Mi compañero había sido dado de alta el 21 de agosto pasado de la Clínica San Carlos de Apoquindo, perteneciente a la Universidad Católica, donde quedó hospitalizado el 14 de ese mismo mes bajo la Ley de Urgencia, ya que no existían cupos-camas en el Servicio de Salud Pública.
El cuadro clínico que presentaba mi esposo fue de dos Infartos Cerebrales Bilaterales. La Epicrisis diagnosticó lo siguiente:
1.- AVE Cerebeloso bilateral
2.- AVE Talámico izquierdo
3.- AVE Temporal izquierdo
4.- Ateromatosis difusa Intra/Extra-craneana
5.- Cardiopatía Coronaria
6.- Hipertensión Arterial
7.- Dislipidemia
8.- TACO
Fue sometido a un tratamiento de anticoagulante Neo-Sintrom supervisado en la Clínica de la Universidad Católica de San Joaquín, Lipitor de 40 mg, Enalapril Maleato y Cardioaspirina posología que le fue aplicada rigurosamente hasta el día 4 de septiembre.
Lo que pude ver ese día al llegar a Urgencia al hospital El Salvador, fue que ese día, el servicio estaba colapsado, había alrededor de 200 personas. La joven de uniforme celeste, que controlaba la presión de los pacientes en una sala contigua, con palabras amables trataba de resolver el copamiento de enfermos que seguían ingresando en ambulancias al lugar. Ellos, llegaban en taxis o en otros vehículos, pero al pasar de los minutos, el sistema colapsó. No había suficientes sillas de ruedas para mover desde los automóviles a los pacientes. El caos era total.
En el pasillo del sector de urgencias, había seis camillas con pacientes graves o muy graves. Antes del mediodía, dos Gendarmes entraron con un joven, aproximadamente de 20 años, amarrado con cadenas en muñecas y tobillos. Sus piernas temblaban sin cesar por efecto de secuelas del consumo de drogas.
El profesor Pablo Baeza, cercano a los 65 años, me relató su drama: De sus piernas salía un líquido viscoso que caía sobre el piso en la sala de espera, su presión era muy alta. Así lo pudo constatar la enfermera. Había llegado un poco antes que nosotros y su diabetes insinuaba que podría estar en peligro.
Un joven peruano, Jhony Fernández se había cortado la mano derecha con una galleta en una construcción en el sector de Las Condes. No tenía ni familia ni amigos, era un indocumentado y le habían dado trabajo el día anterior, a través de un contratista.
Una señora con su hija habían sido atropelladas en Avenida Grecia, la señora gravemente herida fue trasladada al interior del Hospital, en tanto su hija le practican diversos exámenes.
También, al igual que mi esposo, habían otras personas que esperaba largamente atención médica. Entre ellas una señora que lloraba tras ver a su compañero que había sufrido también un Infarto Cerebral, al igual que mi Reinaldo.
En mi angustia, recurrí al Ministerio de Salud para conversar con una secretaria de la Ministra Maria Soledad Barría. Ella me derivó a la sección de informaciones y reclamos del Ministerio, donde fuí atendida telefónicamente por la señorita Jacqueline.
Posteriormente, el señor Claudio Fernández que es funcionario de esa repartición ministerial, se comunicó conmigo, diciéndome que se estaba haciendo gestiones para una más rápida atención, dada la situación de riesgo de Reinaldo.
Luego pedí conversar con la Jefa de las Enfermeras del Hospital, la señora Malvina, quien me dijo Esto esta colapsado. No da para más.
Comprendí que me encontraba en medio de una crisis y que me era difícil, éticamente, solicitar premura en la atención para mi esposo, porque habían pacientes que estaban en estado más grave.
Al transcurrir una hora. La Jefa de Enfermera derivó a la sala contigua a mi compañero, donde le tomaron la presión, antes que lo atendiera el Neurólogo.
Cuando el profesional lo atendió, él me llamó la atención porque había concurrido a un sector que no correspondía a mi domicilio, situación que era generalizada ya que llegaban enfermos de diversas comunas, como de Peñalolén, la Reina, de Lo Barnechea y de La Florida, entre otras.
La división territorial en la atención hospitalaria no está asimilada por la población, ni menos se entiende a quienes deben concurrir a los servicios primarios (interconsulta), como antesala para ser derivado a un Hospital.
Dos fuertes dudas me asaltaron en ese momento: ¿y si hay un paciente de urgencia, que vive en Antofagasta o en la comuna de Peñaflor y se encuentra en Santiago y sufren un padecimiento igual o peor que mi esposo? ¿Qué se hace en ese caso? Y la otra duda ¿Quién debe medir el tiempo, en un paciente con riesgo vital, en particular con un accidente vascular?
