El próximo lunes 19 de mayo se cumplen los 100 primeros días de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y con ello se pone fin al tiempo estipulado para materializar las 36 medidas que dieron inicio a su mandato.
Si bien las propuestas que abordan temas relacionados a la salud, a la previsión social, al empleo, entre otras, son relevantes para el desarrollo del país, es la calidad y equidad de la educación la que ha centrado el interés nacional, a propósito de las demandas expresadas en la movilización de los estudiantes secundarios.
Es por esto que para el primer vicepresidente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, resolver con carácter de urgente el proyecto sobre Subvención Escolar Preferencial es inapropiado, ya que recién se han creado las instancias de diálogo para tratar el devenir de los temas de fondo en educación.
De acuerdo al dirigente, en su calidad de miembro del Consejo Asesor presidencial en materias educacionales, considera una pésima señal que el Gobierno insista en la urgencia de este proyecto, porque contradice la voluntad que la presidenta Bachelet ha manifestado públicamente al asegurar el derecho a una educación de calidad para todos, además de poner en duda la efectividad del trabajo de la comisión Asesora.
Además destacó que la propuesta tiene varios déficit que imposibilitan su aprobación. No podemos pensar en mejorar la calidad y equidad de la educación sin considerar el contexto sociocultural de los alumnos, enfocándose sólo en los resultados de pruebas de medición de los conocimientos como el SIMCE.
Si bien el proyecto sobre Subvención Escolar Preferencial constituye un reconocimiento de las condiciones de pobreza y desigualdad en que se encuentra un sector considerable de la población en nuestro país, la vulnerabilidad se concentra en el sistema municipal producto de los cambios introducidos en la década de los 80, con el traspasó a los Municipios de la administración de los establecimientos fiscales.
A juicio del dirigente nacional el mayor aporte no se puede hacer mientras permanezcan los marcos actuales de financiamiento de la educación que ha producido la enorme estratificación, segmentación y desigualdad. El actual sistema permite que haya cinco tipos de escuelas: privadas, privadas subvencionadas con financiamiento compartido, privadas subvencionadas, aquellas administradas por municipios ricos y establecimientos municipales administrados por municipios pobres, realidad que acrecienta las diferencias.
Es por esto que la necesidad de dar más a los que tienen menos, exige que se plantee el debate en torno a la urgencia de reformar la gestión del sistema escolar en su conjunto. En este sentido, se deben fortalecer las facultades legales del Mineduc frente a los sostenedores privados, suprimiendo el derecho al lucro, tal como ocurre en todos los países del mundo donde el Estado financia escuelas privadas.
Santiago de Chile, 15 de junio 2006
Crónica Digital , 0, 130, 18
