Manuel Hernández, miembro de la comisión política, afirmó que las autoridades deben explicar por qué no implementa las medidas recomendadas hace años por el Relator Especial del organismo mundial sobre el tema de los mapuches y otras etnias que habitan el país.
El emplazamiento tiene lugar en medios de fuertes manifestaciones de protesta por la negativa de las autoridades a considerar las demandas de cuatro comuneros mapuches que hoy cumplen 61 días en huelga de hambre en reclamo de justicia.
Los hermanos Jaime y Patricio Marileo, Juan Huenulao y Patricia Troncoso fueron condenados a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de 820 mil dólares acusado bajo la ley antiterrorista de haber dado fuego en 2001 al fundo de una empresa forestal extranjera.
Los cuatro se declaran inocentes, exigen la abolición de esa normativa -aprobada por la dictadura militar para perseguir a opositores políticos- y piden se les someta a un nuevo juicio por tribunales civiles competentes bajo normas del debido proceso.
Como consecuencia del prolongado ayuno, los comuneros se encuentran en un delicado estado de salud, que hace temer a familiares y organizaciones de derechos humanos por sus vidas. Anoche tuvo que ser internado de urgencia Juan Patricio, uno de los hermanos Marileo.
El texto Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas en Chile, escrito desde hace 3 años por el Relator Especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, sugiere al Gobierno adoptar un conjunto de medidas tendientes a reconocer y respetar sus derechos como pueblo.
Entre las recomendaciones figura precisamente «no aplicar acusaciones de delitos tomados de otros contextos como asociación terrorista y asociación delictuosa, respecto a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas».
Además, el informe sugiere decretar una amnistía general para los presos políticos mapuches y la revisión de los juicios, citando los anteriores casos de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, recluidos en la cárcel de Traiguén.
Hernández enfatizó que «si el gobierno hubiese tomado medidas con anterioridad hoy la Presidenta Michelle Bachelet no sería emplazada públicamente en el extranjero», aludiendo con ello a la petición que le hizo en Madrid el Premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago.
En un encuentro de la gobernante con intelectuales españoles y de otras nacionalidades residentes en España, Saramago pidió a la mandataria que «le hiciera el favor de mirar a los mapuches», que fueron en honor a la justicia, los primeros chilenos.
Poco antes, el ex juez Juan Guzmán había denunciado ante el Alto Comisionado de la ONU en Ginebra «la persecución y desamparo» que enfrentan en tierra propia las comunidades indígenas y pidió la protección del organismo internacional.
«El movimiento mapuche, que trata por todos los medios pacíficos de recuperar sus tierras, de las que fueron expoliados en la región sur de Chile, es una vez más el blanco de una represión policial feroz», dijo el jurista, primero en procesar al ex dictador Augusto Pinochet.
Las declaraciones del ex magistrado y el pedido de clemencia del Premio Novel portugués provocaron un fuerte rechazo del gobierno, que considera injustas e infundadas las denuncias, que -afirma- tienden a desacreditar la imagen de Chile en el exterior.
«Después de declaraciones que hizo en Madrid el ex magistrado Juan Guzmán, hubo una apelación de (el Premio Nobel José) Saramago diciendo que nos preocupáramos de los indígenas, como si no nos estuviéramos preocupando de las etnias y las minorías», dijo Andrés Zaldívar.
El presidente en funciones (Michelle Bachelet asiste a la Cumbre de Viena) indicó la víspera, sin embargo, que el gobierno analiza la posibilidad de acoger la solicitud del Senado para aplicar urgencia a un proyecto de ley que concedería amnistía a los mapuches presos.
Zaldívar, sin embargo, condicionó indirectamente la decisión que los indígenas presos en la cárcel de Temuco, capital de Novena Región, depongan la huelga de hambre.
Santiago de Chile, 12 de Mayo 2006
Crónica Digital/PL
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