‘Claude, señaló que esta empresa ya ha demostrado con largueza que el cuidado del medioambiente es la última de sus preocupaciones.
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El economista agregó que los antecedentes de malas prácticas de CELCO en su planta de Valdivia, donde instaló ductos no contemplados en el proyecto original, mantuvo niveles de producción por sobre los máximos permitidos, tergiversó informes científicos en la Corte Suprema e intentó quebrar la oposición de los pescadores artesanales mediante acuerdos monetarios con sus dirigentes, son pruebas suficientes para no querer ningún tipo de negociación con la empresa, como se ha propuesto en los últimos días.
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Por lo tanto Oceana respetará la autoridad de la comunidad, representada exclusivamente por las agrupaciones ciudadanas creadas en torno a este conflicto, quienes han dicho públicamente que rechazan todo tipo de negociación con CELCO, sea de la índole que fuere, pues no la consideran un interlocutor válido, dijo Claude.
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Antonia Fortt, encargada de la campaña de Contaminación de Oceana, indicó por su parte que este proyecto ha sido una aberración desde el inicio, ya que está instalado en un valle eminentemente agrícola y va a descargar sus residuos industriales líquidos en una costa donde se desarrolla la pesca artesanal. Tanto las emisiones al aire como las emisiones al agua van a degradar los ecosistemas de los cuales subsisten estas actividades y puede contaminar el agua que consumen los propios habitantes de la zona, que se abastecen directamente de pozos sin previo tratamiento.
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Finalmente, la profesional hizo un llamado a la comunidad para apoyar las distintas manifestaciones que se harán este sábado 24 frente a todas las plantas de celulosa del sur de Chile, en rechazo a la instalación de esta industria en nuestro país, en el marco de una movilización internacional que tendrá réplicas en Argentina y Uruguay. Asimismo invitó a sumarse a la marcha por la nacionalización del agua que se realizará mañana a las 12:00 en la Plaza Italia de Santiago.
Santiago de Chile, 23 de junio 2006
Crónica Digital , 0, 195, 16’
Vie Jun 23 , 2006
Al finalizar la dictadura, quienes habían ejercido el poder absoluto desde 1973 evaluaron que para proteger sus intereses necesitaban generar una serie de mecanismos de control que impidieran que las mayorías pudieran cambiar, democráticamente, las políticas que habían implementado sin mayor contrapeso que su propia voluntad. En ese momento resolvieron secuestrar la soberanía popular de todo un país. Decidieron devolver la administración del Estado, pero se guardaron las llaves que le permitirían a la población hacerse con el control de sus propias vidas. Y todo para evitar que ese pueblo, sospechoso de querer subvertirlo todo, vuelva a «usar mal» su libertad. Ya contaban con la Constitución de 1980, que incorporaba una serie de «resguardos institucionales» que impedían su reforma. Pero era necesario clausurar, aún más, los posibles cambios al sistema. De esa forma surgieron las más creativas e impensadas formas de amarre, consagradas en leyes entre octubre de 1988 y el 10 de marzo de 1990. Un amarre para cada tema sensible: La LOCE para la educación, el Sistema Binominal y los nuevos distritos electorales para asegurar la sobre-representación de la derecha y la exclusión de la izquierda, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para garantizar la afectación del 10% de los ingresos de Codelco en beneficio del Ejército, las designación del tribunal constitucional, y un largo etcétera. El año recién pasado, algunos de los más burdos instrumentos del secuestro fueron eliminados: los senadores designados, el amenazador título que se designaba a las FFAA como » garantes de la institucionalidad», la inamovilidad de los comandantes en jefe, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras. Pero estas concesiones se basan en la seguridad que tienen los secuestradores de poder disponer de muchas otras formas de control. Este secuestro constituye el mayor y más apremiante desafío que Chile enfrenta desde su nacimiento como república. En cuatro años más conmemoraremos doscientos años de vida como nación «independiente». Vaya paradoja. El bicentenario nos encontrará secuestrados, despojados de nuestra propia soberanía, sin la capacidad de autodeterminar nuestra forma de vida, de gobierno, de educación, o de implementar las más nimias decisiones sobre nuestros propios asuntos. Es cierto que ningún país, ni tampoco ningún individuo, puede decir que dispone de una libertad total. Todos estamos condicionados en algún aspecto. Pero estar condicionados (es decir, estar afectados por límites estructurales, presupuestarios, o por el hecho mismo de tener que alcanzar los consensos propios de la vida en sociedad) no es sinónimo de estar determinados. Lamentablemente hoy todos y todas estamos determinados por un orden social que no escogimos y que parece eternizarse. Si entendemos de la misma forma este panorama, creo que es lógico entender que estamos ante un desafío nacional, que no admite límites en el bando de quienes estén decididos a reconstruir la auténtica soberanía del pueblo. El martes 20 de junio, Arturo Martínez, presidente de la CUT, encabezó la constitución del frente contra la exclusión política en Chile, formado por los principales líderes de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria. […]