Alrededor de las cinco de la tarde, mi esposo fue derivado al Instituto Neurocirugía, (el único centro que existe en el país) para tomarle un Scanner. La neurocirujano, al mostrarme la radiografía me dice que por los síntomas del paciente y por protocolo médico, debe ser hospitalizado de inmediato y me derivó nuevamente al Neurólogo.
Volví con mi marido de nuevo a Urgencia para que nos atendiera el profesional. Esperamos largo tiempo la atención del especialista, se produjo cambio de turno, la enfermera vestida de celeste se retiró y se produjo un vacío de tiempo nuevamente. Pero la gente que había llegado antes del mediodía aún permanecía en la sala donde se tomaba la presión.
Intentamos hablar con otros médicos que atendían salas. Tras varias exigencias de mi parte ante los profesionales de la salud del lugar, conversó conmigo y mi hija Romanina el doctor Julio, quien junto a otro médico, me señalaron que de quedar hospitalizado mi compañero se le aplicaría el mismo tratamiento que le fue dado en la Clínica de la Universidad Católica y que era lo mismo que se hiciera en el hospital o su casa.
El doctor Ramón Segovia, diagnosticó Accidente Isquémico Transitorio con Terapia Full, y el tratamiento control neurólogo tratante y control en caso de necesidad, anotado en el papel de alta o comprobante de atención DAU Nº 48666, con fecha 4 de septiembre del 2006, estampando con un timbre azul, Fuera de Sector.
Llevábamos más de nueve horas en urgencia del Hospital El Salvador en espera, interrumpiendo el tratamiento anticoagulante que le suministraban a Rainaldo, además, sin consumir alimento alguno. Mi marido estaba desolado y con un habla torpe se acurruca a mi lado y me dice: Ya no doy más, quiero irme a la casa. Yo y mi hijo, insistimos que debía ser hospitalizado.
En ese momento, tomé conciencia que el colapso en los Servicios Públicos de Salud era generalizado, que mi angustia era la angustia de miles y miles de chilenos que viven a diario éste drama límite. Percibí, que no existía cupo alguno de hospitalización.
Mi hijo Roberto y yo tomamos de los brazos a Reinaldo, que se tambaleaba de un lado a otro y volvimos a casa.
Atrás dejábamos al joven de 20 años amarrado con cadenas en los tobillos y manos acompañado de los dos gendarmes, que siguieron esperando
Al otro día, 5 de septiembre, mi esposo volvió a las 10 de la mañana a tener otra crisis de Parálisis Facial, Pérdida de movimiento de la mano derecha y de las piernas, no se le entendía lo que hablaba.
Llamé a HELP (sistema privado de ambulancia y asistencia médica) solicitando atención urgente, se me contesto que primero debía el paciente ser evaluado por un médico de ese servicio. Concurrió la doctora Denise Lama y al examinarlo determinó que debiera ser llevado de inmediato al Hospital.
Fue traslado al Hospital Clínico de la Universidad Católica de calle Marcoleta, en Santiago, bajo la Ley de Urgencia, ya que es paciente de FONASA. Lo atendió inmediatamente durante tres cuartos de horas el doctor Carlos Oliveira.
Los primeros exámenes que le aplicaron fue una resonancia magnética y el diagnóstico señaló que es otro Infarto al Cerebro y que los Trombos provenían de la Aorta. Reinaldo continúa hospitalizado hasta hoy en ese centro privado de atención médica.
Entiendo que la salud es un derecho a la vida, es un derecho humano que más allá de cualquier Ley, El Estado debe ética y moralmente asumir a plenitud la atención de todos sus ciudadanos y prestar en forma expedida la atención médica inmediata.
Todo ciudadano debe ser respetado en su integridad física y sicológica. Una nación que presta a su gente atenciones médicas y hospitalarias deficientes, no pueden esperar que ellas sean un aporte al desarrollo del país.
Por lo tanto, corresponde que el presupuesto de la nación, más aún cuando son llenadas las arcas fiscales con 20 mil millones de dólares por el precio internacional de la libra de cobre, no nos pueden decir que esos recursos van a ser invertidos en papeles en el exterior.
Esos dineros que son de todos los chilenos y chilenas, deben ser invertidos en la construcción de nuevos hospitales, a la formación de profesionales de la salud, a la dotación de todos los instrumentos médicos de última generación, en ambulancia, camillas, sillas de ruedas, insumos y medicamentos.
Cuanta razón tienen los trabajadores de la salud, de poner en el centro del debate nacional, a través de sus movilizaciones, las exigencias a reformas profundas al Sistema de la Salud Pública.
No debemos ir a discutir si el aporte al gasto social es un 12, 14 ó 9 por ciento. La inversión en el presupuesto nacional debe ser destinada al gasto social, esto tiene que ver con la vida y la sobrevivencia de nuestro país como nación soberana, civilizada, democrática y humana.
Por: MIREYA BALTRA M. EX MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE. MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE CRONICA DIGITAL
Santiago de Chile, 9 de Septiembre de 2006.
Crónica Digital
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