes de la propia empresa, concluyó la ingeniera ambiental.
Santiago de Chile, 24 de abril 2006
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