La iniciativa legal, fuertemente fustigada por las comunidades educativas de las Escuelas Especiales, es el segundo punto de la tabla en la Sesión N° 17 Ordinaria, que se realiza en la mañana, en el contexto de su primer trámite constitucional.
El proyecto será informado a la Sala por la diputada Carolina Tohá (PPD), de la Comisión de Educación, y por el diputado Germán Becker (RN), de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Educación aprobó el proyecto por unanimidad el pasado 5 de abril. Luego, la Comisión de Hacienda lo despachó «ad referéndum» en espera de una formalización de indicación del Poder Ejecutivo. La respuesta del Gobierno fue poner suma urgencia.
Conforme al comunicado de la corporación, «la idea matriz de esta iniciativa es equipar las oportunidades de los estudiantes con discapacidad, de modo que puedan acceder y progresar en su desarrollo e instrucción, estableciendo diferentes montos de subvención, de acuerdo a la transitoriedad o permanencia que presenten, y a las ayudas técnicas, recursos humanos especializados, y materiales e infraestructura que requieran para su aprendizaje».
LOS CUESTIONAMIENTOS
Un punto de vista diferente tiene la Coordinadora Nacional de Educación Especial. Según una carta que fue enviada por su presidente, Hugolino González, a todas las bancadas de la Cámara Baja, el proyecto esconde el propósito de imponer «una reforma de la Educación Especial», en «forma arbitraria y de facto».
Al respecto, precisó que en la tramitación legislativa concurrieron a la Comisión de Educación de la Cámara para manifestar sus reparos, luego que el Gobierno enviara el proyecto en agosto pasado. Más tarde, el Ejecutivo introdujo una serie de enmiendas, «las que no se hicieron cargo de nuestros cuestionamientos principales».
La iniciativa legal, explicó, introduce la nueva categoría «necesidades educativas especiales de carácter transitorio», entendiendo por aquellas a las «no permanentes que presentan los alumnos en algún momento de su vida escolar».
«Esa nueva conceptualización es la justificación para implementar cambios en la Educación Especial, en la forma en que hoy existe», señaló.
El Mensaje N° 139353 asume que los Trastornos Específicos de Lenguaje (TEL) serían «necesidad educativa especial de carácter transitorio», lo que significa que las niñas y niños afectados «ya no recibirán atención en las Escuelas Especiales y sólo tendrán como opción el ingreso al sistema regular».
Hugolino González denunció que aquello «provocará un evidente impacto directo sobre las Escuelas Especiales que, hasta ahora, se hacían cargo de los niños con TEL». Con datos de 2004, representaban el 63% del total de la matrícula, con 58.501 niñas y niños. «En el caso de que este proyecto sea aprobado en las actuales condiciones, en el corto o mediano plazo los 548 establecimientos de este tipo deberán dejar de operar», manifestó.
A juicio de la organización, esta reconceptualización «no es más que una expresión más o menos desembozada de liquidar la Educación Especial, dejándola reducida sólo a un grupo de discapacidades».
AUMENTO DE LA SUBVENCIÓN
A pesar de que el proyecto fue presentado como un incremento para la educación especial, en verdad el texto propuesto por el Ejecutivo en agosto pasado, circunscribía el incremento de subvención a las discapacidades visual, auditiva, disfasia severa, autismo y multidéficit.
«En su conjunto, representan sólo el 3.5% de la población de niños con discapacidad que asisten a Escuelas Especiales», acota González. Las indicaciones agregadas en diciembre pasado agregaron la «deficiencia mental severa» en la lista de beneficiarios.
«Por las ambivalencias conceptuales y la total ausencia de información diagnóstica de la que adolece el proyecto de ley, es probable que a los diputados haya pasado desapercibido que los deficientes mentales severos o «graves» representan sólo el 3 por ciento del total de deficientes mentales», puntualizó González.
Más aún, «históricamente, dada la gravedad de la discapacidad, son sujetos que no forman parte del universo que recibe atención en las Escuelas Especiales. La gravedad del daño orgánico se traduce en afección que compromete diversas áreas del desarrollo: psicomotora, cognitiva, sensorial, motora, lingüística y adaptativa, es decir, presentan multidéficit. Por lo anterior, la organización, la estructura y la implementación de la actual Escuela Especial no está en condiciones de ofrecer una posibilidad real de satisfacer estas necesidades».
Lo más preocupante es que «este proyecto excluye de este beneficio al resto de los niños y jóvenes con retardo mental leve y moderado, los cuales representan la casi totalidad de la matrícula de las Escuelas Especiales en relación a los afectados por este déficit (31.656) y el 37,7% de la población de las Escuelas Especiales existentes hasta 2004».
Por tanto, «al dejar de ser sujetos con discapacidad que recibirían atención en las Escuelas Especiales deberán ser insertos en el sistema regular», en circunstancias que «no tiene ninguna condición objetiva para brindar la atención a estos niños».
Por otro lado, aseguró, «las Escuelas Especiales que hoy atienden esta discapacidad (253) se quedarán sin matrícula y deberán cerrar».
Santiago de Chile, 2 de Mayo 2006
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