Chile es el único país de América Latina que no ha firmado el tratado, hay un compromiso programático del gobierno y ya es hora de hacerlo, afirmó el senador Jaime Gazmuri, tras indicar que esa situación afecta la visión del país en el exterior.
El proyecto de reforma constitucional que daría luz verde a la incorporación chilena fue nuevamente pospuesta la pasada semana y el texto remitido a la Comisión de Defensa de la Cámara Alta para que analizara las afectaciones que podría tener a la defensa nacional.
El TPI fue firmado en julio de 1998 en la capital italiana y ha sido ratificado por más de 100 países. Chile también lo suscribió, pero esperaba llegar a un acuerdo con Estados Unidos antes de someterlo al Congreso para tratar de evitar represalias militares.
El gobierno norteamericano exige a las naciones que suscriben el Estatuto de Roma -que crea el TPI- la firma de un acuerdo que excluya a los estadounidenses de ser juzgados por ese tribunal internacional si desean evitar reprimendas en materia de defensa.
Más de 100 naciones se han adherido ya a esa instancia, pero Chile sigue siendo uno de los pocos países de la región que no lo ha hecho por temor a perder la cooperación de Washington en materias de entrenamientos y compras de equipos militares.
Para Gazmuri, sin embargo, las represalias norteamericanas no deberían ser un problema, dado el buen nivel de relaciones que mantienen los gobiernos de ambos países, particularmente en el área de defensa.
«No tenemos puntos particulares o complejos de conflicto o de tensión. Nuestra cooperación en el plano militar también es útil para las dos partes», sostuvo el legislador, quien considera que por esta razón las sanciones serían menos severas de lo previsto.
Señaló que el problema para el gobierno estadounidense es que la materia está regulada por una ley que los obliga a aplicar sanciones, pero Chile ha recibido señales de que la Casa Blanca está por aplicarlas de la manera más sueva posible.
«Ellos saben que no vamos a establecer esa excepción, porque si los derechos humanos tienen espacio universal y el TPI tiene un carácter internacional, no hay ninguna razón para exceptuar a ciudadanos de algún país», sostuvo el senador.
Gazmuri subrayó que en este contexto el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet debe actuar con serenidad y tratar de adaptarse a las consecuencias. «No significará en ningún modo un grave daño para nuestra capacidad defensiva», afirmó.
Tampoco dijo que afectaría el suministro de partes, piezas o repuestos -una de las principales preocupaciones de las autoridades chilenas-, porque eso está cubierto con los contratos.
Chile compró a Estados Unidos 10 aviones cazas F-16 y otros 18 a Holanda del mismo tipo, pero remodelados, que requieren de la aprobación del gobierno norteamericano. También necesita de ese país componentes avanzados para las nuevas unidades de la Armada.
Bachelet insistió la semana pasada que la ratificación del TPI por parte de Chile «es un compromiso del país con los derechos humanos» y que este se hará bajo un marco soberano e independiente.
«Que seamos parte del Tribunal Penal Internacional habla de nuestro compromiso pleno y responsable con la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo», afirmó.
La mandataria enfatizó que la ratificación del convenio «la haremos con una posición como siempre lo ha hecho Chile: soberana e independiente» y descartó presiones de Estados Unidos para evitar que Chile adhiera a este convenio internacional.
Santiago de Chile, 4 de septiembre 2006
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