EL RETORNO DE LAGOS A LA ESCENA POLÍTICA CHILENA

La ceremonia, que tuvo lugar anoche, coincide con una caída brusca en el respaldo a la mandataria Michelle Bachelet, quien junto a los demás ex presidentes de la Concertación Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000), declinaron asistir al evento.

Pero si ese pudiera ser un elemento puramente coyuntural, la fecha escogida no pudo resultar más inoportuna para el ex mandatario, que pretende capitalizar el alto nivel de aprobación con que concluyó su gobierno (2000-2006) en marzo pasado.

Paradójicamente, la mayor parte de los conflictos que ha tenido que enfrentar Bachelet, por lo que se le atribuye la pérdida de casi 18 puntos en las encuestas en los dos últimos meses, provienen de la administración laguista.

A las protestas estudiantiles, la huelga de hambre de mapuches, el desastre de los planes de vivienda populares, la precaria situación de los hospitales, la delincuencia, el hacinamiento carcelario, el fracaso del plan de transporte en la capital, se suman otros descalabros.

Coincidiendo casi con la inauguración, cayó otro emblemático proyecto gestado por su gobierno, el gigantesco puente sobre el Canal de Chacao, y se concretó el procesamiento por fraude de uno de sus más cercanos colaboradores, el subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz.

El primer caso ha puesto a Bachelet en otra difícil situación, especialmente con los vecinos de Chiloé, que ahora acusan a su gobierno de haber contratado a una consultora para revertir el proyecto, cuyo costo se acerca ya a los mil millones de dólares.

Muchos advirtieron hace ocho año que el puente sería más caro de lo presupuestado, que entonces giraba en torno a los 600 millones de dólares, pero el gobierno siguió adelante.

«Tiraron un proyecto camuflado. No era real. Era una expectativa política. No creo que sus consultores hayan sido tan ineficientes como para que dijeran que costaba un tercio», recuerda Renato Cárdenas, historiador chilote.

Otro que entonces se opuso al proyecto, el ex candidato a diputado Mario Contreras, lamenta la enorme cantidad de recursos fiscales que se despilfarraron en su ejecución.

Más de 15 millones de dólares del presupuesto nacional, entre los años 1998 (cuando Lagos era titular del MOP) y 2001 (ya siendo presidente), fueron aprobados por el Congreso Nacional para los estudios previos a la licitación del puente colgante.

También entre 2001 y 2004 se utilizaron cinco millones en estudios financieros. Estas cifras son adicionales a los 10 millones con que el gobierno deberá ahora resarcir a la Sociedad Concesionaria Puente de Chiloé S.A., por los gastos en que incurrió.

La reacción al anuncio del gobierno de cancelar el proyecto ha sido tan fuerte, que la mandataria tuvo terciar en el debate y pedir al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una propuesta alternativa en apenas una semana, a fin de tomar una decisión definitiva.

Coincidiendo además con la fecha de inauguración de la flamante fundación, la jueza que investiga el denominado MOP-GATE, Gloria Ana Chevesich, sometió a proceso al ex subsecretario de Transportes en el gobierno de Lagos, Guillermo Díaz, por delito de fraude al fisco.

Y aunque absolvió en el mismo proceso MOP-GATE -uno de los escándalos de corrupción más sonados desde el fin de la dictadura militar en 1990, al titular de esa cartera Carlos Cruz, la magistrada calificó su conducta como ministro de «inmoral e ilegal».

Si bien Lagos lo niega, muchos de sus ex ministros y colaboradores cercanos insisten en la posibilidad de que vuelva a postularse a la presidencia en los comicios de 2009, para presidir el gobierno durante los emblemáticos actos por el Bicentenario del país, que se conmemora en 2010.

Por: Angel Pino R. El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Chile.

Santiago de Chile, 3 de agosto 2006
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LOS DESAFIOS QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEMANDAN

Jue Ago 3 , 2006
Ahora la única posibilidad de superar los serios problemas de equidad, calidad, segmentación y discriminación que se constatan en nuestra educación, es fortaleciendo el papel del Estado y la de la Educación Pública, para que en nuestro exista efectivamente libertad de enseñanza, pero por sobre todo el derecho a una educación de calidad. Esto significa democratizar el sistema educativo en toda su estructura, modificar la administración, financiamiento y la gestión de los establecimientos educacionales, junto con fortalecer la profesión docente. Es un imperativo entonces derogar la LOCE y reemplazarla por una nueva Ley que considere la educación como un derecho humano de responsabilidad del Estado. El fortalecimiento de la educación pública va más allá del hecho material del derecho a la educación, también contiene la responsabilidad de integrar a los discapacitados en un proyecto educacional y social común, de carácter nacional. La educación regular y la educación especial debe construir estrategias pedagógicas capaces de dar respuesta a las necesidades educativas de cada niño con discapacidad, en todos los niveles y modalidades del sistema. En este plano me parece grave que la política del Mineduc, avance hacia la pérdida de derechos y garantías obtenidas por los discapacitados dentro del sistema educativo. En nombre de la igualdad de oportunidades, se quiere implementar un modelo en el que el niño discapacitado deja de recibir una atención de especialistas, porque ahora recibiría un apoyo en la educación regular de la escuela básica y media. Intentar una Integración de los menores discapacitados en el actual sistema educativo es complejo y puede resultar frustrante, sabemos que la educación que imparten las escuelas regulares no logra satisfacer la demanda de sus propios alumnos. Además, una Integración implementada sobre la base de Proyectos genera inestabilidad al apoyo del menor discapacitado, por lo cual postulo una evaluación de los resultados de los Proyectos de Integración, antes de continuar con ellos. Me preocupa el tratamiento homogéneo que se hace de las distintas discapacidades, por parte del Mineduc, en su “Nueva Política de Educación Especial”, creo que el diseño y la implementación de una política de educación especial debe realizarse sobre la base de propuestas por discapacidad. Desde este punto de vista se justifica plenamente la existencia y el fortalecimiento de las escuelas especiales que atienden las distintas discapacidades. Considero que si la apuesta estratégica del Mineduc es aumentar la cobertura de integración escolar de los discapacitados al sistema regular, en primer lugar, rechazo que los establecimientos regulares se especialicen en la atención de un determinado tipo de discapacidad, ello atenta contra la atención a la diversidad, a la igualdad de oportunidades y profundiza la discriminación. Por: Carlos Cifuentes. El autor es profesor y dirigente nacional del magisterio chileno. Colaborador de Crónica Digital. Santiago de Chile, 3 de agosto 2006 Crónica Digital , 0, 65, 21

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