El nuevo capítulo de la ofensiva tiene su origen en el pago de cifras millonarias como bonos de compensación a 14 altos ejecutivos de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) el pasado año, aún cuando la empresa estatal registró una baja en la producción y altos costos.
La directiva de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) estima que la cuprífera, la mayor productora de cobre del mundo, se excede de todas las normas de una buena administración cuando pagó el pasado año un estimado de 42 mil dólares a cada uno en bonos extras.
El líder de esas agrupación, el senador Jovino Novoa, acusó a los gobiernos de la Concertación de usar las empresas públicas como «botines de guerra» para pagar «favores políticos», como quedó demostrado en esos pagos «absolutamente injustificados».
Novoa asume que hay un problema de fiscalización y culpa a la coalición gobernante de no aprobar en su momento la Ley de Gobiernos Corporativos donde se tomarían medidas para administrar de mejor forma las empresas públicas.
«Ahora uno se explica por qué se oponen a un proyecto de ley que el propio ministro de Hacienda de la época estaba patrocinando. Se oponen a que haya fiscalización de las empresas públicas porque las usan como botín de guerra», recalcó.
La UDI espera que haya correcciones de parte de la administración Bachelet a este tema y pide a José Pablo Arellano, Presidente ejecutivo de la cuprífera estatal, que «ponga orden».
No es primera vez que CODELCO es acusada de serias irregularidades. En la administración del ex presidente Ricardo Lagos fue insistentemente acusada de firmar contratos ilegales de asesorias con funcionarios o dirigentes políticos vinculados al gobierno.
Si bien las irregularidades denunciadas ahora corresponden al mandatato de Lagos, la actual crítica de la oposición se suma a la ofensiva iniciada contra la nueva mandataria por su decisión de mantener el Impuesto del Valor Agregado (IVA) en 19 por ciento.
Bachelet condicionó varios de sus proyectos sociales a mantener el impuesto en esa cifra, aun cuando el gobierno anterior se había comprometido a llevarlo de nuevo en enero de 2007 a su techo original, que era de 18 por ciento.
Santiago de Chile, 8 de abril 2006
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